El Nuevo País .

Para intimidar y autocensurar está cargada de medidas punitivas la “Ley contra el odio”

La “Ley contra el odio” está cargada de medidas punitivas para intimidar y autocensurar a personas, organizaciones y medios de comunicación, advierte Rafael Simón Jiménez, quien es doctor en derecho y profesor de derecho Constitucional.

El  mamotreto jurídico calificado como “ley contra el odio” es por su origen, motivación e intenciones, una demostración clara de exclusión, segregación y criminalización de quienes no comparten el ruinoso socialismo del siglo XXI. Su sanción por una Asamblea Constituyente inconstitucional en su convocatoria, fraudulenta en su elección y monocolor en su composición, habla de una de las aberrantes prácticas para dividir y estimular la confrontación y el odio entre venezolanos.

Si la intención de los promotores de la iniciativa fuera estimular la paz, el entendimiento, la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos, tendrían que hacer públicamente un mea culpa, procediendo a eliminar de su vocabulario los dicterios, las descalificaciones y la estigmatización que a diario lanzan contra quienes -con legítimo derecho- se oponen a la destrucción implementada desde el poder en dieciocho años de desgobierno.

Tendrían los espurios constituyentes que comenzar por suprimir de la programación del sistema de medios públicos programas como “Con el mazo dando”, “zurda Conducta“ y “La hojilla” en los cuales se insulta, ofende y agrede (sin derecho a réplica) a quienes piensan distinto. Tendrían igualmente los miembros de una ANC descalificada nacional e internacionalmente que dictar una amplia ley de amnistía que coloque tras las rejas a centenares de venezolanos sometidos a los más humillantes sistemas de prisión y tortura por ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica.

La ley con defectuosa redacción jurídica es un instrumento para el odio, porque coloca en manos de un sector minoritario el derecho de tipificar delitos, y en manos de unas instituciones descalificadas por parcialidad e inmoralidad la capacidad de aplicarla. En el fondo guardan estrecha similitud con las leyes que a partir de 1933 se promulgaron en el “reitchtang” Alemán controlado por los nazis donde se proscribía a partidos, credos religiosos, judíos, intelectuales, comunistas, testigos de Jehová y quienes no comulgaran con esa demencial ideología.

El lenguaje del odio político y social, la confrontación, la división y la instigación a la lucha fratricida, son los instrumentos de mensaje y propaganda usados por el cogollo gobernante para la conquista del poder y su permanencia en el mismo, solo que en un país hambreado y saqueado esta manipulación rinde cada vez menores dividendos.

Para delatar más sus verdaderas intenciones “la ley contra el odio”, lejos de tener sentido pedagógico y pretender crear condiciones para la convivencia, está cargada de medidas punitivas tendentes a intimidar y autocensurar a personas, organizaciones y medios de comunicación, indefensos frente a una interpretación y aplicación del texto que queda en manos de un Ministerio Público y unos tribunales que actúan en comandita con el gobierno. En Venezuela, el verdadero proceso de paz y reconciliación debe comenzar vaciando las cárceles, permitiendo el regreso de los exiliados, creando condiciones para un debate político respetuoso y un sistema electoral transparente, y unas instituciones que, como lo ordena la Constitución, estén al servicio de los venezolanos.

 

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