Este miércoles, la Asamblea Nacional sufrió dos reveses. Por un lado, se detuvo al diputado suplente Gilber Caro, a quien se acusa de encabezar «planes desestabilizadores» y cuya detención constituye para Diosdado Cabello «el primer logro del Comando Antigolpe» y por el otro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una decisión en la que anula las sesiones del 5 y 9 de enero e informa que el presidente Nicolás Maduro rendirá su Memoria y Cuenta ante el Máximo Tribunal.
La recién nombrada Junta Directiva del Parlamento acompañada de varios diputados, se pronunciaron ante lo que califican de «acto inconstitucional que busca infundir miedo», la detención del diputado Caro.
El presidente del Poder Legislativo, Julio Borges recordó que la Asamblea fue electa por 14 millones de venezolanos y que la Constitución no hace distinción sobre la inmunidad parlamentaria en cuanto a si se es diputado principal o suplente.
Borges recalcó que Caro no sólo fue «apresado arbitrariamente sino llevado a la justicia militar».
Por lo que llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a «revelarse» ante el hecho de que se utilicen tribunales militares para juzgar a civiles. Hecho que la propia Fiscal General ha criticado según Borges.
«Hoy, la Asamblea Nacional rechaza la detención de uno de sus miembros para generar miedo. No lo tenemos. Vamos a seguir luchando para que haya elecciones», manifestó Borges al tiempo que informó que este viernes un grupo de parlamentarios se trasladará a Valencia, estado Carabobo, para exigir la liberación del diputado.
Y es que, a pesar de que en la noche del miércoles se informó que Caro sería trasladado a Caracas, los parlamentarios fueron informados que esto no ocurrió y que tanto el Diputado como su novia permanecen en el Destacamento 54.
De acuerdo a Borges, lo que ocurre en Venezuela es «represión pura y dura. Lo que está haciendo el gobierno es un delito llamada terrorismo de Estado y existen instancias internacionales a las cuales vamos a acudir para demandarlos», aseguró el presidente de la Asamblea.
Activar mecanismo
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea y coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), partido al que pertenece Caro, Freddy Guevara reiteró que a Caro «se le violó el derecho a la inmunidad».
Criticó la versión gubernamental sobre la cual, Caro Pasó de Colombia a Puerto Cabello «con un fusil, C-4 y su novia. Eso no lo cree nadie», dijo.
Para Guevara, que este hecho se produjera luego de la declaratoria de abandono del cargo es «para que la gente tenga miedo. Por ningún motivo vamos a detenernos».
También protestó por las denla traiciones del Vicepresidente Tareck El Aissami en las que expuso el pasado de Caro. Ante eso, Guevara sostuvo que el diputado «representa lo que el gobierno jamás será. Dedicó su vida a la reinserción. Cuando atacan a Gilber atacan a la Asamblea y también atacan la posibilidad de que las personas se superen».
Por otro lado, informó que el diputado Luis Florido solicitara la activación de «todos los mecanismos que existen en los Parlamentos del mundo» para denunciar este hecho que califican de «escándalo mundial».
Así acudirán a la Unión Interparlamentaria, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y a todos los organismo «que sean necesarios».
Paralelamente, la Asamblea abrirá una Investigación a todos funcionarios involucrados en la detención de Caro.
Mientras recordaba que el artículo 200 establece qué hacer cuando un diputado es detenido en flagrancia, si hubiese sido el caso, Guevara considera que su colega y compañero de partido está «Legalmente desaparecido» porque desconocen a ciencia cierta su paradero.
Ahora no…
En cuanto a la decisión conocida este miércoles en la que el TSJ anula la sesión del 5 de enero en la que fue electa la nueva Junta por haber sido escogida mientras la Asamblea estaba en desacato así como la anulación de la decisión de declarar el abandono de cargo, Borges señaló que «no han leído la sentencia completa».
Solo se limitó a decir que «todo lo que hicimos el 5 (enero) fue lo que se acordó con los mediadores. El gobierno no quiere cumplir su compromiso y es todo lo que diré».
Por su parte, la ex presidenta de la extinta Corte Suprema, Cecilia Sosa considera que el TSJ actúa como un «operador político» del Ejecutivo y busca «construir una Constitución paralela que sustituya a la vigente sin derogarla y que transforme el poder del Presidente en uno único».
Foto José Mayorca / ENPaís