El no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por varios Estados no es un asunto trivial. Hay consecuencias políticas, pero también económicas. Y la porfía del régimen de crear nuevas instituciones y nombrar otros altos funcionarios podría crear una irreconciliable dualidad en el Estado.
Un grupo de países que pudiera sobrepasar los 40, no solo han criticado la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sino que al verla instalarse, muchos han dejado claro que no la reconocen y en consecuencia tampoco sus decisiones.
Desconocimiento
Varios gobiernos se han pronunciado desconociendo la ANC. “EE.UU. no reconoce legitimidad de la Asamblea Constituyente. Es un producto ilegítimo de un proceso viciado diseñado por un dictador”. Para el presidente colombiano ella “… tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”. Más recientemente 12 gobiernos del continente así lo acordaron, en Lima.
No reconocer a la ANC es no reconocer cualquier forma de gobierno, legislación, gobernante o acto de gobierno emanado de ella. En especial cuando el artículo 333 de la constitución vigente dicta que ella “…no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”.
Entre las consecuencias está que la ANC no podrá eliminar las potestades de la Asamblea Nacional (AN) y traspasarlas a otro ente existente o creado, sin incurrir en consecuencias jurídicas concretas, pues al nivel internacional no sería reconocido por muchos países – como ya es el caso de los 12 países que firmaron la Declaración de Lima- e incluso por organizaciones multilaterales. Esto en lo internacional complicaría o haría írrito cualquier transacción o convenio internacional que según la Constitución de 1999 deba ser aprobado por la AN.
Efectos económicos
El artículo 187, ordinal 9, de la Constitución de 1999 le da la potestad a la AN a “Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, … Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”. Y esto ha sido una piedra en el zapato del régimen pues lo coarta en la firma contratos con trasnacionales y acuerdos entre Estados. En especial en este momento en que el régimen está ávido de divisas y quiere inversiones extranjeras en petróleo y minería (arco minero).
También complica la emisión de deudas pues según los art 311 y 312 el endeudamiento debe pasar por la AN. Incluso “las inversiones del Banco Central de Venezuela requerirán la discusión y aprobación de la AN”(art 318).
Esto asusta. El profesor Mitu Gulati, de la Universidad de Duke, estudioso de la deuda venezolana, plantea que “…si los acreedores no obtienen la aprobación legislativa para las transacciones, están en riesgo significativo de que un gobierno subsiguiente podría repudiar el acuerdo. …. es por eso que la oposición tiene una función legal tan increíblemente importante cuando el gobierno está tan débil “.
Recientemente, el presidente de la AN, escribió cartas a varias entidades internacionales informando que cualquier endeudamiento que realice el Estado “debe estar incluido y aprobado por la Ley Especial de Endeudamiento, de conformidad con el artículo 312 de la Constitución”. Entre ellas a la Corporación Andina de Fomento (CAF), la cual suspendió una operación US$440 millones.
Nombramientos
La AN es responsable de nombramientos y remociones de las cabezas de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (Art 279 ), así como los magistrados del Poder Electoral (Artículo 296) y el Tribunal Supremo de Justicia (Artículo 264,). Ya se produjo la condena a la destitución de la Fiscal General y el desconocimiento del nuevo, nombrado por la ANC, Tarek Wiliam Saab, ellos de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, y los firmantes de la declaración de Lima.
Adicionalmente, el Artículo 187, ordinal 14, da la potestad a la AN de “Autorizar el nombramiento … de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes”. Lo que podría generar que los nuevos embajadores, incluyendo el recién nombrado para la OEA, no sean reconocidos por el gobierno al que han sido asignados- el llamado exequátur.
Relaciones con dictaduras
A pesar de que muchos gobiernos han catalogado al régimen como dictadura, esto no implica un rompimiento de relaciones. Algunos lo han planteado y otros han dicho que no lo harán. EE.UU. fue claro, ellos “respetan el gobierno oficial de Venezuela y del presidente Maduro en este momento”. Tanto ellos como muchos gobiernos tienen y han tenido relaciones con gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, en la región todos tienen relaciones con Cuba.
Gobierno paralelo
La tercera pegunta del plebiscito del 16J, habla de la “conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional”. Esto ha sido interpretado por muchos como un mandato para crear un gobierno paralelo o de transición. Incluso se ha hablado de que algunos gobiernos podrían reconocer a ese gobierno. Algunos sueñan con una dualidad como lo que sucedió en Libia con un gobierno apoyado por unos países y otro por Naciones Unidas. O quizás en un gobierno en el exilio o alternativo a estados actuales. De estos han existido muchos, pero en la actualidad existen muy pocos con cierto reconocimiento y están relacionados con la ocupación de su territorio por otros estados.
En todo caso los EE.UU. fueron enfáticos al decir: “No reconocemos necesariamente gobiernos paralelos” (subrayado nuestro).
Pero se debe apuntar que es el régimen, a través de una no reconocida ANC, el que está forjando instituciones y nombrando funcionarios de alto nivel, creando un incipiente estado paralelo. Asunto que ya venía haciendo al crear estructuras paralelas a las alcaldías o gobernaciones ganadas por la MUD, así como creando el estado comunal, pero que ahora lo quiere “constitucionalizar” – asunto que desde ya está rechazado por gran parte de la comunidad internacional.