La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió ayer un comunicado en el que expresan su preocupación «ente la gravísima agudización de la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que sufren diversos sectores sociales».
En este sentido, la CEV expresó su solidaridad con aquellas personas que han sido víctimas del Gobierno, al que acuso de ser convertirse en el principal «transgresor» de los derechos de los venezolanos, «violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable», expresa el documento.
A continuación el comunicado integro de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV:
Ante la gravísima agudización de la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que sufren diversos sectores sociales de la Nación, esta Comisión quiere expresar:
1. A todos/as sincera solidaridad y cercanía espiritual, en momentos en que el gobierno, garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública, se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable.
2. Nuestra preocupación al observar que la mayor violencia la ejercen los organismos de seguridad, particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos que usando armas prohibidas, reprimen manifestaciones de personas que reclaman respeto a las libertades democráticas y el restablecimiento del orden constitucional roto como lo declaró la ciudadana Fiscal General de la República.
3. Nuestro desacuerdo con el hecho público, notorio y comunicacional de la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales, ya que ha sido utilizada indebidamente la justicia militar en las detenciones y procesos iniciados, en absoluta contravención con el artículo 49 de la Constitución.
4. Nuestro rechazo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente que niega y vulnera la progresividad de los derechos humanos y sumerge a la Nación entera en una situación de convulsión social y violencia.
Por todas estas razones, la Comisión de Justicia y Paz:
• Insta al Estado Venezolano, particularmente al Consejo Moral Republicano, a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
• Exhorta al Ministerio Público, para que intente las acciones a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia, para hacer efectiva las responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dichos funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones (Art. 280,281y 286).
• Exige al Poder Judicial, que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los Derechos Humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Encomendamos esta preocupante situación a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y exhortamos a todos los sectores a trabajar por la paz, la concordia social, el respeto irrestricto a la vida sagrada de todo ser humano y a orar en todos los ambientes clamando a Dios por Venezuela.
+ Mons. Roberto Lückert
Presidente de la Comisión
de Justicia y Paz de la CEV.