Este martes llegó a su fin la que será recordada como la legislatura de la paz, la que convirtió el acuerdo con las Farc en reformas constitucionales y leyes para que esa guerrilla entregara las armas con las que se levantó contra el Estado colombiano por cinco décadas.
En este tiempo, el Congreso aprobó la amnistía para los excombatientes, sentó las bases constitucionales de la justicia transicional, blindó el acuerdo con la guerrilla jurídicamente, estableció el Estatuto de la Oposición y permitió que las Farc se conviertan en partido político.
“Esta legislatura fue muy positiva para la paz, pues permitió la aprobación de las reformas constitucionales y legales que son la base del acuerdo con la guerrilla”, dijo Guillermo Rivera, ministro del Interior.
A partir de lo actuado por el Congreso y gracias al procedimiento legislativo extraordinario (‘fast track’), el proceso de paz con las Farc que pone fin a la guerra llegó a un punto de irreversibilidad.
En aprietos
Pero la fortaleza política que el Congreso mostró con el proceso de paz en los primeros días de la legislatura se fue debilitando, hasta el punto de que este martes ya fue imposible aprobar el proyecto de ley que crea 16 circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes en las zonas de conflicto.
Tradicionales amigos del Gobierno, como Hernán Andrade (del Partido Conservador) o José David Name (de ‘la U’), dilataron desde la semana pasada la aprobación de esa ley.
Este martes, Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas, hizo sentir su poder y la mayoría de su bancada se negó a votar el proyecto.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, intentó por todos los medios persuadir a la bancada de Cambio Radical para que votara la iniciativa, pero no lo logró.
Apenas se pudo aprobar la ponencia del proyecto, que es un requisito previo a iniciar la discusión de la norma misma.
Aprovechando el espacio que la Corte Constitucional abrió con su reciente sentencia, en el sentido de que los congresistas pueden hacer proposiciones sin el aval del Gobierno, sobre los temas de paz, varios partidos se dedicaron durante el incipiente debate a hacer propuestas que cambian algunos de los ejes acordados en La Habana. Y ni porque el Gobierno atendió algunas sugerencias, fue posible aprobar la ley.
La votación de la ponencia fue muy estrecha: justo los 52 votos que se requerían.
Lo ocurrido este martes en la plenaria del Senado podría ser apenas un vaticinio de lo que le espera al Gobierno a partir de julio próximo, cuando el Congreso iniciará su última de las cuatro legislaturas.
Baja el ritmo legislativo
Históricamente, el Congreso en la última legislatura de cada cuatrienio es muy pobre en aprobación de leyes, entre otras razones porque los legisladores atienden más el desafío de su reelección (las elecciones son en marzo del próximo año) que el trabajo legislativo.
También incide otro hecho: que el Gobierno va de salida, los congresistas prefieren tomar distancia del Ejecutivo y alzar más su voz crítica.
Aunque, como dijo el ministro Rivera, ya el Congreso aprobó las bases jurídicas fundamentales del proceso de paz, aún quedan temas de importancia como la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que debe concretar toda la estructura de esta.
El senador Roy Barreras, líder de ‘la U’, dijo que “fue casi un milagro” la aprobación de la ponencia del proyecto de las 16 curules.
Los actuales congresistas tienen sus curules hasta el 20 de julio del próximo año, pero en marzo hay elección y la mayoría le da prioridad a defender su puesto.
Primera fase del ‘fast track’
En estos seis meses se utilizó en el Congreso el llamado ‘fast track’, mecanismo mediante el cual se tramitan los proyectos para la paz en el Legislativo de forma mucho más ágil.
En este tiempo se lograron aprobar iniciativas para dar seguridad jurídica a la reincorporación de las Farc a la vida civil.
En este componente se encuentran la ley que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la ley de amnistía e indulto, el proyecto que establece las bases para el partido político de las Farc y el estatuto de oposición, que busca dar apertura democrática.
Sacar adelante esas iniciativas se tornó más difícil desde hace un mes, después del fallo de la Corte Constitucional que eliminó la posibilidad de que, durante el debate de los proyectos de paz, el Gobierno trancara proposiciones que alteraran lo acordado.
Todas las propuestas de los legisladores deben debatirse y votarse, lo que hace más lento el trámite de los proyectos. La preocupación en la Casa de Nariño por este hecho no fue menor. Prueba de ello es que la semana pasada el Gobierno le pidió a la Corte anular ese fallo.
Si bien el ‘fast track’ tenía una vigencia de seis meses, fue prorrogado por un tiempo similar, es decir, irá hasta noviembre de este año.
Pero el Gobierno tendrá un obstáculo adicional: la campaña electoral en marcha. A partir del 20 de julio, luego del receso de mitad de año, los legisladores estarán más en sus regiones buscando votos que pensando en sacar adelante los proyectos.
Aún quedan pendientes iniciativas como la que reglamenta la justicia para los excombatientes y la que crea las 16 circunscripciones de paz. También quedan por iniciar su trámite la reforma política y la ley de tierras, temas que ya han levantado ampolla.
Foto: El Tiempo