El Nuevo País .

Estados Unidos ha resuelto tomar medidas no autorizadas por la ONU

Créditos de la Imagen: Agencias

Estados Unidos no puede tomar medidas de presión política y económica que no estén autorizadas por la Organización de Estados Americanos (ONU), manifiesta el sociólogo Leopoldo Puchi.

Entre Estados Unidos y Venezuela no existen litigios territoriales  ni comerciales, lo que es por lo general la causa principal de graves conflictos. Por supuesto, existen visiones distintas sobre políticas públicas en materias como la económica, social y ambiental o sobre la forma de funcionamiento de las instituciones de cada uno de los Estados, pero estas diferencias no pueden ser consideradas como causantes de situaciones conflictivas, como lo demuestra la historia y el hecho mismo de que  estos países tienen relaciones cordiales con Estados de distinto signo, bien sea Arabia Saudita, El Salvador o Vietnam.

Por supuesto, está en la conveniencia de Estados Unidos que Venezuela, por su ubicación geográfica y sus riquezas naturales, haga parte de su dispositivo geopolítico. Sin embargo, el interés venezolano no es el mismo, pues le interesa desarrollarse como país autónomo e independiente. La diferencia sobre este punto es la razón de la actual disputa, aunque esta tensión pudiera encauzarse hacia la convivencia por medio de mecanismos de cooperación.

Ahora bien, en este momento Washington no admite la separación de Venezuela de su dispositivo geopolítico, a pesar de que estamos en una etapa histórica distinta a la Guerra Fría. Por ese motivo geopolítico Estados Unidos se ha propuesto ocupar directamente funciones propias del Estado venezolano, como lo indica la decisión de 2014 de aprobar en el Congreso estadounidense una “Ley de protección de los derechos de los venezolanos”, lo que contraviene el principio elemental según el cual población y territorio están bajo la  soberanía única del Estado de cada país.

No hay normativa internacional vigente que permita esta actuación, bajo ningún argumento. Es un asunto tan grave como sería el caso si el Congreso de Colombia aprobara una Ley de protección de las costas venezolanas o la Asamblea venezolana aprobara una ley de protección de los trabajadores argentinos. Este tipo de hechos, se traduzcan o no en actos materiales concretos, es causante automático de litigios y conflictos en cualquier parte del mundo.

Ahora hemos llegado al punto extremo en el que el presidente de Estados Unidos ha resuelto tomar medidas de presión política y económica no autorizadas por la ONU, y ha amenazado con una intervención de sus fuerzas militares con el fin de obligar a Venezuela a tomar decisiones internas de carácter político e institucional distintas a las aprobadas por su propio Estado.

Sólo cuando existían los protectorados o territorios dados en fideicomiso por la ONU podían admitirse estas actuaciones. Pero Venezuela no tiene la condición de protectorado o fideicomiso, por lo que Estados Unidos está en la obligación de revertir la ley señalada, dejar de lado las medidas de embargo comercial, no amenazar más con el uso de la fuerza y pasar a un esquema de diálogo para superar la situación. Las relaciones entre Estados se rigen por leyes que deben ser respetadas.

 

 

 

 

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