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Abolición de legislación anticorrupción

Es algo sin precedentes en la historia del proyecto de la Unión Europea, que un país miembro decida abolir el grueso de su legislación anticorrupción.

Desde los tiempos del fin del comunismo, por allá en 1989, no se veían en Rumania unas manifestaciones tan importantes como las que están teniendo lugar en Bucarest y otras 30 ciudades rumanas.

El motivo de la protesta tiene que ver con los cambios en la legislación anticorrupción. Mediante un decreto, el gobierno socialista rumano, de manera muy discreta, aprobó esta semana la despenalización de los delitos de corrupción administrativa.

Los detalles del contenido del decreto fueron redactados de tal manera que, Liviu Dragnea, presidente del partido oficialista PSD, pueda escapar de la sentencia por los delitos de empleo ficticio que pesan en su contra.

Una decisión gubernamental que los ciudadanos no lucen dispuestos a aceptar al tiempo que la opinión pública rumana es cada vez más exigente con la necesaria y ejemplar transparencia que deben tener los políticos.

En el 2007, cuando Rumania ingresó a la Unión Europea, una de las principales condiciones era que dicha nación debía luchar contra la corrupción. Pero basta con echarle un vistazo a la prensa rumana y leer los informes de la ONG Initiativa Romania para medir la amplitud del fenómeno de la corrupción en dicha nación.

Después de la caída del comunismo, la élite política rumana se cree todo permitido, dijo el director del diario el “Correo de los Balkanes”, lo cual llevó a que en el último ranking de Transparency International Rumanía quedara en el puesto 57, justo por encima de Cuba.

Es por ello que la escandalosa suerte de amnistía a los crímenes por corrupción que intentan imponer los socialistas rumanos ha provocado protestas y manifestaciones excepcionales en todo el país con la participación de cientos de miles de rumanos. “Ya era tiempo de que la gente despertara y dejara de aceptar tanto abuso”, decían los manifestantes el martes pasado en Bucarest. Toda una indignación ciudadana contra el PSD ganador de las últimas elecciones y que de la noche a la mañana decidió modificar el Código Penal.

Esta cólera contagió a algunos ministros que enseguida anunciaron sus renuncias. No obstante, el gobierno rumano hizo saber que no echará para atrás su decisión. Así las cosas. Que un país miembro de la Unión Europea decida de un plumazo abolir el grueso de su propia legislación anticorrupción es algo sin precedentes en la historia del proyecto europeo.

Justo cuando ocurre el Brexit y cuando el tratado de Maastricht cumple 25 años, a la Unión Europea no le hacían falta historias de sedición democrática entre sus miembros. Así como tampoco son favorables los vientos que soplan contra la Unión Europea, desde la llegada de Trump al poder y el afianzamiento de Putin en Rusia.

@ldelion

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