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Artículo 155: La jugada del Gobierno español para frenar la independencia de Cataluña

Créditos de la Imagen: Agencia

Después del referéndum catalán realizado el pasado 1 de octubre, España ha estado convulsionada, por un lado los que no actúan y por otro los que piden que se detenga de inmediato la declaración de independencia de Cataluña.

Lo más sonado durante esta semana ha sido el artículo 155 de la Constitución española, el cual establece que si una Comunidad Autónoma no cumple con las leyes y lo establecido en la Carta Magna, el Gobierno puede aplicarle medidas que lo obliguen a cumplir dichas obligaciones.

El mencionado artículo, reza:

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Muchos han manifestado su apoyo a esta opción, entre ellos el exmandatario español, José María Aznar, quien pidió al presidente, Mariano Rajoy que “actúe” ante la crisis catalana y que emplee todos los “instrumentos constitucionales” que sean necesarios.

Asimismo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió al Gobierno español que aplique el artículo 155 de la Constitución y que convoque elecciones autonómicas en Cataluña sin esperar a que el PSOE “se decida”.

Qué se requiere para aplicar el artículo

El presidente español debería enviar un requerimiento al mandatario del gobierno catalán, Carles Puigdemont, donde inste al cese de los comportamientos o actuaciones que pongan en peligro el interés general o el orden constitucional.

De no ser tomado aceptado, haría falta la aprobación por mayoría absoluta en el Senado –cuenta con una mayoría del Partido Popular- de las medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso de esas obligaciones.

Luego el jefe del Ejecutivo deberá presentar ante el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, un escrito con el contenido y el alcance de las medidas propuestas.

En este sentido, la Mesa del Senado se encargará de remitir el escrito y la documentación anexa a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una comisión conjunta en los términos previstos en el artículo 58 del reglamento.

Esa comisión necesitará a Puigdemont para que, en el plazo que se fije, remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, a una persona que asuma la representación a estos efectos.

Después, la Comisión formulará una propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.

Posteriormente, el pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo.

Finalmente, al dar por concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, que debe obtener el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores para ser aprobada.

Cataluña y su futuro incierto

El Gobierno catalán está acorralado, puesto que si aplican el renombrado artículo 155 se podría nombrar un gobierno en funciones y convocar elecciones, según indican constitucionalistas. Ya esto apuestan muchos líderes españoles, tal es el caso del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera quien pidió a Rajoy a aplicar esta medida para forzar los comicios.

En este sentido, algunos profesionales del Derecho Constitucional explican que con este mecanismo, el Gobierno central podría asumir determinadas atribuciones o competencias de Cataluña, pero para que esto pueda suceder se debe llegar a un consenso absoluto en el Senado.

Estas pueden ser unas de las consecuencias que podría enfrentar la comunidad catalana, en su afán por separarse de España para convertirse en una nación independiente. Será esta próxima semana cuando veremos cómo se desarrollará este incierto proceso.

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