El viacrucis de los derechos humanos sigue en Venezuela como bien lo refleja el Informe Anual 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el mundo antiguo, el humanismo tuvo altos niveles de expresión, pero paradójicamente coexistía con la esclavitud como sistema de producción, y, en consecuencia, los derechos humanos fueron oscurecidos por la desigualdad. Eso fue impactado por la aparición del cristianismo, que tuvo un rol fundamental en la valoración de los derechos humanos.
Después de la caída del Imperio Romano, en el feudalismo de la Edad Media se estamentó la sociedad europea occidental, en la que se jerarquizaron los derechos con el sometimiento y obediencia de los débiles a la autoridad de los poderosos.
Aun cuando en la Declaración de la Independencia de EEUU establece que “todos los hombres han nacido iguales”, es con la Revolución Francesa que se da un gran salto, y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se registran derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad; y derechos económicos, sociales y culturales, como el del trabajo, de la educación, de un nivel de vida adecuado. La Declaración no tiene valor jurídico obligatorio, por eso, se decidió la elaboración de pactos de carácter vinculante que, una vez ratificados por los Estados, quedaron incorporados al ordenamiento legal de los firmantes.
El viacrucis de los derechos humanos sigue. Leí el Informe Anual 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que relaciona en el Capítulo de Venezuela “el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años, en especial en 2017”. Para estar a tono con la semana pasada sintetizamos en catorce estaciones las denuncias de ese Informe.
1-Inexistencia del principio de separación de poderes, agravada en 2017 cuando el TSJ dictó las sentencias N° 155 y 156, que levantaron la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN y concedieron al Poder Ejecutivo competencias del Poder Legislativo.
2-Sumisión del CNE, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
3-Suspensión del referéndum revocatorio al Presidente, que hubiera permitido una salida pacífica a la crisis.
4-Suspensión y realización fraudulenta de la elección de los gobernadores.
5-Inhabilitación de líderes y partidos políticos de la oposición.
6-Restricciones al derecho a la libertad de expresión.
7-Represión de la protesta social, especialmente las movilizaciones entre abril y julio de 2017.
8-Actos de tortura contra personas detenidas.
9-Participación de miembros de la FAN y uso de armas de fuego contra manifestantes.
10-Civiles detenidos y procesados o juzgados en la jurisdicción penal militar.
11-Altos niveles de corrupción, que quedan impunes.
12-Violencia y criminalidad.
13- Tasa de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicinas.
14-Convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta, que toma medidas que exceden su naturaleza y no se atiene a la Constitución que aún no ha sido sustituida por una nueva.
El Papa espera que el pueblo venezolano pueda “salir cuanto antes” de “la crisis que lo oprime”. Después del viacrucis, habrá resurrección democrática.