En medio de la gesta de la Consulta Popular del 16 de julio y las intrigas propias de la política menor, se pasa por alto la más importante gestión para que la crisis se solucione: la viabilidad de un salvoconducto que permita a los jerarcas del régimen encontrar un refugio. En estas páginas y en las de Zeta hemos hecho seguimiento al tema cuando todavía eran rumores, pero ya son gritos en el Senado de Estados Unidos, en foros como el G20 o el Mercosur y en páginas como las del Financial Times.
Hace una semana, en medio de la jornada de la Consulta Popular, el diario inglés, cuyo tratamiento de la crisis venezolana es distante y esporádico, aseguró que el viaje del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Cuba, sería aprovechado para tratar con Raúl Castro el refugio de Nicolás Maduro y sus secuaces. El neogranadino decidió hablar directamente con el dueño del circo, con la aquiescencia previa del otro factor clave, Estados Unidos. «Santos es una de las pocas personas, quizás el único, que conoce bien a los tres actores claves», aseguró una fuente conocedora de la situación al Financial Times.
«La Habana puede ofrecer de manera exitosa refugio en el exilio para los oficiales de mayor jerarquía de Maduro, quienes, con una ‘concha’ a la que huir, ya no necesitarían pelear hasta el final», señala el periódico británico.
El propio Santos terminó, indirectamente, confirmando la información. Desde La Habana, el presidente apeló a su cuenta en Twitter para mandar un mensaje a Maduro. «Reiteramos: hay que desmontar constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo». Ese fue el mensaje que transmitió a Castro, quien está urgido de llegar a un acuerdo con Occidente que le permita entregar en el 2018 un país viable a sus sucesores. Al cubano se le pone pequeño el horizonte a sus 86 años y a punto del retiro cuando Donald Trump toma una posición mucho más dura con su régimen que la desarrollada por Barack Obama. De repente, el mundo le exige que, para reinsertar a la isla, deberá desmontar la crisis venezolana.
Mediación de los obispos
Estados Unidos aprieta con una nueva serie de sanciones que ya están a la vuelta de la esquina. Apuntan, sobre todo, a Vladimir Padrino, el de las armas, y a Diosdado Cabello, el más radical. Es posible que ese mecanismo no funcione con países tan lejanos, culturalmente, como Irán o Corea del Norte. Sin embargo, en el caso de Cubazuela, sí surten efecto. No es el mismo escenario del embargo hace casi sesenta años. Aquello era una revolución vigorosa, hoy es una gerentocracia. «No me quedaré mirando mientras Venezuela se desmorona», advirtió Trump a principios de semana. Castro tomó nota.
En el marco de esas sanciones, en el cual por primera vez se habla formalmente de la suspensión de compra de petróleo venezolano, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expuso ante el Senado estadounidense. Como es usual, su informe de la situación de Venezuela demuestra que está más claro que la mayoría de los dirigientes locales, pendientes de intrigas de bar. El diplomático uruguayo reiteró que se espera el reconocimiento a la Asamblea Nacional y la restitución del hilo democrático. Sin embargo, el punto clave de la intervención fue el reconocimiento de que existen esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto, con la participación clave de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Almagro comenzó por hacer suyas las palabras de los obispos venezolanos sobre la Asamblea Nacional Constituyente. «El mencionado proceso constituyente busca imponer un régimen dictatorial en el país», dijeron los obispos venezolanos y el secretario general de la OEA lo suscribió. Luego, el uruguayo informó que «estamos en una etapa de esfuerzos de mediación (de la comunidad internacional)(…). En este contexto, la institución que está en la mejor condición para actuar es la Conferencia Episcopal porque es venezolana, como hemos dicho, porque conoce el sentir popular, porque conoce mejor que nadie la historia de este proceso y por su inmensa autoridad moral».
Esto ocurrió el jueves. El viernes, se reunieron los presidentes del Mercosur. Sacaron un comunicado conjunto «los estados partes del Mercosur y los Estados Asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México (…)». En el texto llaman a la concordia, a «no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más (…) o agravar conflictos institucionales» (dígase, la Constituyente) y a permitir «una concertación política creíble».
En este punto, lo determinante es que, entre los estados partes, se encuentra Bolivia. Al momento de escribir este informe, los bolivianos no se habían desmarcado del comunicado, aunque apoyaran al régimen madurista en su intervención en la reunión. Evo Morales se encontraba regresando de una visita a Cuba, país que ejerce sobre La Paz una influencia parecida a la que ejerce sobre Caracas.
Mauricio Macri, presidente de Argentina, informó en ese mismo foro que «trabajamos en la pronta conformación de un grupo de contacto que ayude a buscar una solución en la crisis en Venezuela».
Negociación no es diálogo
El salvoconducto ya empieza a planear sobre la dirigencia venezolana. En entrevista con El Nuevo País, Freddy Guevara, coordinador del partido de Leaopoldo López, asegura que una negociación es posible siempre que sea para asegurar un cambio de régimen. En este punto, vale destacar a nuestros lectores que negociación no es diálogo. Con los secuestradores se negocia, no se dialoga. Menos, si sólo se busca apagar el clamor de la calle. «Si Maduro quiere que nos sentemos a dialogar para enfriar la calle, que se olvide», aseguró esta semana el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos.