Luego de las elecciones fraudulentas del 20 de mayo, Maduro no será reconocido por al menos 16 países del continente, en lo que sería una aplicación moderna de la doctrina Betancourt.
Venezuela fue la papa caliente de la VIII Cumbre de las Américas, en la cual el tema oficial fue “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, tema que también es central para entender cómo la corrupción afecta a la democracia y que tiene mucho sentido a la luz de lo que hemos sufrido los venezolanos bajo esta Paravatocracia, o gobierno de delincuentes, que ha tomado el poder.
El pranato que nos gobierna solo está orientado a mantenerse en el poder, succionar las riquezas naturales del país y repartirla entre los diferentes grupos delincuenciales que se han incrustado en el Estado. Tanto que hoy día 9 de cada 10 venezolanos vive en pobreza mientras los “enchufados” disfrutan de peculados, muchos en el exterior. Esta pobreza en un contexto de estacflación -el FMI calcula una inflación de 14.000% y una caída del PIB de 15% este año- junto a la carencia de alimentos y medicinas ha creado una crisis humanitaria que no solo niega el régimen frente a la cual muchos gobiernos de la región se hacen los locos. Ya sea por solidaridad automática, ideológica o por conveniencia política o económica.
La flagrante violación de los derechos humanos y la profundización de la dictadura tampoco fueron razón para que 20 de los 36 gobiernos regionales reunidos en la cumbre firmaran el documento del Grupo de Lima, mostrando de nuevo la gran ruptura entre los que apoyan la democracia y los que no.
Entre los que apoyan que la democracia representativa y son capaces de diferenciar entre legitimidad de origen y desempeño de un gobierno democrático, encontramos dos tipos: los que están dispuestos a denunciar y los que están dispuestos a actuar. La reunión de Lima demostró que solo hay 16 países comprometidos que están dispuestos a denunciar el caso venezolano -aunque olvidaron Cuba- aunque solo tres han avanzado e impuesto sanciones a corruptos y violadores de derechos humanos y la democracia.
El Grupo de Lima no ha crecido significativamente ni ha podido definir la Venezuela chavista como dictadura, porque todavía habla de ruptura del hilo constitucional. Pero ha sido firme en ratificar que no reconocerán el resultado de estas elecciones como están planteadas, ni las decisiones de la Asamblea Constituyente sino únicamente las de la Asamblea Nacional electa.
Da pena que la mayoría de los países del continente, en este caso 20, sigan optando por apoyar explícita o implícitamente la dictadura. De ellos un grupito muy reducido, entre los que están Cuba, Bolivia y Nicaragua, son activos en la defensa de la “paravatocracia” venezolana, pero los otros enmudecen y parecen mirar para otro lado.
Luego de las elecciones fraudulentas del 20 de mayo, Maduro no será reconocido por al menos 16 países del continente, en lo que sería una aplicación moderna de la doctrina Betancourt, que ahora va más allá de aplicar un “cordón sanitario” a las dictaduras. Por su parte, aquellos que no apoyan la democracia aplicarán la doctrina Estrada de reconocer a quien detente el poder. Los efectos prácticos de esto aún están por verse. Este es un tema que deben estar estudiando en las diferentes cancillerías.