Por Albor Rodríguez
Los saqueos en Ciudad Bolívar en diciembre dejaron 353 comercios destrozados. La revuelta la encendió el decreto del presidente Nicolás Maduro que ordenó recoger 6 mil millones de billetes de 100 bolívares en 72 horas, lo que equivalió al 77 por ciento del efectivo que había en el país.
En Ciudad Bolívar rompieron el mobiliario, destrozaron puertas y paredes, se robaron aires acondicionados, refrigeradores, máquinas registradoras y fiscales. Vi un comercio incendiado. La furia destructiva sorprendió a quienes vivimos en esta ciudad de unos 400.000 habitantes, donde casi la única fuente de empleos formales es el comercio.
Detrás de los hechos se revela una trama de factores y actores, pero el elemento central es que el sur de Venezuela es una de las regiones donde el Estado está más ausente. Desde hace 14 años, con los asesinatos en la construcción por sicarios de mafias sindicales, el crimen organizado les disputa el poder a las autoridades. Desde la cárcel de Vista Hermosa, en el corazón de Ciudad Bolívar, se ordenan secuestros, robos de automóviles y cobros de vacuna. Teóricamente, el Gobierno controla la minería, pero el control real lo tiene el “pranato minero”, grupos armados que controlan la explotación de oro y diamante.
El retiro del billete de 100 bolívares solo reveló la debilidad de las autoridades. De pronto la gente se encontró con que no podía usar sus billetes para comprar los bocados del día. El 48 por ciento de los negocios saqueados vendía alimentos, cuya escasez ronda el 80 por ciento en todo el país. Los asiáticos que controlan la venta de alimentos no aceptaron los billetes. Esto provocó la ira de la población que saqueó sus comercios. También arrasaron con licorerías, ferreterías, gasolineras, farmacias, tiendas de pintura, agencias de carros y ventas de celulares.
Hubo saqueos permitidos por los dueños a cambio de que no les destrozaran sus negocios. Algunos fueron saqueados por los mismos vecinos, pero también hubo incursiones de hombres que llegaban en camionetas con armas de fuego, mandarrias para abrir boquetes en las paredes y herramientas para romper rejas y candados. Invitaban a quienes estuvieran en los alrededores para que cargaran lo que encontraran.
Una de las teorías más aceptadas por los habitantes es que detrás los saqueos está el “pranato minero”. El hecho más notable de este grupo criminal fue la masacre de Tumeremo, ciudad en cuyas cercanías fueron asesinadas, el 4 de marzo, al menos 17 personas por orden de Jamilton Ulloa, alias “El Topo”. En los alrededores de Tumeremo funcionan unos 100 campamentos mineros clandestinos donde son frecuentes los enfrentamientos por el control de los territorios.
Los pranes y sus ejércitos fungen de agentes de retención de las fortunas producidas y son los administradores del orden. A un minero le cobran 20 por ciento de lo que extrae. También se ocupan del traslado del oro, de su venta y castigan con la muerte a los evasores de «impuestos». Extorsionan a comerciantes a cambio de no secuestrarlos o quemar sus negocios, y protegen a los habitantes contra los delincuentes menores.
Bolívar es un estado minero y las transacciones se hacen en efectivo. Entre Tumeremo, Guasipati y El Callao no hay más de 10 agencias bancarias. Es en Ciudad Bolívar donde muchos mineros se abastecen, tienen sus casas y circula el dinero que producen. Aparte de Ciudad Bolívar, las siete localidades del estado donde se produjeron los saqueos viven del oro. Si en el resto del país era imposible recoger apresuradamente todos los billetes de 100, en Bolívar era imposible que las enormes cantidades de dinero producto de la minería ilegal entraran a los bancos. Esto da sustento a la tesis de que la participación de grupos organizados en los saqueos fue una demostración de fuerza para que el Gobierno extendiera el plazo para recoger los billetes, como de hecho terminó haciéndolo.
La Guardia Nacional fue tomada por sorpresa. En Ciudad Bolívar actuó tardíamente, me dijo su comandante, Antonio Benavides. La policía estadal fue intervenida después de estos sucesos porque algunos de sus funcionarios participaron en los saqueos. Benavides dice que hay identificados al menos a 100 policías involucrados en actividades irregulares de vieja data.
Los tres días de saqueos en Bolívar evidenciaron la desesperación en que nos encontramos. Ahora la reconstrucción pasa no sólo por reconstruir la economía sino por desarmar los grupos criminales y acabar con la complicidad de la policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para restablecer el imperio de la ley, hay que devolver las armas y el ejercicio del poder a quien le corresponde.