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“El gobierno teme hacer elecciones”

Cartagena, 02 de marzo de 2017

Compañero Presidente

Compañeros miembros del Presidium

Compañero Secretario General

Estimados compañeros delegados:

DESDE hace varios años, en todos los eventos de nuestra Internacional Socialista, los partidos venezolanos miembros -Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo-, hemos venido denunciando la crítica situación política, económica y social por la que viene atravesando nuestro país desde, hace 18 años, el advenimiento del régimen del expresidente Hugo Chávez hasta el presidente Nicolás Maduro, su continuación agravada.

En todo este penoso lapso, hemos contado con la solidaridad y el apoyo de la Internacional Socialista, expresada en sucesivos acuerdos aprobados en sus eventos mundiales y regionales. La grave situación por la que atraviesa nuestro país no es simplemente un asunto nacional de Venezuela sino que se ha convertido en un problema que afecta a la totalidad de la región y acaso mucho más trascendente hasta convertirse en tema mundial. Además de nuestra Internacional Socialista, organizaciones como las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Organización de Estados Americanos y UNASUR han expresado su preocupación por lo que se ha dado en denominar el Caso Venezuela.

Como una de las dos notabilísimas excepciones de Latinoamérica, el régimen venezolano viola sistemáticamente la Constitución, el Estado de derecho, incluidos los derechos humanos, la libertad de expresión, la separación de poderes y el derecho al sufragio.

En Venezuela hay más de 130 presos por razones políticas, entre ellos Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, miembro de esta Internacional, y de Antonio Ledezma, de la socialdemócrata Alianza Bravo Pueblo, alcalde metropolitano de Caracas. En estos y todos los demás casos se viola el debido proceso y se encarcela sin pruebas a los disidentes, en base a procesos policiales y judiciales amañados que han hecho escándalo internacional. Todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, Judicial, el Electoral y el Contralor, están al servicio partidista del régimen, excepción hecha del Poder Legislativo representado en la Asamblea Nacional electa en los comicios del 6 de diciembre de 2015, con abrumadora mayoría opositora, cuyas funciones el régimen niega y obstruye sistemática e inconstitucionalmente valiéndose de la intromisión de otros poderes del Estado. El Gobierno retiene el presupuesto de la Asamblea Nacional privándola totalmente de recursos para evitar el cumplimiento de sus funciones y mantiene a su alrededor grupos violentos que dificultan el ingreso y el egreso al recinto palamentario de diputados, personal de empleados y obreros, y comunicadores sociales. Los diputados no cobran sus emolumentos desde hace seis meses. Varios parlamentarios somos objeto de demandas gubernamentales en tribunales civiles y militares, y pesan sobre nosotros investigaciones de órganos administrativos, y amenazas constantes de inhabilitación y prisión. El Gobierno ha llegado al extremo de anular el pasaporte a diputados miembros de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional que han acudido a organismos internacionales para denunciar la situación venezolana.

La libertad de expresión sufre constantes violaciones y presiones por parte del gobierno, que tiene el monopolio del papel y controla su entrega de manera discriminatoria a través de un organismo oficial. Numerosos medios impresos han dejado de circular. Editores de importantísimos medios de comunicación están exiliados y perseguidos judicialmente. Formando parte de la Delegación de Acción Democrática está con nosotros el periodista Rafael Poleo, exiliado en los Estados Unidos, editor del diario “El Nuevo País”, con 29 años de antigüedad y la revista “Zeta”, con 44 años de circulación semanal ininterrumpida, ambos medios ahora con tiraje mínimo por falta de papel. También se hallan exiliados Miguel Henrique Otero, editor de “El Nacional”, uno de los más antiguos e importantes diarios del país, y el periodista Alberto Federico Ravel, del influyente portal “La Patilla”. Las pocas emisoras de radio y televisoras que no son propiedad del Gobierno se hallan bajo permanente acoso de CONATEL, organismo gubernamental que aplica sobre ellos diferentes mecanismos de coacción para mediatizar y censurar la información veraz y oportuna establecida en la Constitución.

En Venezuela hay crisis humanitaria y el Gobierno se niega a reconocerla. El espectáculo patético de una hambruna con personas hurgando permanentemente en depósitos de basura en busca de comida, así como las muertes de personas de todas las edades por falta de medicamentos, son noticia que rueda mundialmente para vergüenza nacional. Las filas interminables frente a los expendios de alimentos, para adquirir los escasos productos de primera necesidad a precios exorbitantes, forman parte del paisaje nacional. El aumento de los niveles de pobreza crítica escandalizan dentro y fuera de nuestro país. No obstante contar con las reservas petrolíferas más altas del planeta y de inimaginables riquezas minerales, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y es el único país de la región que según todos los indicadores experimentará este año un decrecimiento de su Producto Interno del orden del 4,5%. El aparato productivo está en bancarrota. Venezuela importa cerca del 70% de todo cuanto consume. La devaluación acumulada en los últimos 15 años asciende a más de 15.000%. Todos los servicios públicos: salud, educación, seguridad, electricidad y agua potable están colapsados. Venezuela se ha convertido en uno de los países más peligrosos y violentos del mundo. Cerca de 30.000 venezolanos, en su mayoria jovenes, fueron asesinados en el 2016, así como en su gran mayoría jóvenes son los más de 2 millones de venezolanos que han emigrado al exterior por falta de oportunidades.

El Gobierno impide que se consulte al pueblo porque teme hacer elecciones que sabe perdidas. Hace poco tiempo, valido de su control del Poder Judicial y del Consejo Nacional Electoral, suspendió la celebración del referendo revocatorio presidencial promovido por la oposición después de superar requisitos paralegales inventados por las autoridades.

Todas las encuestas de opinión señalaban un repudio hacia el presidente de cerca del 80% y un intención de alrededor del 70% para revocarlo. El Gobierno ha diferido tentativamente para junio de 2017 las elecciones de gobernadores que constitucionalmente han debido celebrarse en diciembre de 2016. El órgano electoral amenaza con nuevos diferimientos, pues ha inventado que antes de esas elecciones todos los partidos políticos deben renovar la nómina de sus militantes, para lo cual ha implementado un mecanismo de tal complejidad que hace casi imposible que los partidos puedan legalizarse.

Todo indica que el Gobierno se propone hacer elecciones sin partidos y candidatos opositores. Esta es, en síntesis muy apretada, la situación crítica por la cual atraviesa Venezuela.

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Henry Ramos Allup

Político y abogado. Secretario General del partido venezolano Acción Democrática. Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, de la cual fue presidente en el periodo 2016-2017. Vicepresidente de la Internacional Socialista.

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