Opinión

PDVSA, luego de la razzia laboral 2003, se convirtió en una asociación para delinquir

PDVSA seguirá naufragando en la corrupción mientras no se administre el Estado con rendición de cuentas y controles, advierte el abogado, doctor en derecho y exvicepresidente de la Asamblea Nacional Rafael Simón Jiménez.

Después de quince años de saqueo y desmantelamiento impune de nuestra industria petrolera, el gobierno descubre que la PDVSA proclamada como roja… rojita no era más que una cueva de saqueadores y ladrones, cuyo daño patrimonial y enriquecimiento ilícito es el más grande atentado al patrimonio público en toda la historia Venezolana.

Desde hace años eran públicas y recurrentes las denuncias sobre negociados ilícitos en la casa matriz y en las empresas filiales y operadoras, y sobre todo evidente que el daño que esa gerencia “revolucionaria” le causaba a la otrora poderosa y prestigiosa empresa petrolera venezolana, sumiéndola progresivamente en la desinversión, el atraso tecnológico, el endeudamiento y la caída acentuada de la producción hasta llevarla a niveles superados hace 40 años.

El equipo instalado en el Ministerio de Energía y en PDVSA, luego de la razzia laboral del 2003, se transformó en una asociación para delinquir, en la cual a medida que se hipertrofiaba la nómina de trabajadores y se reducía la capacidad y sustentabilidad financiera, se politizaba su conducción y muchos de estos delincuentes (formados profesionalmente en la industria petrolera de la cuarta República) mutaron rápidamente a rabiosos revolucionarios que escondían -tras sus estentóreos gritos de exaltación a Chávez y a la Revolución Roja- su vocación peculadora de la otrora “gallina de los huevos de oro“ del Estado.

Por supuesto que hay que respaldar cualquier operación de castigo y profilaxis como la adelantada contra toda esta cáfila de pillos que acumularon impresionantes fortunas a costa de la petrolera venezolana; pero ese respaldo no puede omitir razonables dudas e interrogantes que saltan a la vista como ¿por qué el Gobierno no procedió antes cuando era público y notorio el daño ocasionado al patrimonio, la productividad, la eficiencia y operatividad de PDVSA? ¿Por qué esta acción tardía, que adelantada oportunamente hubiera evitado daños mayores a la industria?

También hay dudas fundamentadas sobre los cambios, las reformas y medidas por adoptarse para superar el problema de fondo representado en la falta de controles, en la alta discrecionalidad, en la ausencia de planes de inversión y modernización, en devolverle a PDVSA su capacidad operativa y financiera, liberándola del financiamiento con dinero inorgánico por parte del BCV; la reestructuración de su deuda y su solvencia con proveedores y contratistas, la necesidad de reconcentrarla en sus fines esenciales que son manejar el negocio energético con eficiencia y competitividad y dejar de cumplir funciones que le son ajenas, amén de redimensionar su nómina laboral. Sin estos cambios, y más allá del castigo que reciban los ahora defenestrados, lo seguro es que quienes los sustituyan actúen igual o peor.

Si es un “pase de factura” o una “guerra entre mafias rojas”, es intrascendente para la Venezuela democrática que pide decencia y cambio. Mientras el gobierno no entienda que la corrupción es proporcional a su carácter totalitario, que pretende administrar el Estado sin rendición de cuentas, ni controles, unos ladrones sustituirán a otros y nuestra principal industria seguirá naufragando en la corrupción roja… rojita.

 

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