La humanidad civilizada está pendiente de lo que ocurrirá los próximos días en Venezuela, escenario de un choque posiblemente final entre el vetusto estalinismo castro-madurista y la unidad del país democrático, fuerzas que librarán una batalla que definirá la política de toda América Latina.
Cuando esta edición de Zeta sea colocada en los kioscos el viernes 21 de julio, estaremos a diez días del gran choque entre la democracia como la entendemos en la civilización occidental y el residuo de estalinismo ruso que en su modalidad castro-comunista sobrevive en Cuba. Este acontecimiento conmoverá al mundo, aunque su resultado está previsto.
El estalinismo sólo sobrevive en Bielorrusia, Cuba y Venezuela. En este último país, bajo la forma de colonia cubana gobernada a través de una alianza del representante castrista, Nicolás Maduro, con tres factores de poder local: un rusófilo ministro de la Defensa, un agente del fundamentalismo islámico en el rol de vicepresidente y un clan de generales enriquecidos con el tráfico de cocaína colombiana a través de puertos venezolanos. Esta asociación que sostiene al régimen es al mismo tiempo la vulnerabilidad que le hace inviable, pues los poderes reales de Occidente consideran llegado el momento de reincorporar Venezuela a la región del planeta donde geopolíticamente está integrada. ¿Por qué esta decisión no se había tomado antes en Bruselas y Washington? En primer lugar, porque la mecánica democrática a respetar en Occidente exigió esperar a que las mayorías se le desafectaran al régimen, y en segundo lugar porque la abundancia dineraria de que éste régimen gozó en su primera etapa le sirvió para comprar aliados públicos y privados en la comunidad internacional. Dadas, en los últimos años, las condiciones para el cambio político, éste se ha hecho urgente por la crudeza represiva del régimen -que espanta a la opinión mundial-, la ruina financiera debida a la incapacidad y rapacidad de los administradores del Estado -que si no espanta por lo menos asombra, dado que se trataba de una economía saludable dentro del marco regional-, y la primitiva estrategia de unos gobernantes políticamente torpes que cegados por su afán de enriquecimiento desmedido han profundizado en prácticas suicidas, como la protección al narcotráfico y el respaldo al terrorismo islámico.
Otro factor que ha demorado el tránsito ha sido la pugna entre los distintos intereses de América y Europa. Ambos poderes han marcado el ritmo de unas negociaciones con Cuba donde Venezuela es el objetivo real. Castro ha jugado entre uno y otro aspirante, pero esa táctica parece agotada con un acuerdo entre el cubano y la Unión Europea que incluye un cambio político progresivo en Venezuela. Este acuerdo, concretado a principios de este mes de julio, es respondido por Estados Unidos con una directa intervención del presidente Trump para, sin reparar en métodos, bloquear el intento de establecer en Venezuela un definitivo estalinismo mediante un cambio constitucional en Venezuela. Un enorme yacimiento de gas y petróleo que Exxon Mobil encontró en las bocas del Orinoco agiliza la conducta de Washington -Exxon Mobil es la empresa a la cual corresponde Rex Tillerson, conductor de la política internacional de Estados Unidos y ex presidente de esa petrolera hasta diciembre del 2016.
Dentro del patrón democrático occidental, el inequívoco repudio colectivo es condición sine qua non para una acción colectiva capaz de lograr el cambio. Para concretar este repudio que era difuso, los factores importantes en la Oposición han superado sus diferencias, uniéndose en una Mesa de Unidad Democrática para conquistar y mantener posiciones como la Asamblea Nacional. A partir del momento en que logra mayoría en este máximo órgano legislativo, diciembre de 2015, las condiciones de la lucha formalmente se emparejaron. Pero el Ejecutivo desconoció las atribuciones del Legislativo y procedió a asfixiarlo con métodos que incluyeron la invasión del recinto parlamentario por bandas armadas que maltrataron físicamente a los legisladores. Maduro trató de aprovechar el juego de ambiciones entre figuras de la Oposición, pero la alianza entre la tendencia conservadora (Primero Justicia) y la socialdemocracia (Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Alianza Bravo Pueblo), ha fortalecido a la Mesa de la Unidad Democrática y en consecuencia a la institución parlamentaria. La oportuna toma de conciencia unitaria permitió a la Asamblea Nacional realizar el domingo pasado una Consulta Popular -pautada en la Constitución- que concretó en cifras mayoritarias el repudio al presidente Maduro, condenó la desnaturalización de la Fuerza Armada y apoyó la reinstitucionalización del país por la vía parlamentaria. Este acuerdo político se consolidó el siguiente miércoles 19 con el anuncio de un Compromiso Unitario para la Gobernabilidad que compromete a las grandes corrientes ideológicas y partidistas en un pacto para seguir unidas en la fase final del proceso de cambio y en la etapa subsiguiente de emergencia humanitaria -en la cual el país ya está técnicamente inmerso-, previa a los que serán años de reconstrucción de un país funcional. De este acuerdo sólo están aparentemente autoexcluidas dos individualidades importantes: Henrique Capriles, quien no acepta el compromiso de no reelección presidencial contenido en el Acuerdo, y María Corina Machado, por razones que no se han precisado aunque se sabe corresponden a su aspiración candidatural. El resto, grueso del país opositor, está comprometido a trabajar para lograr un cambio político pacífico y democrático, y luego emprender la reconstrucción del país sobre la base de no repetir errores del pasado.
Es así como el país democrático y el estalinismo caribeño se preparan para el gran choque del 30 de julio, día en el cual Nicolás Maduro intentará bloquear el cambio político mediante una nueva Constitución calcada de la que rigió en la desaparecida Unión Soviética, la cual ha sido universalmente objetada por su método para imponerse y por su contenido anacrónico. Para entonces la Asamblea Nacional habrá ejercido su derecho constitucional a nombrar nuevos Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral. El choque de Gobierno estalinista y Oposición democrática dará lugar a dos gobiernos paralelos. Los grandes poderes internacionales están listos a intervenir para que esta confrontación no degenere en una guerra civil con tendencia a metástasis en Sur América y el Caribe.