Opinión

Urge un gran acuerdo nacional para combatir la crisis institucional y empezar la reconstitución

Una situación delincuencial como la que sufrimos los venezolanos bajo el régimen castrochavista es más grave cuando está salpicando a los más altos niveles del Estado. La crisis repercute negativamente en todo el sistema de seguridad pública y en la administración de justicia. En cuanto a la inseguridad, es doblemente grave cuando los órganos públicos defienden primero al Régimen antes que al ciudadano afectado. En cuanto a los cuerpos que administran la justicia, su demostrada sumisión al Régimen los hace ineficaces para sancionar los delitos que cometen funcionarios policiales que combaten en forma violenta demostraciones pacíficas, usando armas largas para  asesinar a ciudadanos indefensos.

Es inaceptable que hasta ministros, quienes frente a comprobadas irregularidades de funcionarios a su cargo, en lugar de aplicar inmediatamente medidas correctivas, formulan, como para salvar la cara, declaraciones denunciando como si estos asuntos no tuvieran que ver con su desempeño.

Prueba de esta profunda crisis es la archisufrida quiebra del socialismo del siglo XXI -principal bandera del Régimen- pues, como han definido analistas de primer orden, ese proyecto chavista se hunde en el pantano de la corrupción así como por la destrucción del aparato productivo nacional. Esto ha arrastrado al Régimen, ya que condena al país a ser más dependiente del declinante ingreso petrolero debido al desastre causado a la principal empresa del Estado, Pdvsa, por una gerencia incapaz plagada de corrupción, así como a todas las demás empresas administradas por incompetentes puestos por el Régimen.

En cuanto a la posición asumida por el Presidente de  la República de convocar una Constituyente, debemos actuar en consecuencia, pues uno de los principales objetivos será eliminar los artículos 333 y 350 de la Constitución para “liberarse” de esos obstáculos que le impiden ilegalizar los movimientos populares que hoy se movilizan por una salida a la grave situación del país. Por eso tenemos -los demócratas- que oponernos usando esos legítimos derechos.

Para combatir la crisis institucional es indispensable alcanzar un nuevo acuerdo nacional para la reconstitución, defensa y funcionamiento de la democracia representativa, incluso volviendo al sistema bicameral para que la población esté representada en el Congreso por una Cámara de Diputados integrada por sus representantes elegidos con base al número de electores, así como por una Cámara de Senadores elegidos con base al número de las regiones.

El comportamiento del Régimen es considerar como adversarios a quienes se le oponen y hay que vencer eso a toda costa. En cambio, los demócratas queremos volver al gobierno civilista, el cual considera que con sus oponentes se debe dialogar.

No estamos entre demócratas, sino ante un Régimen que pretende imponer su modelo, fracasado en todos los países que intentaron imponerlo.

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