Constituyente no resuelve la crisis sino burla decisión popular

La Constituyente no tiene como objetivo resolver la crisis sin precedentes en la historia de Venezuela sino burlar la decisión popular al cercenarle todos los espacios a la disidencia.

El diccionario trae esta definición de «legítimo»: “lo que es conforme a la ley o basado en ella”. Muchas de las crisis que padecemos tienen que ver con la adecuación de lo que hacemos con la norma que rige dichos actos. La infidelidad es contraria a la confianza puesta por el otro; la mentira rompe la igualdad entre las partes; la corrupción abre la brecha al aprovechamiento de quien más puede sobre el indefenso. Esto sucede en las sociedades. Por ello, el desarrollo de las democracias pone el termómetro de la balanza en el poder originario del pueblo, quien, pacífica, constitucional y fraternamente, decide el comportamiento de quienes ejercen el poder. Todo intento de permanencia indebida en el poder burlando la decisión popular le quita el piso de sustentación que debe tener todo poder constituido.

En estos años y de forma más acelerada en los últimos meses asistimos a una progresiva desinstitucionalización del Estado y la sociedad. La balanza entre los poderes públicos, principalmente entre el ejecutivo y legislativo, es garantía de un equilibrio necesario para que la tentación del abuso al margen del bien general no desdibuje la democracia convirtiéndola en una dictadura. La creciente escasez de alimentos, medicinas, atención sanitaria, “selección” para encontrar empleo, abrir una empresa o tener acceso a bienes y servicios, el resguardo en los órganos del orden y seguridad que deben estar al servicio de las personas se ha diluido en argumentaciones que solo favorecen al poder.

Las ideologías cuando se imponen por la fuerza generan una parálisis del aparato social. El documento que nos identifica es la cédula de identidad. Inventar otros documentos o carnets, exigir afiliación a un partido, amenazar con sanciones, es inmoral y rompe las normas que dan valor a la legitimidad.

Son muchos los ejemplos recientes: el desconocimiento sistemático de la Asamblea Nacional como poder público legítimo representante de la voluntad popular indica que el gobierno no admite que lo controlen; la negación al derecho constitucional de celebrar el referendo y las elecciones regionales quedan al descubierto cuando la sociedad -casi sin recursos- hace una consulta popular con acogida masiva. Conatel prohibió que los medios informaran anunciando medidas a quienes no acataran; en cambio, había que dar razón del simulacro. La información oficial ignoró lo que buena parte de la población llevó a cabo. Cabe preguntarse al servicio de quién están los servicios públicos. Los venezolanos heridos, muertos o presos en condiciones infrahumanas evidencian que la dignidad de la vida no importa.

La convocatoria a una Constituyente para darse un nuevo estatuto que restrinja más lo que el pueblo puede hacer, es señal de que no hay espacio para la disidencia. No somos un cuartel para obedecer órdenes. Somos ciudadanos para quienes la libertad y pluralidad son parte del bienestar necesario para aportar lo mejor al bien común. Que la sensatez supere al odio, y la racionalidad al fanatismo que nos tiene sumidos en este lodazal. Que la constancia y esperanza, pacífica pero firme, abra cauces para una convivencia en la que quepamos todos.

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