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Constitución Art. 138: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

El presidente de la Comisión Ordinaria de Legislación de la Asamblea Nacional Omar Barboza aclara que, según la Constitución, las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente no podrán “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

La Constitución de 1961, vigente para el momento en el cual se realizó la Constituyente que aprobó la de 1999, no tenía prevista la vía Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Por eso su justificación y fundamento estuvo basada en interpretaciones doctrinarias y en decisiones judiciales que le dieron a esa Constituyente el carácter de poder originario y plenipotenciario en relación a los poderes constituidos, para cuya actuación se consultó previamente al pueblo; y, una vez aprobada la Constitución por esa Constituyente de 1999, se sometió su aprobación a la voluntad popular.

Pero resulta que esa Constituyente y la voluntad del pueblo al aprobar la vigente Constitución de 1999 sí estableció en sus artículos que van del 347 al 350 las normas a las cuales debe someterse una Asamblea Nacional Constituyente de origen legítimo y electa transparentemente. Siendo el derecho público de interpretación restrictiva, ya sus actuaciones no dependen de interpretaciones doctrinarias o filosóficas, sino de la letra de la Constitución. Al efecto, es oportuno citar su Artículo 7 que establece: “la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Una conclusión muy importante que se deriva del texto de su Artículo 347, es que precisa algo esencial para este análisis y es que “…el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” con lo cual se desarrolla lo establecido en su Artículo 5 que dispone: “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; es decir, ninguna persona u órgano puede actuar como “poder originario” sin usurpar el derecho del pueblo de Venezuela. En tal sentido, procede citar su Artículo 138: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”,  lo cual es consistente con lo dispuesto en el Artículo 25 de la misma Constitución: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo”.

Partiendo del hecho de que la Constituyente no suspende la vigencia de la Constitución de 1999, sino que existe porque está contemplada en ella, debemos analizar el contenido del Artículo 347, al disponer que el pueblo “puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Y contrastarlo con lo dispuesto en el Artículo 349, que dispone que “El Presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente…” De este Artículo se desprende que los poderes constituidos siguen existiendo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y si bien es cierto que no podrán impedir las decisiones de la Constituyente, es evidente que esas decisiones deben estar enmarcadas dentro del objeto que la Constitución le establece, o sea, “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

 

 

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