Después de una combativa resistencia de más de tres meses, la Asamblea Nacional junto a la Sociedad Civil ha concretado el acto de desobediencia civil mas grande que se haya visto en este continente. El 16J marcará un antes y un después en el envión que llevan los ciudadanos para recuperar la democracia.
Luego de transitar por varias alternativas para buscar una salida democrática, pacífica y constitucional, la Asamblea Nacional (AN) ha optado por realizar una consulta junto a la sociedad civil para definir el rumbo a tomar.
El comienzo
El 6/12/2015 la MUD gana la AN obteniendo 112 curules de sus 167, logrando una supermayoría (2/3 los diputados). El pánico cundió en la “moribunda” AN y con base a un dictamen sesgado del TSJ, que la autorizó a celebrar sesiones extraordinarias, nombraron, con profundas faltas de procedimiento, a 13 magistrados y 21 suplentes de dicho tribunal. El mismo TSJ, con esos magistrados express, suspendió las elecciones del Estado Amazonas y le quitó a la nueva AN su supermayoría de 2/3 de curules. También ratificaron en sus cargo a las rectoras del CNE que tenían sus períodos vencidos. Maduro calificó el triunfo de la MUD como “un golpe electoral” y se declaró en “rebelión frente a la amenaza del desmantelamiento de la patria” – léase la revolución.
La salida
El régimen en la práctica despojó a la AN de sus competencias, al utilizar al TSJ para declarar inconstitucionaes las leyes que aprobaba. Y al final, el TSJ declaró a la AN en desacato -figura jurídica solo aplicable a las personas- por lo que ningún acto de ella era constitucional, según el TSJ.
Los opositores, por su parte, probaron varias alternativas para salir del régimen, como quería la mayoría de los venezolanos: desde declarar por incompetencia el abandono del cargo de Maduro hasta impulsar un referendo revocatorio (RR) contra él, que fue escamoteado por el régimen. Pero fue el mismo TSJ, a fines de marzo de 2017, el que pasó la raya roja al institucionalizar en un par de sentencias el despojo de las competencias de la AN y apropiárselas. Esto fue considerado como un Golpe de Estado por la comunidad internacional e incluso por la Fiscal General, lo que concitó un repudio internacional y desató una serie de protestas que han consumido más de un tercio de este año.
La resistencia
Desde “la toma de Venezuela” , en octubre pasado, en rechazó a la suspensión del Referendo Revocatorio, la oposición se había desmovilizado, al haber enfriado la calle y optado por un diálogo que fracasó. Pero el 1º de abril sale a manifestar masivamente contra el Golpe de Estado dado por el TSJ. Entonces comienza la resistencia pacífica, pero activa.
Maduro en vez de atemperar el vendaval optó por lo que ya había anunciado: profundizar la revolución y el 3 de mayo presenta ante el CNE la solicitud formal para una Constituyente Comunal (CC).
Plebiscito
La mayoría de los gobiernos de la región han mostrado grave preocupación y una decena de ellos piden a Maduro que suspenda la CC, pues ven en ella el mayor obstáculo para que el país no entre en un escenario que para algunos sería la somalización y para otros una guerra civil a lo sirio. Pero Maduro prosigue con su empeño de imponer un modelo cubano. La Fiscal General recusa la CC ante el TSJ con base a “el artículo 5 de la Constitución” referido a que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo; el 6 … que contempla el derecho al sufragio” y por la vulneración de los “principios de la democracia participativa y protagónica, así como la progresividad de los Derechos Humanos (DD.HH)”. Pero el TSJ se niega a considerar su petición.
El 2 de julio, se firma el “Acuerdo de la Sociedad para Avanzar en el Rescate de la Democracia y la Constitución” con la participación de la MUD y sectores de la sociedad civil. Se anuncia una consulta popular, con base a los artículos 5, 62, 70 y 187 numeral 4 de la Constitución, para que los ciudadanos, en tres preguntas, rechacen o aprueben la instalación de la CC de Maduro, respalden o no su continuidad en el poder y apoyen o no un Gobierno de Unión Nacional y elecciones para restituir el orden constitucional.
El día después
El 16J, el ciudadano al pronunciarse en unos 2.000 puntos soberanos (centros electorales) en Venezuela y en más de 100 ciudades del exterior, participa en un acto de desobediencia civil de dimensiones nunca antes vistas en la región.
Con el éxito de la convocatoria, la Constituyente quedaría deslegitimada, que es la primera pregunta. Si Maduro insiste, se activaría la fase superior de lucha. En este sentido, la segunda pregunta emplaza a los militares “y a todo funcionario público a obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la AN”. Pero más que eso la tercera inviste a la AN de un mandato para renovar “los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional”.
Fase superior
Con este mandato, la AN “… adoptará las decisiones jurídicas” para aplicar “ el artículo 333 … para la reconstrucción democrática …, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los DD.HH y la justicia social”.
Entonces, al menos la AN deberá revisar, como lo está haciendo, el caso de los magistrados express del TSJ así como otros nombramientos que no cumplieron con los requisitos legales, nombrar dos nuevos rectores del CNE por las que ya tienen su periodo vencido, e inclusive podría hacerlo con el Defensor del Pueblo, descalificado internacionalmente, así como con el nepótico Contralor Nacional.
¿Hasta dónde?
La AN puede y debe ir más allá, ya que el mandato obliga a realizar elecciones libres y un gobierno de unidad nacional. ¿Hasta dónde irá la AN?, eso depende de la 2ªpregunta, es decir de los militares. Si no se suman y Maduro impone su CC, esta consulta será la base para un poder democrático alternativo que será plataforma para continuar la lucha nacional e internacional.
La consulta del 16J es un masivo acto de desobediencia civil, con base a la aplicación del artículo 333, que obliga a los ciudadanos a restituir la vigencia de la constitución y el 350 que estable el derecho a rebelarse contra el régimen. Pero en últimas el éxito “dependerá fundamentalmente de la participación masiva y valiente de todos” nos dice Ángel Oropeza, Secretario Político de la MUD. Claro, el régimen tratará por todos los medios de evitar esta consulta y descalificarla.