La Policía Nacional colombiana está preparada con equipos antimotines, se espera que la ola de inmigrantes venezolanos buscando comida se convierta en factor de perturbación del orden público después del 30-J. Los operadores cambiarios hablan de un dólar en 30 mil bolívares y los que viven del contrabando de gasolina se inquietan ante las amenazas de que por sanciones extranjeras en Venezuela se desplome la producción de combustibles, con lo que se sostienen 80 mil familias de la región.
La incertidumbre que se ha apoderado del país, respecto a lo que pudiera ocurrir de llevarse a cabo la elección de una asamblea nacional constituyente, convocada por el mandatario Nicolás Maduro sin cumplir con el primer requisito para que la misma tenga la legalidad, el de un referendo previo para consultar a la población si está de acuerdo con una reforma constitucional como vía para resolver la crisis económica, política y social que hay en Venezuela, afecta en las últimas semanas todos los precios en todos los mercados.
El riesgo país se dispara al alza, la desconfianza se hace más intensa y produce una descomunal caída del valor de los bonos de la deuda de Venezuela y de Pdvsa. El dólar en los mercados no autorizados sigue al alza, el aumento de precios de los alimentos se hace indetenible y aumenta los niveles del hambre, se produce una estampida de decenas de miles de ciudadanos a través de la frontera a Colombia. Las autoridades colombianas, ataviadas con equipos antimotines en la ciudad de Cúcuta, reciben a los connacionales que huyen despavoridos a lo que ven como un inminente “cataclismo” de dimensiones grandes según lo que pudiese ocurrir en las próximas 72 horas en este país.
Huyen los inversores
El desplome del valor de los bonos de la deuda, envía un claro mensaje. Los inversores temen lo peor, desde una situación de confrontación interna de mayor intensidad, a la vivida en los últimos tres meses y hasta las sanciones económicas, que según voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, así como de congresistas norteamericanos, EEUU estudia aplicar no sólo a funcionarios venezolanos que están señalados de tener fortunas en ese país a través de interpuestas personas, sino de haber utilizado el sistema financiero de esa nación, para lavar recursos provenientes del narcotráfico y la corrupción.
La caída del valor de los títulos de deuda de Venezuela se ha profundizado, el mercado huye de estos bonos. Comenzando el mes de julio, ya había un fuerte retroceso de -8,06% acumulado desde que el oficialismo anuncia la conformación de una asamblea constituyente, lanzando una campaña electoral con mensajes y candidatos nada claros, que no muestran convicción para asumir los cambios que prometen en áreas sensibles como la economía, la producción y distribución de alimentos en el país, el mercado, el control de cambios, la banca, etc. Además se le suma la gran cantidad de amenazas del sector que es dominado por un grupo de militares que ya ha sido sancionado y que ocupa cargos importantes, dirección de cuerpos policiales y cuyo grupo enfila sus baterías contra la Fiscal General Luisa Ortega, amenazada con ser destituida, así como la disolución de la Asamblea Nacional (AN), y la entrega de las funciones legislativas, de control y supervisión del gobierno a lo que sería un nuevo parlamento emergente, como el “congresillo” que funcionó en 1999, cuando se hizo una asamblea constituyente para cambiar la Constitución de 1961.
La crisis política, que es un factor que ha generado perturbación, inestabilidad y una ola de protestas y motines durante tres meses en todas las poblaciones de Venezuela, no podría estabilizarse si el grupo madurista sigue adelante con el proyecto que se ha planteado, puesto que políticamente no tendría respaldo de 85% de la población, según importantes encuestas. El partido del gobierno, el PSUV, tendrá que hacer enormes esfuerzos para superar la votación que la Mesa de la Unidad (MUD) obtuvo el pasado domingo 16 de julio, con una consulta nacional en que se expresaron 7,5 millones de venezolanos y que ha tenido respaldo y reconocimiento internacional.
Estos factores han hecho que el mercado se vuelque a salir al precio que sea de los bonos venezolanos. Sólo entre la semana pasada y el inicio de ésta, el desplome ha sido mayor para caer -7,22% adicional de manera conjunta. Es tal la caída, que títulos como el de Pdvsa 2017N, ha perdido sólo en julio -11,60%, desde los 90,99 puntos hasta 80,43, registrado el pasado martes; se trata de un bono que ya sería liquidado este año y que los inversionistas deberían tener en sus carteras y esto revela la fuerte aversión contra la economía venezolana en el marco de la situación crítica que se atraviesa. En un índice general propio, que hace seguimiento al valor de los bonos de Venezuela y Pdvsa conjuntamente, el desplome sólo en el mes de julio es desde los 72,17 puntos, hasta 60,42 puntos, ello indica que el mercado estima a que el PSUV llegará hasta las últimas consecuencias con este proyecto de reforma constitucional y cambios que se propone a partir del próximo domingo.
Comida imposible de comprar
La aversión a los instrumentos venezolanos se siente también en la caída del bolívar. El dólar paralelo abrió en julio en 7.153,86 bolívares, según las casas de cambio de Cúcuta, mientras que hasta el pasado martes, el precio se ubicaba en 8.687,50 bolívares, esto es un aumento de 21,43%, sólo en las últimas tres semanas. Esta subida de precios del dólar se ha convertido en un factor perturbador y en más “gasolina para el incendio que se tiene”, debido al impacto que tiene en el precio de los alimentos que los venezolanos compran en las fronteras, tanto la colombiana como la de Brasil, lo que explica que ya en Caracas, los productos importados, como la harina de maíz, cuesta hasta 14.000 bolívares el kilo.
La subida del dólar se estima que continuará, la administración Maduro sigue presionando el mercado interno de bolívares, emitiendo dinero por la vía electrónica para cubrir el déficit estatal y las pérdidas de venta de gasolina de Pdvsa, lo que incentiva a que la población acelere la demanda de divisas como protección contra el alza de precios. Operadores cambiaros en la frontera, del lado colombiano, han estimado que después del 30 de julio, habría otra realidad en materia cambiaria y se oyen precios de hasta 30 mil bolívares por dólar de llevarse a cabo la asamblea constituyente que asumiría plenos poderes y en la que no hay confianza para que se realicen cambios esenciales para resolver la crisis económica, mientras que en el mercado de deuda y el de divisas, estiman con sus cotizaciones que el asunto empeorará.
La crisis se expande
En todo esto, el discurso del presidente Donald Trump está siendo tomado en cuenta. El nerviosismo se ha apoderado de la región occidental, los venezolanos salían el pasado fin de semana de Venezuela en decenas de miles hacia el otro país, muchos como inmigrantes y otros en busca de alimentos y medicinas. Cúcuta se encuentra tomada policialmente con equipos antimotines preventivamente.
En la región se comienza a sentir mayor crispación, si la constituyente se lleva adelante y se aplican sanciones económicas extranjeras contra Venezuela, que afecten el proceso de producción de gasolina. De ser así, el impacto en la zona se va a sentir, debido a que a lo largo de la frontera, son al menos entre unas 80 a 60 mil familias de lado y lado que viven directamente del contrabando de gasolina desde Venezuela.
La crisis venezolana amenaza con que la ola de disturbios que hay en el país, llegue al oriente de Colombia, puesto que la cantidad de “pimpineros” que trafican el combustible venezolano, podría promover conflictos. Además la falta de alimentos en el lado venezolano se acrecentaría ya que si desaparece el incentivo que genera la gasolina barata en la zona, no tendría sentido para los colombianos vender alimentos a los venezolanos a cambio de bolívares que ya no tendrían el respaldo de una contraparte, como ocurre actualmente con el combustible subsidiado.