Al gobierno, luego de haber transado la reclamación del Esequibo a cambio del apoyo político del NOAL y del CARICOM en la OEA, la criada le resultó respondona y lo llevó a la Corte Internacional de Justicia.
La demanda de Guyana no debió tomar desprevenido al gobierno. Era una muerte anunciada desde el momento en que el actual presidente de Guyana (en una visita al CARICOM en julio de 2015) manifestó que «Venezuela’s claim is like “a monkey on our back”»; pero, si las destempladas declaraciones del general Granger hacían proveer un cambio de estrategia de Guyana, las del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, de que si para fines de 2017 no se ha logrado «un avance significativo» para resolver la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo llevaría el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Un gobierno serio, interesado verdaderamente en defender el Esequibo, ante ambas declaraciones hubiera actuado como lo hizo el presidente Lusinchi cuando los colombianos penetraron en el Golfo de Venezuela con el Caldas. Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, -quizás este último por su dudoso origen- han actuado con negligencia e indiferencia en la defensa del Esequibo. En febrero de 2004 el finado presidente, en un viaje oficial a Guyana, declaró que: “el Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”. A esa irresponsable afirmación agregó una más grave: “El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. Estas imprudentes declaraciones en el Derecho Internacional representan un Acto Unilateral del Jefe del Estado conocido como el “Stoppell”, principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad, es decir, prohíbe que una persona como Chávez al ser Jefe del Estado pueda ir contra su propio comportamiento mostrado con anterioridad para limitar los derechos de Guyana; por su lado Maduro como presidente cuando visitó Guyana en el 2013 ante las recién confirmadas concesiones petroleras otorgadas a las transnacionales en la zona en reclamación, mantuvo un silencio cómplice al no emitir ni siquiera un comunicado oficial, lo cual dio pie a que Guyana considerara el desinterés de Venezuela por el territorio y un consentimiento tácito por inacción, lo que en el Derecho Internacional se conoce como “aquiescencia”.
Esta serie de omisiones premeditadas o errores culposos los ha aprovechado Guyana para llevar nuestra justa reclamación ante la CIJ, donde los escenarios son: no presentarse al no ser parte de la Corte; objetar el fondo de la demanda; rechazar la demanda recordando la falta de jurisdicción y competencia y cuarto, contrademandar solicitando medidas cautelares, entre ellas la congelación del otorgamiento de concesiones, lo cual haría pensar a las transnacionales dos veces el invertir en un territorio bajo litigio. Como todo escenario, cada uno tiene sus pro y sus contra. Lo único cierto es que el gobierno correrá con toda la responsabilidad histórica y política de lo que suceda.