El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez quería ver a las FARC triunfar y autorizó el libre transito de drogas por el país para ayudar a financiar a los rebeles. Pero la estrategia desarrolló un efecto contrario, y en vez de impulsar al movimiento guerrillero colombiano a llegar al poder a través de las armas, fue el narcotráfico el que terminó apoderándose del Estado en Venezuela.
Por Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
Un informe presentado el lunes en Washington por el American Enterprise Institute reveló que en Venezuela impera un narcoestado, en el que elementos del gobierno nacional administran y respaldan operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, respaldo a los movimientos guerrilleros y de corrupción.
Es una perversa situación que está destruyendo a Venezuela y que se mantiene ahora bajo la dirección de Nicolás Maduro en la presidencia, dijo el senador federal Marco Rubio al inaugurar la ceremonia de presentación del informe “El Combate de las Organizaciones Transnacionales del Crimen Organizado en las Américas”.
“Nosotros vemos al gobierno de Maduro no sólo como una dictadura, sino también como una organización criminal”, manifestó Rubio.
Sin embargo, la relación entre el narcotráfico y el Estado de Venezuela tiene sus orígenes unos 12 años atrás, durante el gobierno de Chávez, resaltó el informe presentado por Roger Noriega, ex secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental.
Según el informe, Venezuela siempre fue un pasillo natural para las exportaciones de cocaína provenientes de Colombia hacia Europa y Estados Unidos.
Pero “ese tráfico explotó a finales del 2005 cuando Chávez decidió intensificar el respaldo de su régimen a la guerrilla, convirtiendo a Venezuela en un importante centro de distribución para la cocaína producida por las FARC y por otros grupos de narcotraficantes”, indica el informe.
El documento de 64 páginas cita el testimonio de un desertor chavista quien dijo a las autoridades estadounidenses que estuvo presente en una reunión clandestina realizada en el estado Barinas.
En esa reunión, “Chávez personalmente comprometió millones de las arcas de PDVSA [la estatal petrolera venezolana] a los comandantes de las FARC para financiar sus operaciones ofensivas contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe”, resalta el estudio.
La motivación de Chávez era principalmente política, indica el estudio, pero la decisión terminó desvirtuando la naturaleza de su movimiento.
“Al asumir un papel directo en las operaciones de comercialización de drogas de la cocaína de las FARC, convirtió su gobierno en un emprendimiento criminal. En ese período, los líderes chavistas de más alto nivel comenzaron a estar más interesados en el mantenimiento de estas operaciones lucrativas de corrupción que en gobernar o en administrar la economía”, afirma el documento.
Una década después, Venezuela terminó convirtiéndose en una gran máquina de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, donde funcionarios gubernamentales usan las entidades de gobierno para sus operaciones delictivas.
Las operaciones estatales de narcotráfico utilizan instalaciones, personal y equipos militares para facilitar el transporte de drogas desde Bolivia, Colombia y Ecuador a el Caribe y Centroamérica, para llegar finalmente a México, Estados Unidos y Europa, según el informe.
Según estimaciones oficiales, cerca de 200 toneladas métricas de cocaína pasan por Venezuela anualmente, y cerca de dos tercios de ese total va destino a Estados Unidos, señaló el documento.
Son miles de millones de dólares los generados en Venezuela a través de la desenfrenada corrupción y narcotráfico, que han terminado bajo la administración de una amplia base de testaferros.
Según el estudio, montos significativos de ese dinero se colocaron en bonos denominados en dólares de PDVSA, en bienes raíces, bonos negociables, depósitos bancarios en efectivos y empresas compradas en el exterior.
“Muchos de estos activos están en Estados Unidos o están depositados en cuentas denominadas en dólares, lo cual hace que puedan ser sometidos a medidas legales”, resalta el informe.
“La DEA [la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos] y fiscales federales en media docena de jurisdicciones han invertido recursos financieros sustanciales en investigar los casos judiciales contra estos individuos”, expresa el documento.
El estudio hace un recuento de los casos más sonados abiertos en Estados Unidos contra altos funcionarios del chavismo, resumiendo la situación con los sobrinos de la pareja presidencial, quienes fueron arrestados por intentar colocar 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos.
También hace mención de los casos presentados contra altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas y la inclusión en la lista negra del Departamento del Tesoro del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, y de su presunto testaferro, Samark López.
Al realizar el anuncio, el Departamento del Tesoro indicó que El Aissami es un importante operador del narcotráfico internacional. Las autoridades estiman que su fortuna personal supera los $3,000 millones.
El informe también cita el caso de Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien ha sido identificado por ex funcionarios del chavismo como el máximo jefe del Cartel de Los Soles, la organización de droga operada por militares que controla gran parte del narcotráfico en Venezuela.