La continuación de la Reunión de Consulta de Canciller (RCC) sobre el tema Venezuela terminó por segunda vez sin un resultado oficial. Dos resoluciones se presentaron y ninguna de ellas alcanzó los 23 votos necesarios para ser aprobada.
El problema Venezuela
La crisis venezolana ha estado en el tapete internacional desde la llegada de Maduro a Miraflores y en la OEA desde 2014 cuando el Consejo Permanente (CP), en vista de las protestas de ese año, da “pleno respaldo a las iniciativas y esfuerzos del gobierno democráticamente electo”. Luego en 2016 se produce por consenso otra resolución que apoya un diálogo promovido por el régimen a través de Unasur. Y cuando escamotean el referéndum revocatorio y las protestas se incrementan, la OEA emite un comunicado apoyando el diálogo.
El Madurazo
Pero no fue sino hasta 2017, a raíz del “madurazo”- el TSJ le quita todo el poder a la AN-, cuando la OEA por consenso aprueba una resolución que establece que en Venezuela ha habido una “alteración del orden constitucional” y llama a una RCC. El régimen decide dejar la OEA. La oposición sale a la calle a protestar el golpe de estado en forma de resistencia pacífica y a pedir elecciones. Y comienza la represión. Maduro en vez de recular huye hacia delante proponiendo la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que exacerba más los ánimos.
Sorprendidos
La RCC se da el 31 de mayo sin ningún resultado y se reconvoca otra para el 19 de junio, previa a la XLVII Asamblea General de la OEA en Cancún, México. Así se daba un tiempo para negociar los dos proyectos de resolución, el propuesto por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá; y el de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Las negociaciones se realizaron y se consiguió un texto único aprobado por los representantes del Caricom y las democracias occidentales del continente. Pero a la hora de votar, sorpresivamente los caribeños se dividen y San Vicente y las Granadinas reintroduce el texto original del Caricom. El jefe de esa delegación, Camilo Gonsalves, embajador ante Naciones Unidas e hijo del Primer Ministro, argumentaba que la propuesta consensuada era intervencionista y que no podían oponerse a una Constituyente que “.. no viola los derechos humanos, ni las leyes, ni la separación de poderes, ni los procesos constitucionales de Venezuela …”. Y se preguntaba “ … ¿por qué nosotros, en la OEA, vamos a pedirle a Venezuela en una declaración no hacer algo que es legal hacer?”.
Sin condena
Esto produjo dos textos que tienen varios elementos en común pues ambas reconocen que existe una situación en Venezuela que ha llevado a la violencia y proponen un diálogo, donde participe la OEA. Pero la propuesta caribeña en su llamado “al diálogo y a la negociación para un acuerdo político” es más genérica aunque pide “tiempos, acciones concretas y garantías para su implementación”. El otro va más allá y propone la creación de un “grupo de contacto” para discutir cuatro puntos claves: liberación de presos políticos, el respeto de las competencias de la AN, la elaboración del calendario electoral y la apertura de un canal humanitario internacional con participación del Vaticano. Y algo más, pide la suspensión de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La resolución que se había consensuado obtuvo 20 votos, ocho abstenciones y cinco en contra (ver figura anexa) y la de San Vicente obtuvo 14 votos en contra, ocho a favor y 11 abstenciones. Como ninguna de las dos consiguió los 23 votos necesarios se acordó suspender la reunión. En ambos casos Venezuela estuvo ausente. La nutrida delegación venezolana se retiró de la reunión diciendo que no aceptaría ninguna decisión que se tomara. Ese día diez gobiernos emitieron un comunicado conjunto que muestra su posición al respecto (anexo)
¿Qué pasó?
Al analizar los cinco países que votaron en contra de la resolución originalmente consensuada, encontramos como era de esperarse a Nicaragua y Bolivia votando en contra. Ellos han estado abiertamente apoyando al régimen, tienen una afinidad político-ideológica con el régimen e importantes deudas financieras.
La petrochequera de Venezuela puede explicar también las posiciones de los tres países del Caribe. Veamos algunas. A través de Fondos de Solidaridad del Banco del ALBA se han puesto al menos unos US$90 millones a San Vicente para pagar la construcción del recientemente inaugurado y visitado por Maduro, aeropuerto de Argyle. El cual no fue construido por alguna empresa venezolana como se hacía antes, sino por cubanas. Tampoco es un préstamo, al menos así lo hizo saber Ralph Gonsalves a su parlamento, en agosto de 2011.
Otro aeropuerto que financió el régimen es el de Dominica. El régimen es el mayor financista externo de la isla junto a China. Ha entregado, fondos de Petrocaribe, por unos US$30 millones para el mencionado aeropuerto, además de varias porciones del malecón, (uno de los cuales costó US$30 millones);al menos US$30 millones para la “Revolución de la Vivienda; una estación de policía de US$3,9 millones y otras obras como proyectos de distribución de agua.
Por su parte, desde el 2015, el primer ministro Harris de San Cristóbal ha recibido cerca de US$25 millones en efectivo del Gobierno de Venezuela. Este año el régimen donó 50 petrocasas, durante la visita de Delsy Rodriguez. Esto sin hablar de las deudas por concepto de petróleo, que en el caso de San Cristóbal pasa los US$90 millones y San Vicente US$190 millones.
Abstenciones
El grupo de países demócratas, que no había preparado un plan B para pasar una resolución alternativa en el seno Asamblea General de la OEA, necesitaba ahora 24 votos para introducirla fuera de tiempo, aunque luego con 18 la aprobaría. Habían centrado su estrategia entre los países que se abstuvieron por problemas de procedimiento, para una resolución en el tema de derechos humanos y la creación de un grupo de contacto
Cuatro países latinoamericanos se abstuvieron. Sin dudas allí hay compromisos ideológico-políticos, caso Ecuador y El Salvador, así como de deudas a pagar, ej. Haití y República Dominicana. Pero esas abstenciones fueron también un intento de mostrar en ellos una independencia del asunto para que, como sucedió posteriormente, fueran presentados por el régimen como medidores en un diálogo con la oposición.
A pesar del compromiso ético y el empuje de los países del norte de América y la mayoría de los latinoamericanos, el tema de la crisis venezolana sigue abierto. Aunque como dijo Elías Jaua, el régimen se salva gracias a (algunos de) los países del Caribe.
Comunicado Conjunto de países afines sobre los resultados
de la XXIX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA
Comunicado Conjunto 010 – 17
Los Gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay y Perú expresan su decepción ante la falta de un consenso regional en la XXIX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.
Ante la interrupción del proceso democrático en la República Bolivariana de Venezuela consideramos que debe persistirse en una salida concertada, por parte de todos los actores venezolanos, en beneficio del pueblo de ese hermano país.
Dicha concertación debe llevarse a cabo respetando lo siguiente:
- La liberación de los detenidos por razones políticas y el cese de las detenciones arbitrarias, así como del juzgamiento de civiles por parte de tribunales no civiles.
- El cese de toda violencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
- El completo restablecimiento del orden constitucional, incluyendo la restitución de sus plenos poderes a la Asamblea Nacional y el respeto a la separación de los poderes.
- El cese de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en los términos en los que ha sido concebida.
- El establecimiento de un calendario electoral, incluyendo los regionales, los locales y el presidencial, según las normas constitucionales venezolanas, con el acompañamiento de observadores internacionales independientes.
- La apertura de un canal humanitario para contribuir, con alimentos y medicinas, a paliar la emergencia que vive el pueblo venezolano.
- La creación de un Grupo y/u otro mecanismo de facilitación que pueda acompañar un nuevo proceso de diálogo efectivo entre los venezolanos, así como su plena disposición a ayudar en sus objetivos y trabajos.
Cancún, 19 de junio de 2017