El diputado y coordinador de Primero Justicia, Julio Borges advierte que la criptomoneda que lanzará el gobierno es un mecanismo para sostener la corrupción y el endeudamiento irresponsable de la República y conseguir financiamiento ilegalmente.
Con el decreto de emisión de la Criptomoneda “Petro”, anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 03 de diciembre del año 2017, estamos frente a un nuevo fraude y un nuevo engaño a la nación para hacerle ver al país que están tomando acciones para resolver la crisis económica.
Ha anunciado la emisión de una supuesta criptomoneda que no es tal, sino que constituye una acción ilegal e inconstitucional. Quiere vender esto como una novedad y la única novedad es que en el país a fines del 2017 la producción había caído en 1 millón 900 mil barriles diarios.
Nos toca denunciar que producimos 1 millón 700 mil barriles diarios. Como el gobierno ha sido incapaz de revertir la caída de la producción nacional y recuperar la industria petrolera, crea unos barriles virtuales.
Esto es un mecanismo para sostener la corrupción y el endeudamiento de la República con aproximadamente 5 mil 700 millones de bolívares adicionales a la deuda ya contraída. Por eso nos toca alertar al mundo que si este endeudamiento sigue el pueblo venezolano tendrá las manos atadas.
Lo que pretende el Ejecutivo a través de este título digital es seguir endeudando a Venezuela irresponsablemente. Pretende privatizar de facto nuestros recursos minerales y seguir hipotecando el futuro de los venezolanos.
El porcentaje de deuda que el gobierno ha adquirido para no solucionar ninguno de los problemas ya supera el producto interno bruto (PBI) del país, debido a que en los últimos cuatro años de ejercicio económico en Venezuela la economía ha perdido más de 35 puntos del PBI.
Si vemos la realidad diaria de los venezolanos, nos preguntamos si los transportistas podrán comprar cauchos y baterías para sus unidades con Petro, o si podremos ir a la farmacia o supermercado a comprar con Petro.
Por eso se aprobó un acuerdo en rechazo a esta criptomoneda en la Asamblea Nacional, ya que este criptoactivo -el cual tiene respaldo en las reservas petroleras y minerales de la nación- equivale a la contratación de deuda pública y viola taxativamente el artículo 12 de la Constitución.
Asimismo, este acuerdo contempla alertar a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la ilegalidad de emisión del Petro, por cuanto el gobierno intenta evitar el control sobre las operaciones de deuda pública establecida en el artículo 312 de la Constitución y procura obtener financiamiento de forma ilegal mediante la implementación de este criptoactivo.
Alarma en salud
Venezuela es el tercer país en Latinoamérica con el nivel más alto en mortalidad materna y el primero en embarazo temprano. Adicionalmente, se ha incumplido con los compromisos de desarrollo sostenible que son el fin de la pobreza, ya que hoy día el 80 % de la población venezolana vive en condiciones de pobreza, con el índice de desnutrición más alto.
Estamos frente a un gobierno indolente, que no cumple con los tratados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que nos niega el derecho a la vida, a la salud y a tener mejor calidad de vida.
Por eso en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se debatió acerca de la promoción de una «Alianza nacional para la solidaridad humanitaria», en la cual se permita trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para presionar a fin de que se abra el canal humanitario.