La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sigue jugando sus cartas. Este martes acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar el antejuicio de mérito contra seis magistrados principales y dos suplentes de la Sala Constitucional.
Esta solicitud se basa en que estos funcionarios estarían, presumiblemente, «conspirando contra la forma republicana», según señaló la Fiscal y previsto en el artículo 132 del Código Orgánico Penal.
La Fiscal sostiene que el TSJ mantiene una «política reiterada» de emitir sentencias, poniendo como ejemplo la 155 y 156 que limitaban aún más las competencias de la Asamblea Nacional, y que conformaron, según indicó en su momento, una ruptura del orden constitucional.
«Fue tal el impacto que se convocó al Consejo de Defensa de la Nación», afirmó.
Ortega Díaz repaso como esta instancia exhortó a la Sala Constitucional a realizar una aclaratoria a estas sentencias e «inmediatamente la Sala dicta esas aclaratorias. Ellos dicen que cualquier ciudadano puede solicitar dichas aclaratorias y yo vine y se me negó porque no tenía cualidades. En fin».
Señala que esas aclaratorias además se hicieron en cuanto a medidas innominadas y no en el fondo de éstas. Ortega reiteró que con estas sentencias se le daba poderes especiales al Presidente, inclusive, «en materia penal cuando esta es restrictiva».
«Prácticamente se disolvía la AN y se las abrogaba a la Sala las facultades legislativas poniendo en peligro la democracia», dijo la funcionaria.
Para ella, un requisito para la paz debe ser la seguridad de las instituciones y es por esto que rechaza que el TSJ «se comporte un día como que hoy no me guste la Asamblea y la elimino, mañana el MP y lo elimino. Necesitamos seguridad institucional».
La Fiscal asegura que contra la democracia no solo se atenta con un acto de fuerza, también generando un daño a través de sentencias que buscan desmantelar el Estado».
Señala además que con la sentencia 378 se revive la democracia representativa y se a abole la participativa, indicando que se le da el Poder Constituyente a un poder constituido.
«Solicite antejuicio porque es necesario para la paz de la República», insistió la Fiscal, quien también aseguró que no avaló la designación de los Magistrados por cuanto consideró que no cumplían con los extremos legales.
Por eso, también solicita la nulidad del acto administrativo de la Asamblea por estar «viciando de nulidad».
Aseguró que advirtió sobre las irregularidades y que nunca se le escuchó y que no se convocó a una sesión extraordinaria para los resultados del baremo y luego se le convocó para avalarlo, a lo cual se negó.
Defensor contraataca
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab acudió al TSJ para solicitar una aclaratoria en cuanto a sus competencias.
Según el Defensor, el artículo 281 lo faculta para tener acceso a las actuaciones penales tanto en jurisdicción civil como militar ante actos de violación de derechos humanos.
«Siento que es el momento de solicitar estás aclaratorias», dijo. Sin embargo, los artículos 284 y 285 establecen el monopolio de la acción penal al Ministerio Público.
El Defensor sugiere que la institución intervenga en planimetrias y otras averiguaciones, «sin limitaciones» y para lo que la Ley no lo faculta. Insiste en que su interés es asistir a la víctima.
En cuanto a la solicitud de la Fiscal, el Defensor insistió en que la Fiscal sí acudió a la convocatoria y que no hay en los expedientes, un rechazo o inhibición de su parte.
Además, sostuvo que es «poco ético», dar a conocer documentos del Consejo Moral.
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