El Nuevo País .

ANC es un aquelarre usurpador de la soberanía nacional

Créditos de la Imagen: Agencias

La Asamblea Nacional Constituyente decretó una ley inquisitorial que usará como instrumento de persecución política contra actores por eventos cometidos desde 1999.

La llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es un aquelarre usurpador de la soberanía nacional, donde todo lo que no se apruebe por unanimidad, al mejor estilo totalitario, está prohibido. Allí se ha refugiado la barbarie programada por Maduro y su camarilla en su celada contra la democracia que, de prolongarse más, oscurecería el porvenir de los venezolanos. Allí se recitan odas a la confrontación y denuestos a los disidentes políticos.

En el vientre del fraudulento engendro se construyen para trepar hacia el tope más alto del andamiaje dictatorial. El propósito es racionar las libertades democráticas hasta abolirlas y negarle a la justicia el más mínimo albergue. Lo que pasa en Venezuela prendió la alarma internacional.

La ONU, el 30 de agosto, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dirige Zeid Ra’ad al Hussein, publicó un Informe sobre las “violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas” contra la dictadura venezolana del 1° de abril al 31 de julio de 2017. El Alto Comisionado declaró que “la democracia en Venezuela apenas está viva, si es que sigue viva”, y anunció que instará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a “tomar medidas” para prevenir el agravamiento de la situación. La CIDH de la OEA expresó su “profunda preocupación por el deterioro en la separación e independencia de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela”. La Unión Interparlamentaria Mundial también sumó su voz de reclamo y protesta.

La supuesta potestad discrecional y plenipotenciaria de la ANC llega a insólitos extremos. Decidió abrir un “juicio histórico por traición a la patria” a los diputados de la AN quienes solicitaron que ningún país aprobara operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno de Maduro que fueran autorizadas por la AN, como exige la Constitución, para evitar “el remate sin control de activos y riquezas  del país”. Dictó una ley que crea “la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, que será un instrumento de persecución política, contra actores por hechos cometidos desde 1999 hasta el presente. Y esa misma ANC discute, arrebatándole a la AN la facultad de legislar, una “Ley contra el odio”, cuyo objetivo es regular y taparle la boca a los medios de comunicación convencionales y redes digitales, terminando así de enterrar las libertades de información y expresión, ya agonizantes con el cierre de 49 medios durante 2017.

Por último, la ANC puede redactar y sancionar una nueva Constitución, pero mientras ésta no sea promulgada y como no ha habido un acto de fuerza que haya desaparecido el ordenamiento jurídico, sigue vigente la Constitución de 1999, y mal puede decir la ANC, como dice en su Decreto Constituyente del 8 de agosto, que esa vigencia solo se mantiene “en todo  aquello que no colide” con sus actos normativos y decisiones.

 

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