Venezuela

La invasión del hogar es práctica común en un país comunista

 

Entre las conquistas de la civilización, una de las más importantes es la inviolabilidad del hogar. En la más antigua civilización del norte de Europa, la de los bálticos, una antiquísima norma pautaba la pena de muerte por la intrusión violenta en un hogar.

Mucho más tarde, Inglaterra incluyó formalmente en el año 1628, a través del jurista Edward Coke, el derecho a la inviolabilidad del hogar. Los ingleses la interpretaron comúnmente con la frase “my home is my castle” – mi hogar es mi castillo, en el sentido de una fortaleza cerrada a los intrusos. De hecho, Coke se apoyó en algo anterior, el derecho romano que estipulaba “et domus sua cuique est tutissimum refugium” por considerar que el hogar es un refugio inviolable, norma que se mantuvo bastante estable durante toda la Edad Media, cuando la acopló y a veces sustituyó la Iglesia. En la jurisdicción moderna ninguna autoridad puede violentar una vivienda sin una orden judicial, emitida por un juez.

En la Historia contemporánea, el único sistema que nunca respetó esa norma universal, han sido los estados comunistas, por considerar que ningún ciudadano tiene derechos salvo los que le concede la revolución, que a su vez, supedita todo los derechos o su ausencia, a sus requerimientos políticos. De modo que sería el sistema cubano el que mueve a los cuerpos de seguridad (y los “colectivos”) venezolanos, a no respetar la inviolabilidad del hogar.

En fecha reciente, la primera vez que el mundo observó atónito en un país latinoamericano la irrupción violenta y destrucción de un centenar de hogares por la Guardia Nacional Bolivariana, ocurrió en agosto de 2015, con el agravante de haber marcado previamente, las viviendas de colombianos en la región de San Antonio, con las letras D y R, señal para su invasión y destrucción, en asombrosa imitación de la forma en que la Alemania nazi previamente marcaba las viviendas y negocios de los judíos.

Tan grave ha sido esta acción de la Guardia Nacional, que actualmente cursa contra Nicolás Maduro en Cúcuta una demanda donde se le considera despojado legalmente de la presidencia y por lo tanto, sujeto a detención para responder por el delito contra el millar de colombianos que fueron invadidos y desalojados de sus viviendas en esa oportunidad, (ver “Panorama político” en esta misma revista).

Si en Cúcuta ya hay una demanda, ¡cómo serán las que inevitablemente terminarán en Venezuela, por las intrusiones sin orden judicial en viviendas de edificios en Caracas (El Paraiso, La Candelaria y La Vega) y en diversos sitios del país, como ya ocurrió en Mérida y en Carabobo! La intrusión en los apartamentos, fuese por la fuerza o por engaño, es delito. El hecho de que se repita en un gran número de lugares y por el mismo motivo, permite catalogarlo como un crimen de lesa humanidad por tratarse de “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”, en este caso con el agravante de la violación del hogar. Fórmula que hasta permitiría agregar lo ocurrido en todos esos apartamentos a lo que ya fue presentado contra el actual gobierno de Venezuela ante el tribunal penal de La Haya como delitos de lesa humanidad. Esperemos que la Fiscalía, en su labor, defina los nombres de los funcionarios que permitieron en cada caso, la intrusión en  los hogares sin orden judicial.

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Jurate Rosales

Directora de la Revista Zeta, columnista en El Nuevo País con la sección Ventana al Mundo. Miembro del Grupo Editorial Poleo.

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