Para pagar sueldos del Estado no hay dinero

Para pagar las nóminas públicas, sólo en salarios mínimos, sin tomar en cuenta los beneficios de Ley, la administración Maduro requiere mensualmente 1,13 billones de bolívares y el SENIAT sólo logra recoger 0,82 billones al mes, lo que ha hecho que los aumentos de sueldo llegan a los seis meses, ya devaluados a 75% de los trabajadores estatales, los cuales se hunden en la pobreza aceleradamente.

La administración Maduro acaba de anunciar un aumento de sueldos para policías de al menos 80%, en el marco de la ola de protestas que ocurren en Venezuela desde hace más de tres meses debido a la conflictividad política y social. La gente reclama por falta de gas doméstico, por el altísimo costo de la vida, la escasez de bienes y servicios provocada por el mismo Ejecutivo debido a su gestión contra el sector privado venezolano, además del control de divisas y la escasez de estas mismas, asunto que no permite reponer inventarios, reactivar campos para la producción, importar materias primas para la manufactura y la agro industria, lo que ha hundido a las empresas privadas a sostener menos de 20% de la capacidad instalada en funcionamiento. Llevó igualmente a gran parte del Estado, en los gobiernos locales y regionales sobre todo, a entrar en impagos y retrasos con las nóminas públicas, siendo este sector el mayor empleador que por ahora se tiene. Llevó igualmente a producirse una parálisis parcial de gran parte de las operaciones de gobierno por falta de recursos económicos.

En la práctica no existe el BCV

Como en situaciones anteriores se ha descrito, la administración Maduro aplica los decretos de aumentos de sueldos y salarios, sin tomar en consideración si existen recursos para aplicarlos. De allí que tanto el Ejecutivo, como los gobiernos regionales y municipales, se mantienen atrasados para realizar los pagos correspondientes y la razón es que el Banco Central de Venezuela (BCV) no funciona de manera autónoma, sino que su directorio responde a las directrices de Miraflores, lo cual es prácticamente obedecer al lineamiento político que en materia económica se imparte desde La Habana. Desde 2005, se comenzó a inflar en Venezuela una burbuja de bolívares, es decir se adoptó la expansión monetaria o lo que actualmente técnicos de bancos centrales denominan la “flexibilización cuantitativa”.

En el caso venezolano, esa anomalía tenía un sólo fin: financiar el déficit estatal, cuyo presupuesto estaba orientado en más de 60%, para lo que el chavismo denominó, el “gasto social”, que en otras palabras, era subvencionar masas de personas, en su enorme mayoría militantes del llamado “proceso revolucionario”, o lo que es lo mismo, mantener el clientelismo del partido de gobierno. Esto hasta ahora no se ha superado, sino que aumentó.

Si se toma en cuenta que existen al menos unos 4,5 millones de empleados públicos, al calcular la nómina pública actualmente, sólo con salario mínimo, sin contar con los pagos de beneficios, vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, bonos de profesionalización, viáticos y otros, también sin destacar los salarios del personal calificado que tiene ingresos superiores al salario mínimo, la administración Maduro, necesitaría 1,127 billones de bolívares todos los meses para el pago de los sueldos del sector público. Al revisar los ingresos del Ejecutivo, según los reportes de este año del SENIAT, con la recaudación de impuestos, el promedio mensual de lo que este ente ha logrado es de apenas 0,821 billones de bolívares. El déficit, sólo para pagar los sueldos del sector público es de 27,15%. En esa cuenta no se considera que el Estado debe dar cobertura a otros gastos, como el endeudamiento interno, los gastos operativos para el funcionamiento de las oficinas públicas, pago de servicios públicos, dotación de materiales de oficina, equipos y repuestos para oficinas, cuerpos de policías, bomberos, escuelas, hospitales, todo lo que tiene que ver con la dotación de alimentación de los programas escolares, en fin todos los gastos que se requieren para que haya gobierno y que éste funcione eficazmente.

Con el ingreso petrolero no se puede contar, ya que en su totalidad está comprometido para el pago de deuda externa, importación de alimentos que se hace de manera precaria;  el sólo gasto en el programa Cuba-Venezuela, a través del cual se paga la presencia en el país de al menos 40 mil cubanos para las áreas de salud, deportes y recreación, exige unos 6 mil millones de dólares al año y Pdvsa apenas podría aportar al Ejecutivo unos 8 mil millones de dólares al año, haciendo grandes esfuerzos y sin que haya focos de corrupción.

La “solución” hasta ahora para sostener en el tiempo esta modalidad es lo que tiene como fundamento la altísima y acelerada inflación, porque la administración Maduro no sólo emite dinero local sin control, sino que lo hace con dos propósitos. Uno de ellos es cubrir las pérdidas de gasolina que genera Pdvsa y que el BCV financia a través del sistema monetario, emitiendo deuda que se convierte en liquidez monetaria al ser esa  la manera de pagar la nómina de la petrolera y los contratos en moneda nacional. La otra es la que se explicaba al principio y se hace para cubrir el déficit estatal. Esa tendencia se ha fortalecido, ahora con la llegada de billetes de alta denominación, los cuales pierden valor aceleradamente, mucho más rápido que cuando se aplicó el anterior cono monetario en 2008.

La implementación del nuevo cono monetario, con el fin de aumentar la cantidad de dinero en poder del BCV para poder ser usado por el gobierno para financiar su déficit, responde a que se ha tenido que dar cobertura a la demanda de dinero efectivo, ya que la burbuja en bolívares, es mucho más grande de manera electrónica, es decir, dinero que físicamente no existe, sino que está escrito o asentado en los balances del BCV, en forma de deuda del Estado y de Pdvsa, que se desconoce cómo y cuándo será pagada y que circula en todo el país, usando sólo tarjetas de débito en puntos de venta que implementan los bancos y que tiene saturado al sistema.

La emisión de dinero del mes anterior fue de casi 290%, esto significa cuadruplicar la cantidad de dinero circulante en un año, lo que indica o justifica la indetenible subida de precios, la devaluación del bolívar en el mercado paralelo y al mismo tiempo, la fuerte devaluación que el gobierno ha aplicado con el sistema Dicom, al llevar un dólar oficial hasta los 2.970 bolívares en su banda alta, devorando de inmediato, con alza de más de 300% en menos de un mes, todos los aumentos de sueldo que ha dado en los últimos seis meses. Por eso aparecen productos, como una crema dental  que un par de meses atrás se compraba en 300 bolívares a precio regulado haciendo gigantescas colas, ahora en 14 mil bolívares.

Empleados públicos empobrecidos

Los trabajadores públicos, que dependen del sueldo fijo, sufren las peores consecuencias. Si antes tenían problemas de acceder a los bienes y servicios porque no podían dedicar más de ocho horas en colas para adquirir algunos rubros que sus ingresos les permitiese, ahora deben depender de la venta de las bolsas CLAP, que el gobierno ha implementado y que en las instancias gubernamentales, en algunas, apenas puede hacerse una vez al mes, si se tiene mucha suerte.

Los aumentos de sueldo se tardan para que les lleguen hasta casi seis meses. En estos momentos, sólo 25% de la nómina pública cobra el nuevo sueldo mínimo, que sólo alcanza para 25,28% de la canasta alimentaria registrada en junio de este año, el resto se encuentra cobrando aun los sueldos anteriores.

@alexvallenilla