Opinión

El Régimen comete un fraude constitucional al convocar una Asamblea Nacional Constituyente

La Constituyente de la que habla el presidente Maduro no está convocada por el pueblo, por eso no puede realizarse constitucionalmente. De conformidad con el Artículo 347 de la Constitución, es el pueblo como depositario del poder constituyente originario, el que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En todo el texto de la Constitución esa atribución no se le da a nadie más. El derecho público es de interpretación restrictiva y ningún intérprete puede ir en contra de lo expresamente dispuesto por la Carta Magna. Por tanto, tratar de sustituir al pueblo como convocante constituye una usurpación. En tal sentido el Artículo 25 de la Constitución dispone textualmente: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores”.

De manera clara, la Constitución trata por separado la convocatoria en su Artículo 347 y la iniciativa en su Artículo 348 en el cual, entre otros, autoriza al Presidente para ejercerla en el sentido de promover la consulta al pueblo de manera previa sobre si está de acuerdo o no en convocarla como titular que es de esa atribución.

El 25 de abril de 1999 el pueblo venezolano aprobó en referendo la convocatoria de la Constituyente que se realizó ese año, a pesar de que la Constitución de 1961 no contenía ninguna previsión en esa materia. Hoy, cuando la Constitución vigente sí establece claramente quién la puede convocar, es un evidente fraude constitucional intentar realizarla usurpando la condición de convocante. En 1999 las bases de la convocatoria a la Constituyente fueron publicadas en la Gaceta Oficial No. 36.669 del 25 de marzo de ese año para que cuando el pueblo se pronunciara en abril las conociera y las aprobara o no de acuerdo a su libre criterio.Las bases comiciales que hoy se pretenden imponer a través de la represión y la muerte a quienes nos oponemos, niegan la universalidad del derecho a votar, y que todos los votos que se emitan valen igual en cualquier parte del país. La trampa, en el fondo, es elegir una supuesta Constituyente y acogerse a lo dispuesto en el Artículo 349 de la Carta Magna, de acuerdo al cual “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.

En consecuencia, quienes creemos en la libertad y estamos dispuestos a luchar por ella, independientemente  de que formemos parte de la MUD, del chavismo crítico o de los independientes que aspiran a un mejor futuro con desarrollo económico estable, en paz y libertad, tenemos el deber ético, político e histórico de impedir por todas las vías constitucionales la realización de esta Constituyente ultrajante para la dignidad nacional.

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