El Nuevo País .

CONSTITUCIÓN VIGENTE

La ilegítima asamblea nacional constituyente, usurpando la función legislativa, está ejecutando acciones de represión y persecución que vulneran los derechos humanos y la libre expresión consagrados en la Constitución.

A través de la asamblea nacional constituyente convocada y electa de manera ilegítima y fraudulenta en violación a la soberanía popular, el régimen de Nicolás Maduro establece una dictadura. El carácter absoluto e ilimitado de esta ilegítima asamblea nacional constituyente fue declarado por ésta en las normas para “garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos”.

Así ha asumido poderes supraconstitucionales, subordina a todos los poderes públicos y se coloca por encima de la Constitución de 1999 y derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

De haber sido convocada y electa de manera legítima, esta asamblea constituyente solo hubiese estado facultada para dictar una nueva Constitución, pero no hubiese podido concentrar todos los poderes del Estado, como ha demostrado en los hechos el fin de la Constituyente: instaurar una dictadura.

La ilegítima asamblea nacional constituyente ha usurpado la función legislativa, al dictar una supuesta Ley que crea la “Comisión de la Verdad”, instancia que solo busca perseguir políticamente, así como una “Ley contra crímenes de odio”, que solo busca reprimir derechos humanos y la libre expresión garantizada en la Constitución aprobada en 1999 y ratificada en 2007.

Como se observó en el enjuiciamiento del diputado Ferrer, a pesar de que, conforme al artículo 200 constitucional, esa autorización solo puede ser emitida por la Asamblea Nacional. Estas actuaciones son parte de la represión política iniciada en contra de la fiscal Luisa Ortega Díaz, esposa del diputado Ferrer, quien ha denunciado reiteradamente la ruptura del orden constitucional.

Con todas esas actuaciones, la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente derogó, por la fuerza de los hechos, la Constitución de 1999, en tanto ésta mantendrá vigencia solo en la medida en que no contradiga las decisiones de tal asamblea.

Quienes luchamos por un cambio logramos que el mundo entendiera y asumiera la fase dictatorial que estamos viviendo en Venezuela. Así lo han señalado más de 45 países que desconocen el fraude constituyente. Esa presión internacional debe continuar junto a la presión de un pueblo que vive la más dura de las crisis económicas y exige la construcción de una salida democrática y la vigencia de la Constitución.

Borgesjulio2015@gmail.com

 

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