El Nuevo País .

PDVSA, luego de la razzia laboral 2003, se convirtió en una asociación para delinquir

PDVSA seguirá naufragando en la corrupción mientras no se administre el Estado con rendición de cuentas y controles, advierte el abogado, doctor en derecho y exvicepresidente de la Asamblea Nacional Rafael Simón Jiménez.

Después de quince años de saqueo y desmantelamiento impune de nuestra industria petrolera, el gobierno descubre que la PDVSA proclamada como roja… rojita no era más que una cueva de saqueadores y ladrones, cuyo daño patrimonial y enriquecimiento ilícito es el más grande atentado al patrimonio público en toda la historia Venezolana.

Desde hace años eran públicas y recurrentes las denuncias sobre negociados ilícitos en la casa matriz y en las empresas filiales y operadoras, y sobre todo evidente que el daño que esa gerencia “revolucionaria” le causaba a la otrora poderosa y prestigiosa empresa petrolera venezolana, sumiéndola progresivamente en la desinversión, el atraso tecnológico, el endeudamiento y la caída acentuada de la producción hasta llevarla a niveles superados hace 40 años.

El equipo instalado en el Ministerio de Energía y en PDVSA, luego de la razzia laboral del 2003, se transformó en una asociación para delinquir, en la cual a medida que se hipertrofiaba la nómina de trabajadores y se reducía la capacidad y sustentabilidad financiera, se politizaba su conducción y muchos de estos delincuentes (formados profesionalmente en la industria petrolera de la cuarta República) mutaron rápidamente a rabiosos revolucionarios que escondían -tras sus estentóreos gritos de exaltación a Chávez y a la Revolución Roja- su vocación peculadora de la otrora “gallina de los huevos de oro“ del Estado.

Por supuesto que hay que respaldar cualquier operación de castigo y profilaxis como la adelantada contra toda esta cáfila de pillos que acumularon impresionantes fortunas a costa de la petrolera venezolana; pero ese respaldo no puede omitir razonables dudas e interrogantes que saltan a la vista como ¿por qué el Gobierno no procedió antes cuando era público y notorio el daño ocasionado al patrimonio, la productividad, la eficiencia y operatividad de PDVSA? ¿Por qué esta acción tardía, que adelantada oportunamente hubiera evitado daños mayores a la industria?

También hay dudas fundamentadas sobre los cambios, las reformas y medidas por adoptarse para superar el problema de fondo representado en la falta de controles, en la alta discrecionalidad, en la ausencia de planes de inversión y modernización, en devolverle a PDVSA su capacidad operativa y financiera, liberándola del financiamiento con dinero inorgánico por parte del BCV; la reestructuración de su deuda y su solvencia con proveedores y contratistas, la necesidad de reconcentrarla en sus fines esenciales que son manejar el negocio energético con eficiencia y competitividad y dejar de cumplir funciones que le son ajenas, amén de redimensionar su nómina laboral. Sin estos cambios, y más allá del castigo que reciban los ahora defenestrados, lo seguro es que quienes los sustituyan actúen igual o peor.

Si es un “pase de factura” o una “guerra entre mafias rojas”, es intrascendente para la Venezuela democrática que pide decencia y cambio. Mientras el gobierno no entienda que la corrupción es proporcional a su carácter totalitario, que pretende administrar el Estado sin rendición de cuentas, ni controles, unos ladrones sustituirán a otros y nuestra principal industria seguirá naufragando en la corrupción roja… rojita.

 

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