La comunidad internacional no reconocerá la legitimidad de la ANC, ni ningún gobierno surgido de allí, lo que no permitirá al oficialismo nuevos financiamientos extranjeros.
Aparte de los objetivos políticos que tiene como fundamento haber propuesto una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de parte del oficialismo, los distintos sectores que pugnan por el control de la misma, anuncian también persecución, destitución, encarcelamientos, allanamientos, como forma de retaliación e instauración de una etapa de “terror estatal” contra la población que ha estado sumada a la protesta durante estos últimos meses.
Pero un factor de peso en haber invocado la ANC, es el asunto económico. Como bien se sabe, la Asamblea Nacional (AN), que goza del respaldo y reconocimiento internacional, al tener la legitimidad de origen con los votos de una enorme mayoría de venezolanos el pasado 6 de diciembre de 2015, tiene según la Constitución, la facultad de aprobar o no, los negocios que la República realice con otros países, bancos internacionales, entes multilaterales, sobre todo con la emisión de deuda. El oficialismo, al no tener control sobre la misma, y no realizar negociaciones con ésta, ha tenido enormes dificultades para lograr nuevos financiamientos, ya que los factores extranjeros no se atreven a realizar negocios directamente con el Ejecutivo, a pesar que insiste que la AN está en desacato, según decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nombrado por la anterior AN, sin cumplir con los requisitos de Ley para designar magistrados, hoy cuestionados y señalados por la propia Fiscal General de la República.
Se ha planteado el sector radical del PSUV, que tiene control de Miraflores, aun sobre el TSJ, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, que sustituyendo la AN, con la ANC, en un proceso electoral, que ha sido señalado de fraudulento, por no contar con bases comiciales acorde a la realidad electoral de la población, además de introducir elementos corporativos, podrá eliminar la AN, para que a través de la ANC, saltar el obstáculo que le impide lograr nueva emisión de deuda que daría nuevos recursos a Venezuela, con los cuales se seguiría financiando el PIB de Cuba, misión que tiene la actual administración.
El desespero del Ejecutivo es tal que han estado rematando los activos financieros del Banco Central de Venezuela (BCV), con descuentos de hasta 80%, tal como se disponen ahora a vender bonos de deuda de 2018, al banco de inversión japonés Nomura, así como hicieron recientemente con Goldman Sachs, a través de terceros con bonos que vencen en 2022, con descuento de 69%. La apuesta del oficialismo es que si logran eliminar la legitimidad de la AN, tendrían una nueva instancia que legalmente les permitirá seguir endeudando al país.
Hasta ahora, tal apuesta la podría perder el factor oficialista, debido a que ya existe en el debate de los entes internacionales, como la OEA y Unasur, la determinación de que si el proceso “constituyente” se lleva a cabo, con las condiciones actuales, sin que se haya hecho el referendo consultivo previo, como lo reza la Constitución actual, el mundo no reconocerá ningún gobierno o instancia de poder surgida de esa ANC, por ilegal, lo que al mismo tiempo, no sólo no permitiría el objetivo de obtener nuevos recursos por la vía del endeudamiento, sino que aislará mucho más a Venezuela, afectando terriblemente la situación económica que ya tiene hundida en pobreza general a casi 80% de la población.
Foto Archivo ENPaísZeta