Los obispos venezolanos tiene un objetivo inmediato: defender a la fiscal general, Luisa Ortega. La cabeza del Ministerio Público enfrenta un proceso de destitución empujado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante esto, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal trabaja en un pronunciamiento de respaldo a la funcionaria, según reveló el arzobispo Roberto Lückert en conversación exclusiva con el Vatican Insider.
Carlos Zapata / La Stampa
La fiscal, hasta hace poco abiertamente afecta al oficialismo, tuvo un inédito cambio de posición ante el proyecto de Maduro de avanzar en la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, según los obispos, busca “legalizar la dictadura militar y marxista”. Esto mientras superan 80 días de protestas opositoras en las calles y represión, que han provocado decenas de muertos, en su mayoría jóvenes y niños.
Calificado por el diputado oficialista y ex vicepresidente Diosdado Cabello como “enemigo público del gobierno”, el arzobispo Roberto Lückert emitió el 17 de junio un comunicado en el que le recordó al poder judicial su independencia ante los demás poderes.
En el escrito de apenas una cuartilla, respaldado por la comisión de Justicia y Paz, se solidarizó con las personas que han sido víctimas de atropello en sus residencias familiares, “donde son agredidas sin distinguir localidades ni individuos”. También hizo un llamado al Consejo Moral Republicano a “defender y respetar la garantía de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”.
Al mismo tiempo, exhortó a tomar acciones legales contra los agentes públicos involucrados en hechos de violencia, “para hacer efectiva las responsabilidades civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido dichos funcionarios con motivo del ejercicio de sus funciones”.
Lückert, arzobispo emérito de Coro y ex presidente del episcopado, adelantó que si los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia aprueban la destitución de la fiscal, se emitirá de inmediato “otro comunicado de la comisión denunciando el atropello, pues la atacan simplemente porque no se les acomoda a sus intereses dictatoriales”.
El martes 20 de junio la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó el antejuicio de mérito contra la funcionaria, argumentando que ha cometido “faltas graves en el ejercicio de su cargo”. El proceso, primer paso para la destitución, fue impulsado por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pidió al Tribunal Supremo la congelación de los activos y la prohibición de salida del país de Ortega. En paralelo, la Asamblea Nacional activó el Comité de Postulaciones Judiciales, un paso necesario para la remoción y nombramiento de nuevos magistrados del TSJ.
Para el constitucionalista José Vicente Haro, el proceso del antejuicio “se ha iniciado con graves irregularidades” y “errores de fondo”, porque “se trata de un juicio exclusivamente político, donde se le pretende criminalizar e imponer sanción penal por defender la Constitución”. Recordó que el Tribunal no puede destituir a la Fiscal ni siquiera por “insania mental”.
Ortega se ha vuelto incómoda para el oficialismo tras emprender acciones legales en defensa de la Constitución, así como recursos contra la convocatoria de la Constituyente.
Asimismo, la oposición en la Asamblea Nacional activó el artículo 350 constitucional que avala la desobediencia. “Algo que en la práctica debe entenderse como el ejercicio del derecho a manifestar y el deber de toda autoridad de hacer lo posible para que se restablezca la vigencia de la Constitución”, indicó Haro.
La siguiente fase, abundó, será “el desconocimiento de cada autoridad que viole la Constitución, pero debe hacerse con el respaldo de acuerdos parlamentarios que dejen en claro esa situación. Se debe desconocer, pero también proponer una ‘reinstitucionalización del Estado’ para defensa de la nación”.
El abogado recordó que la fiscal giró orden de captura contra “29 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), considerados como “los responsables de las de tantas decenas de jóvenes venezolanos” y que ella misma “no ha querido ejecutar”.
Destacó igualmente que “la Iglesia siempre ha jugado un papel importante en la sociedad venezolana” como “orientadora de la conciencia”. Y destacó el activo rol del episcopado al orientar, denunciar e instar al cumplimiento de las leyes frente a la violación sistemática de los derechos humanos”.
Más adelante, aseguró que de instalarse la Constituyente propuesta por Maduro se viviría “otro de los capítulos más negros de la historia venezolana” porque el presidente pretende rescatar una reforma constitucional rechazada en 2007 y que la Iglesia calificó de “moralmente inaceptable”.
Para el abogado constitucionalista, Maduro procederia a destituir a la fiscal y eso podría ser el anticipo de otras decisiones similares. “Vamos a ver lo mismo que ocurrió en 1999: remoción de alcaldes y gobernadores, lo que aumentaría de forma exponencial la conflictividad política de los venezolanos”, estableció.
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