Los hechos ocurridos en el Junquito son repudiables. ¡Rechazamos la pena de muerte!, afirma la secretaria femenina nacional de AD Aixa López.
A partir del 15 de enero de 2018 ha quedado instaurada la pena de muerte en nuestro país, tras los hechos ocurridos en el Junquito, donde se ejecutó al comisario Oscar Pérez y a sus compañeros, entre ellos una mujer. Cabe resaltar que Oscar Pérez y su gente, tras videos que circulan en las redes, se rindió para que les garantizaran la vida. Todos sabemos el desenlace de esta historia. Todos están muertos tras la acusación de que son “terroristas”.
En toda guerra, cuando una de las partes pide deponer sus armas a cambio del perdón de sus vidas, esta es aceptada; pero aquí no sucedió así. Se decidió dar de baja a estos llamados “terroristas”, sin mediar un juicio previo ni garantizarles el derecho fundamental de sus vidas.
Cabe recordar cuando para aquel entonces el teniente coronel Hugo Chávez Frías se rindió aquel 4 de febrero, su vida fue respetada, y fue él quien pidió a los otros alzados que depusieran sus armas. Chávez se rindió. Fue recibido con respeto y consideración; luego fue preso y recibió visitas, entre ellas: gente del pueblo, sacerdotes, periodistas, amigos, políticos y familiares. Tuvo acceso a revistas, libros y periódicos. Por ello, lo sucedido en el Junquito debe llamar a la reflexión. Allí no solo se consumó la liquidación de supuestos “terroristas”. Allí se consumó la pena de muerte, la cual no existe en Venezuela.
Asesinar, masacrar a más de nueve venezolanos que estaban dispuestos a deponer sus armas y lo que recibieron fue una lluvia de plomo, es preocupante. Allí imperó el odio, la sed de venganza y no la legalidad; por eso cuando narré arriba el episodio de Chávez es para recordar que él participó en una asonada militar que dejó cientos de muertos y que faltaron a su deber de respetar la Constitución y las leyes. Mientras que los llamados “terroristas” del Junquito no mataron a nadie. Solo alzaron su voz en desacuerdo con este Gobierno, pero la orden fue matarlos.
Lo grave de esta situación que ha salido a la luz pública es que el Defensor del Pueblo no defiende a nadie, y el Fiscal -como garante de la legalidad y las leyes- no ha hecho pronunciamiento alguno. Ni siquiera se apersonaron en el lugar, una vez conocida la situación que se estaba suscitando para mediar y garantizar que se les respetaran sus derechos y fueran precisamente los tribunales los que aplicaran la justicia. Igualmente vimos con estupor cómo el Gobierno se negaba a entregar los cuerpos de Oscar Pérez y de los caídos, un derecho que tienen sus familiares de darles cristiana sepultura.
Nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida, el cual fue vulnerado una vez más con el cruento y vil asesinato de estos venezolanos.