En el país hay una dictadura asustada que se radicaliza fingiendo no tener miedo

La Constituyente usurpa funciones de la Asamblea Nacional al arrogarse la facultad de autorizar contratos y operaciones de crédito público violando la Constitución.

En el país hay una dictadura asustada que se radicaliza para aparentar que no tiene miedo, es decir, huye hacia delante. Tanto desde el espacio interno como desde el internacional, le apuntan varias espadas de Damocles, valga el lugar común. Ha preferido disimular que le tiemblan las piernas, y, sin atisbar el fin que se acerca, acrecienta sus desafueros y sus atentados contra la Constitución. El TSJ, especialmente la Sala Constitucional, ha venido arrastrando el Estado de Derecho y la democracia, con más de 50 sentencias y dictámenes, al paredón de fusilamiento. A la tenebrosa tarea se ha sumado ahora, desde que se instaló el 4 de agosto, un engendro ilegítimo mal llamado Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, gracias al fraude, nació con el defecto de fábrica de autoridad usurpada.

Según el artículo 347 de nuestra Carta Magna, el objeto de la ANC es “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, y lo que a este respecto decida es intangible para los poderes constituidos. A eso, y no a qué pueda hacer lo que le venga en gana, es que se refiere el artículo 349 cuando dispone que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Es obvio que mientras no se apruebe y se promulgue la nueva Constitución, sigue vigente la Constitución anterior, en este caso la Constitución de 1999, y a ella debe atenerse la ANC.

Con absoluto desconocimiento del artículo 279 de la Constitución, que establece que los integrantes del Poder Ciudadano  -el o la Fiscal General es uno de ellos- “serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional”, la ANC destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y, lo que es peor, el 18 de agosto acaba de asestar el golpe magno inconstitucional de asumir la función de legislar que, de conformidad con el artículo 187, es de la competencia de la Asamblea Nacional. De ese modo, se reeditaron o resucitaron las sentencias 155 y 156, de fines de marzo, de la Sala Constitucional del TSJ, parcialmente corregidas en aquel entonces.

Algo también muy importante que hay que destacar es que la ANC usurpa funciones de la Asamblea Nacional porque considera necesario garantizar y preservar “el sistema económico y financiero”, arrogándose, entre otras, la facultad de autorizar contratos y operaciones de crédito público, en flagrante violación de la Constitución y leyes de la nación. Cree así la dictadura que puede salvar la resistencia que hay en los mercados financieros internacionales para celebrar los actos mencionados sin la aprobación de la Asamblea Nacional, la cual formalmente no se atrevió a disolver. No se percatan los gerifaltes que han asalto el poder que los mercados internacionales no se dejan embaucar con engaños baratos para mermar fácilmente sus exigencias en sus negociaciones y tratos financieros. El ansiado flujo de divisas que se requiere para salir de la crisis, ahora se ha puesto más lejos.

Huyendo hacia delante, la dictadura se dio un autogol.

 

Relacionados: