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Sector privado cubano tendrá más controles y artistas más censura

El gobierno cubano dictó nuevas medidas, publicadas el lunes en la Gaceta Oficial de Cuba, entre las que destacan que los nativos de la isla podrán ser dueños de un solo negocio privado. De igual manera se aprobó un decreto que podrá ser utilizado por el Ministerio de Cultura para frenar el trabajo de artistas y músicos e imponer más censura en el país.

El decreto 349 del 2018 establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados así como en espacios estatales sin la autorización del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales. Asimismo, el decreto penaliza a los pintores o artistas que comercialicen sus obras sin autorización estatal.

Muchos de los artistas en géneros urbanos como el reguetón y el hip hop, géneros críticos y controversiales que han generado dolores de cabeza al gobierno cubano, no tienen permisos estatales para actuar en público. No obstante, muchos actúan en lugares privados o en lugares estatales en los que han contado con la ayuda de algún funcionario.

El gobierno también sancionará a entidades estatales o negocios privados que difundan música o realicen “presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno”. De igual manera personas “naturales y jurídicas” no podrán vender libros que tengan “contenidos lesivos a los valores éticos y culturales”.

En el aspecto económico, el gobierno anunció que descongelará al incipiente sector privado en la isla —paralizado desde agosto del año pasado— y comenzará a emitir licencias para abrir nuevos negocios, pero estableció mayores controles a través de un paquete de medidas que pretenden evitar la evasión fiscal, la acumulación de la riqueza y le otorgan a los órganos del Estado control directo sobre el llamado “cuentapropismo” en la isla.

Se supo que las medidas no entrarán en vigor inmediatamente sino en un plazo de 150 días, para asegurar su implementación adecuada, según indicó el periódico oficial Granma. Si un cubano es dueño de una paladar, no podrá alquilar su vivienda, por ejemplo, pues ningún cubano podrá tener más de una licencia para ejercer el trabajo privado.

Las regulaciones establecen, además, que todos los trabajadores por cuenta propia deben abrir una cuenta en el banco, a través de la cual deben pasar todas las operaciones de su negocio. Y los llamados “boteros”, que trabajan como taxistas particulares, deben presentar comprobantes para justificar todos sus gastos deducibles.

Otras medidas ponen freno a la contratación de trabajadores en el sector privado. El trabajo por cuenta propia actualmente emplea al 13 por ciento de la fuerza laboral del país, unas 591 456 personas. El gobierno decidió eliminar la exención de impuestos a los negocios que tenían hasta cinco trabajadores e impuso unas cuotas de pago que aumentan con cada trabajador contratado. También dispuso el aumento de las tasas mínimas de contribución mensuales en varias actividades.

Funcionarios del gobierno cubano citados por el diario oficial Granma, dijeron que las medidas intentan aumentar la recaudación fiscal y evitar el fraude, pero los economistas habían advertido que más impuestos a la contratación de empleados podría frenar el desarrollo de ese sector, en un contexto en el que se espera debe ocurrir una reforma monetaria que podría dejar en la quiebra a casi la mitad de las empresas estatales.

A través de una disposición especial, el gobierno mantuvo la suspensión de nuevas autorizaciones en las actividades de “elaborador vendedor de jabón, betún, tintas y otros similares; vendedor mayorista de productos agropecuarios; vendedor minorista de productos agropecuarios; carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria; comprador-vendedor de discos y operador de equipos de recreación para los equipos rústicos”.
Un cambio significativo es que quienes alquilan sus viviendas a turistas y nacionales, también podrán hacerlo a empresas cubanas o extranjeras, “solo a los efectos de los servicios de alojamiento”.

Para aumentar los controles, cada actividad autorizada queda bajo la supervisión de un ministerio estatal, además de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular, los que pueden intervenir para fijar precios. El nivel de control llega a tales extremos que la Gaceta Oficial publica una tabla con una clasificación de la calidad de los baños públicos y las tarifas para su arriendo a los llamados “cuidadores de baños públicos, taquillas y parques”, una de las actividades autorizadas para trabajar por cuenta propia.

FUENTE: elnuevoherald.com

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