La Asamblea Nacional, tal como se tenía previsto, debatió este jueves sobre el derecho al voto y la exigencia de que se promulgue la Ley de bono de alimentación y medicina para pensionados, la cual fue sancionada en marzo del año pasado.
Nuevamente, sin la presencia del oficialismo, los opositores aseguran que quienes están en el poder, «no les van a quitar el derecho a votar».
Tanto Tomás Guanipa como el propio presidente del Parlamento invitaron a la gente a manifestar este próximo 23 de enero para exigir frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) el cronograma de las elecciones regionales y municipales.
La mayoría opositora aprobó un Acuerdo en el que la exigencia al CNE la basan en el artículo 293, numeral 5 de la Constitución.
De acuerdo a la Unidad, el gobierno ha «suspendido de facto los derechos políticos» por lo que exigen al Poder Ejecutivo, Judicial y Electoral el cese de las actuaciones que impiden el derecho al voto y exhorta a su vez a la ciudadanía para que defienda su derecho al voto.
Tercera edad exige su bono
Los parlamentarios exigieron que la Ley del bono de alimentos y medicinas para pensionados y jubilados se promulgue como «un acto de justicia social».
El diputado Miguel Pizarro recordó que han acudido al ministerio de Finanzas y a la Vicepresidencia sin obtener respuesta.
A pesar de eso, Pizarro aseguró que «vamos a conquistar el bono para pensionados y jubilados». Además, pidió que los diputados se constituyeran como un grupo organizado en cada protesta que la tercera edad convoque.
Por su parte, el diputado Francisco Sucre criticó como en países como Argentina y Honduras la pensión alcanza a 354 y 330 dólares al mes respectivamente, mientras que en Venezuela, la tercera edad sobrevive con 40 centavos de dólar.
Recordó que el diputado José Guerra presentó un plan para hacer viable la Ley tal y como lo solicitó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los opositores exigen al gobierno que cese desacato y rechazan que el gobierno no la promulgara incurriendo en una omisión pese a su viabilidad por lo que en el Acuerdo, exigen su promulgación porque el Ejecutivo no presentó propuestas u objeciones. Atendiendo a la solicitud del diputado Pizarro, el documento plasma la intención de acompañar a los pensionados.
Trabajadores sin pago
El secretario del sindicato de trabajadores de la Asamblea, José Vicente Rivero denunció que la deuda con los trabajadores asciende a casi un millón por cada uno.
Rivera asegura que el nuevo ministro de Trabajo, él ex diputado Francisco Torrealba busca un «cierre administrativo» del Parlamento y exigió a la Asamblea que sea investigado e incluso, que se le de un voto de censura.