El Nuevo País .

En Venezuela se ha institucionalizado la pena de muerte

El salvaje asesinato cometido contra seis ciudadanos que se habían rendido en El Junquito, es una muestra más de que en Venezuela se ha institucionalizado la pena de muerte.

El prestigioso e importante diario alemán “Spiegel Daily” calificó el pasado martes a Nicolás Maduro como “carnicero”, por el asesinato a mansalva de Oscar Pérez y de seis de sus compañeros, quienes con anterioridad habían mostrado su disposición a entregarse a las autoridades. Sin embargo, el dictador había dado la orden estricta de acabar con ellos a “plomo limpio”. Las fuerzas represivas la cumplieron al pie de la letra, y este miércoles, con sorna y  durante una alocución, dijo: “A 17 días de dar la orden, orden cumplida”. El mundo entero quedó estupefacto, lleno de horror y asombro. Antonio ha pedido al pueblo que en homenaje a estos mártires no decline en su lucha.

Este salvaje acto, que demuestra una vez más la institucionalización de la pena de muerte en Venezuela, se suma al expediente ya introducido ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, en espera de sentencia contra aquellos que cometen estas atrocidades con participación además de los paramilitares pertenecientes a los delincuentes  grupos colectivos.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8, establece la prohibición o causar la muerte o lesiones a quien haya depuesto las armas. De todas formas, esta y otras disposiciones, no solamente son desconocidas por el régimen, sino que en nuestro país es práctica común la permanente violación de nuestra Constitución Nacional, donde también se garantiza el derecho a la vida.

Se está activando la línea del trabajo que se viene realizando para que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y de violaciones de los derechos humanos sean severamente sancionados. Se continúa impulsando la ansiada sentencia contra los violadores de derechos humanos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Hay varios expedientes que están muy bien nutridos, desde el punto de vista jurídico y legal, ajustados a derecho según las exigencias de ese Tribunal. También se le ha dado un amplio respaldo al secretario General de la OEA, Luis Almagro, para que se termine de confeccionar el expediente que, con el esfuerzo de muchos juristas de organizaciones que defienden los derechos humanos, se viene elaborando en la OEA.

La versión oficial de los hechos constituye una burda mentira a la que ya nos tienen acostumbrados desde Miraflores. En el artículo de la semana pasada señalaba que la mentira compulsiva es norma establecida en el régimen, en el cual constantemente se falsea la realidad de los hechos, siendo esa una de las características de los sistemas totalitarios. Y así se sigue demostrando.

En febrero de 1992, un grupo de militares al mando de Hugo Chávez, en un fallido golpe de Estado, y violando la Carta Magna, se levantó en armas contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. Esta asonada dejó centenares de muertos y heridos; sin embargo, hubo respeto por la vida del comandante golpista cuando anunció su rendición. Se le dieron todas las garantías, y hasta tuvo ocasión de presentarse ante las cámaras de televisión. Qué diferencia tan abismal a la de ahora. Cuando Óscar Pérez anuncia sus intenciones de entregarse, es acribillado a tiros con armas de guerra de grueso calibre.

¡Muy acertada la calificación del diario alemán: Maduro, un carnicero!

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