El Nuevo País .

El orden público y el poder electoral están fragmentados

El cardenal Baltazar Porras, quien es Arzobispo de  la Arquidiócesis de Mérida, sostiene que los órganos de justicia así como del orden público y del poder electoral se han fracturado de un modo inconcebible.

Cuando la conducta humana no se guía por principios sólidos, compartidos y admitidos por la colectividad se entra en el campo de la delincuencia. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley que le entregó Yahvé en el monte del desierto significó que quien obrara fuera de ese marco debía ser considerado detractor y por tanto castigado. Los diez mandamientos son una ética de mínimos que permita la convivencia pacífica, el respeto mutuo y una real igualdad entre todos los miembros de aquella sociedad. Exigir o poner como norma no matar, no mentir, no levantar falso testimonio, es un código de comportamiento normal para que unos pocos no aplasten a los demás.

Vivimos un proceso constituyente viciado. Así como en el antiguo testamento la ley venía de lo alto, de Yahvé, en las sociedades modernas, la ley viene del poder originario que reside en el pueblo y es el que le da vigencia y valor. En nuestro caso, han sido de tal magnitud las fallas que convierten la Constituyente en una reunión de una parcialidad.

Es ilegal lo que se hace fuera del marco constitucional. Son muchos los ejemplos que ponen en evidencia la ilegalidad, desde la convocatoria hasta la proclamación de los resultados. Al no convocar al poder originario para que apruebe o desapruebe un proceso constituyente con especificaciones claras de cuáles son sus competencias, todo lo que de allí sigue está viciado.

Hay que sumar los pasos posteriores. Se diseñó un esquema eleccionario parcial para favorecer una sola opción, con categorías desconocidas o fuera del marco legal, con criterios poco comprobables, que lo convierte en algo inadmisible. La complicidad del poder electoral y del alto tribunal de la república, aprobando de manera exprés cuanto era presentado por el ejecutivo, ponen en evidencia que se estaba jugando a la manipulación y al fraude.

Lo peor, el desconocimiento del clamor popular para que dicho proceso no se llevara adelante, trajo el uso indiscriminado de la fuerza, el amedrentamiento, la represión, la encarcelación sin cumplir con lo mandado por la ley para irrumpir en la propiedad privada, o conducir a calabozos desconocidos y someter a la justicia militar sin más requisito que el de los hechos consumados, es actuar con la ley de la selva. Lo más grave es el número de muertos habidos en estos tres meses.

Por último, hemos presenciado una capacidad increíble para la manipulación y la mentira. La credibilidad y confianza en los órganos de justicia, de orden público y del poder electoral se resquebrajaron a niveles impensables. El manejo de cifras irreales no soportaría un sencillo proceso de auditoría. Por eso estamos ante una realidad ilegal, inmoral, ilegítima que no obliga en conciencia. Todos sus actos son irrelevantes y de tratar de imponerlos a la fuerza generarán una conflictividad mayor que la que hemos vivido. Ser capaces de construir una sociedad en la que quepamos todos, con respeto mutuo y cartas claras es el reto que tenemos por delante. Si no se oye el clamor del pueblo, cualquier ideología nos conduce a la violencia y la muerte. Nunca es tarde para rectificar y poner la balanza donde debe estar: en la voluntad soberana del pueblo.

 

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