Lo de abril no serán unas elecciones limpias, sino la trampa de un gobernante autoritario que no tiene respaldo y se mantiene en el poder burlando el derecho de los ciudadanos.
El Consejo Nacional Electoral cumple funciones como un ministerio de asuntos electorales del régimen. Ante esta realidad, la manipulación del sistema electoral ha quedado en evidencia en los recientes procesos. El oficialismo (apelando al ilegal TSJ y al CNE y mediante procedimientos amañados) impidió la realización del referéndum revocatorio y luego arbitrariamente suspendió las elecciones regionales que debieron efectuarse en diciembre del 2016.
En 2017 el dictador en descarada violación a nuestra Constitución (elaborando sus propias normas electorales) y saltándose la consulta del pueblo en referéndum consultivo, convocó una farsa electoral eliminando una conquista de los venezolanos desde 1947 que es el voto universal, directo y secreto por unas elecciones sectorizadas en las que transgredió la democracia. De esa pantomima hecha en julio surgió la ilegal asamblea constituyente.
Smartmatic que estuvo encargada del conteo de votos electrónicos denunció públicamente un descarado fraude con manipulación en los resultados presentados por el CNE. La empresa estimó que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojó el sistema fue de al menos un millón de votos. La estafa constituyentista se hallaba al desnudo.
Ese esperpento se instaló y procedió a convocar las elecciones regionales para octubre. Aunque todas las encuestas daban como ganador a la oposición, el oficialismo obtuvo la “mayoría”. Fueron desoídas las denuncias sobre el comprobable mal manejo de la elección que se convirtió en un proceso lleno de abusos, entre ellos no se admitió la sustitución de candidatos. A 72 horas del proceso se reubicaron más de 200 centros de votación afectándose el voto de más de un millón de personas, además de otras anomalías. Dos meses después se realizan las elecciones municipales, en las cuales se presentaron irregularidades y “ganó” el chavismo. De esa manera siguió desarrollándose el maratón de fraudes y sigue embalado a la perpetración de otra estafa, en este caso la elección presidencial adelantada por ese mamotreto, y la posibilidad real de que el 22 de abril también -y nuevamente violando la carta magna- se efectúen las elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional, como lo ha respaldado el dictador.
Maduro tiene mucho temor a medirse en igualdad de condiciones y transparencia, porque sabe muy bien -al igual que sus asesores- que sufriría una derrota aplastante, toda vez que más del 90 por ciento de la población lo rechaza, y de allí todas las marramucias que se preparan para garantizarle el triunfo y aferrarse al poder. El régimen no respeta la voluntad del pueblo cuando les impide a los ciudadanos ejercer su derecho al voto sin amenazas, limitaciones ni violaciones a la Ley.
Lo de abril no serán unas elecciones limpias, sino la trampa de un gobernante autoritario que sabe que no tiene respaldo popular, y sólo puede mantenerse en el poder burlando el derecho de los ciudadanos. Nadie en Venezuela ni en el mundo debe avalar otra farsa de Maduro. Se trata de un fraude montado y anunciado.