Una serie de acciones se están dando a nivel internacional en relación a la crisis que vive el país. La OEA y Mercosur volvieron a considerar el caso venezolano y en ambos la mayoría de los países consideró inoportuna la realización de Asamblea Nacional Constituyente. Pero también el tema de las violaciones de los derechos humanos y la corrupción han sido tocados en Washington.
De diferentes formas la Comuni-dad Internacional está haciendo escuchar su voz en relación a la crisis que vivimos en Venezuela. Desde Washington hasta Bruselas se le manda un mensaje al régimen sobre los peligros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La OEA
Por sexta vez el tema de la crisis venezolana es tratado en la OEA. Trece países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú) firmaron un comunicado donde expresan su “…profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático en Venezuela, la agudización de la crisis, el aumento de la violencia” y hacen “un llamado al respeto de los derechos humanos (DD.HH.) y al orden constitucional… incluyendo la separación de poderes” y condenan “el ataque a la Asamblea Nacional y otros actos de violencia”. Y categóricamente instan: “…a suspender el proceso hacia una ANC que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”.
Para el embajador de México ante la OEA “la solución … debe partir de un proceso de acercamiento político y negociación entre venezolanos: iniciando con la reconsideración, … de la convocatoria a ANC”. Pero fue más allá al postular: “La no intervención no puede ser excusa para violar la democracia y los DDHH en Venezuela”, lo que muestra la evolución de la famosa doctrina mexicana o Estrada, que postula una visión muy cerrada del principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos.
Para el embajador colombiano, en este momento de crispación política “No es el momento para la constituyente”. Para él hay que atender a la situación de Venezuela pues ella compromete el bienestar de toda la región. Para González “El silencio no es una opción”. Por eso, la importancia de esta reunión aunque no terminó con alguna resolución sobre el tema. De nuevo Caricom y la ALBA bloquearon la iniciativa de los 13 gobiernos latinoamericanos. Entre los bloqueadores destacaron República Dominicana, con la justificación de que ese tema no debía ser tratado en esta instancia pues ya estaba ubicado al nivel de Cancilleres y el de Ecuador, que irónicamente argumentó que había otros temas a que dedicarse.
Bruselas
Por su parte, la jefa de la diplomacia europea mostraba la preocupación por “… las violaciones de los DD.HH., el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares” y pedía “respeto a la separación de poderes, la liberación de los opositores políticos encarcelados y cooperación externa para atender las necesidades más urgentes de la población”. Además de señalar que la “…convocatoria de una ANC es una medida controvertida, por ello se corre el riesgo de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación” y plantea la necesidad de convocar a elecciones libres.
Mercosur
Solo fueron 13 países en la OEA, pues Uruguay que regularmente conforma este grupo no se sumó. Ya había adoptado esta posición en la pasada reunión de Mercosur. Allí se opusieron a un párrafo de la declaración, que eventualmente fue eliminado. Éste decía: “Reconociendo la voluntad de millones de venezolanos, puesta de manifiesto en la reciente expresión popular organizada el 16 de julio, Mercosur exhorta al Gobierno venezolano a no llevar a cabo la Asamblea Constituyente …”. Y fue remplazado por “Exhorta al Gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”. Hubo mucha presión de los partidos izquierdistas de la coalición que gobierna Uruguay, los cuales pertenecen al Foro de San Pablo, que apoya al régimen y a la Constituyente. También, ese día, los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay convocaron a Venezuela para “las consultas pertinentes con miras a apoyar el restablecimiento del orden democrático”, sin haberse recibido respuesta.
Washington
Mientras en la OEA no se tomaron medidas, a pocas cuadras de allí, la Casa Blanca anunciaba que 13 funcionarios del régimen habían sido sancionados. Por estar involucrados en corrupción, narcotráfico, violación de los DD.HH o el deterioro de la democracia.
La lista está encabezada por Tibisay Lucena del CNE; Elías Jaua, jefe de la comisión presidencial constituyente; Tarek William Saab, Defensor del Pueblo; gen. Néstor Luis Reverol ministro de Interior y Justicia, sobre el cual ya pesa orden de captura por narcotráfico; gen. Carlos Alfredo Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); gen. Franklin García Duque exdirector de la PNB; gen. Sergio Rivero Marcano, comandante de la Guardia Nacional; el gen. Jesús Suárez Chourio comandante general del Ejército; Carlos Erick Malpica tesorero nacional; Alejandro Fleming, ministro de Comercio; Rocco Albisinni ,presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior; Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas de PDVSA; e Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios. Con estos 13 van 34 sancionados por la OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros) del Departamento de Tesoro, cuyos bienes están congelados en EE.UU. y sus visas canceladas, más la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones comerciales y financieras con ellos. Estas sanciones son una abreboca de las sanciones económicas “rápidas y firmes” que Donald Trump prometió de consumarse la instalación del la ANC.
La Haya
Quien sí tomó acciones contra el régimen fue Almagro, al anunciar que llevaría a Maduro a la Corte Internacional de Justicia. En conferencia en el Centro Latinoamericano del Atlantic Council, anunció: “…vamos a dar un paso institucional importante para seguir analizando si los crímenes que ha cometido el régimen (de Maduro), especialmente tortura, son tipificables conforme al Estatuto de Roma, y por lo tanto susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional (CPI)”. Y lo ratificó en la reciente reunión del Consejo Permanente. Vale decir que en esta decisión mucho influyeron los informes y el trabajo del Instituto checo de estudios sobre América Latina CASLA, que dirige la venezolana Tamara Sujú. En todo caso Luis Moreno Campo, ex fiscal jefe de la CPI, comenzará a asesorar al Secretario General de la OEA en esta materia. Aquí lo interesante es no a quienes sancionaron sino a quienes no, por ejemplo a Diosdado Cabello o a Padrino López.