Luego de que se negara la orden de aprehensión contra el sargento 2° de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Daniel Pérez Medina, quien arrolló con una tanqueta el pasado 3 de mayo a un joven de 22 años el cual se encontraba participando en una manifestación opositora, es por ello que el Ministerio Público apeló a la decisión del juez Jorge Timaury.
Asimismo, dicho juez había precisado que esta orden sería violatoria a los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que el funcionario tenía que haber sido citado con anticipación antes del requerimiento.
No obstante, Oliver Uribe, fiscal 49° nacional, argumentó el escrito en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, que detalla que se pueden interponer aquellas decisiones que provoquen un gravamen irreparable, entre otras causas.
De acuerdo con El Nacional, el fiscal también hizo referencia a la sentencia 1.381 del 30 de septiembre de 2009 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece que no es necesaria una citación previa al investigado, sino que la imputación de dichos delitos, debido a la gravedad de los mismos, puede realizarse en la audiencia de presentación una vez detenido ante el juez de control.
No obstante, el escrito se centró en el artículo 236 del mencionado código, en donde precisan los supuestos sobre la procedencia para establecer la medida privativa de libertad.
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