Fidel Castro impuso en Cuba un sistema que separa a la Fuerza Armada de las tareas de represión y la dirige hacia los negocios, comprando la lealtad con permisos de corrupción. Chávez siguió ese sistema y Maduro lo profundizó… a tal punto, que esa soga amenaza con romperse.
La politóloga que más conoció y estudio el castrismo, Elizabeth Burgos, ha observado en uno de sus escritos, que Fidel nunca permitió a su fuerza armada participar en labores de represión de la población. Esa tarea siempre fue encomendada a la Policía Nacional Revolucionaria, dependiente del ministerio del interior y apoyada por los CDR, Comités de Defensa de la Revolución, cuerpos civiles de vigilancia política en cada barrio. Fidel conocía muy bien el potencial de una fuerza armada poderosa, y siempre evitó entregarle demasiado poder, sobre todo en el decisorio campo represivo del que termina dependiendo todo gobierno dictatorial. Por el contrario, procuró – al igual que Chávez en Venezuela – corromper su ejército encomendándole tareas de negocios de diverso tipo.
En el pasado, la Fuerza Armada cubana fue utilizada como una mercancía que se alquila para tareas mercenarias (caso Angola). Posteriormente, la utilizó para abrir y custodiar canales de narcotráfico, que cuando fueron descubiertos y amenazados de intervención internacional, obligaron a Fidel a fusilar a sus más activos operadores en ese negocio – a Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia (detalle histórico del que en Venezuela «El Pollo» Carvajal parece haber sacado interesantes conclusiones, al desligarse actualmente del sistema madurista).
En la actualidad, la Fuerza Armada cubana no está inmersa en tareas militares, sino en las de negocios. Su generalato está a cargo de la mayor parte de la industria del turismo y de las importaciones, incluso con derechos de monopolio en muchos renglones tales como la compra y traída de los alimentos y de los artefactos electrónicos.
Hugo Chávez fue desde el inicio de su presidencia, un obediente seguidor de ese sistema corruptor de su generalato. Empezó con el Plan Bolívar 2000 cuya impunidad frente a la abierta y flagrante corrupción dejó atónitos a los observadores, pero que obedecía a un sistema aceitado en Cuba e importado a Venezuela. Esa situación de los altos militares nunca dejó de existir bajo Chávez y se profundizó bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Sin entrar en la larga lista de generales encargados de los más diversos ministerios y entidades financieras – entre otros campos -, existe actualmente la más reciente aplicación de esa política eminentemente cubana, con la creación del «Arco Minero» que coloca los promisores yacimientos mineros venezolanos en manos del generalato, mientras que por otra parte, la represión en la calle está encomendada a la Guardia Nacional Bolivariana (cuerpo armado distinto de los componentes militares del Ejército, Armada y Aviación). El otro brazo represor de Maduro, es la Policía Bolivariana y los colectivos de civiles armados.
El Ejército, igual que en Cuba, se ocupa de los negocios. Es el bodeguero encargado de las importaciones de comida, sin contar que la protección del narcotráfico sigue manteniéndose en Venezuela en la etapa de los Arnaldo Ochoa antes de ser imputados.
Lo que irrumpió en este momento en Venezuela, parece ser una reacción interna contra el sistema corruptor que despojó a la Fuerza Armada de sus obligaciones normales castrenses, y que amenaza a la oficialidad media de incurrir en situaciones que serán condenadas – tarde o temprano – por la justicia. Es significativa la forma como el Fuerte Tiuna, principal bastión militar en la capital, vive ahora rodeado de medidas de seguridad que sólo pueden ser explicadas por el temor de una reacción en la oficialidad media.
Otro aspecto de esa reacción interna que ya parece inevitable en el seno de la FANB, es la combinación de una hambruna que ahora se anuncia más general y mortífera que en los dos años anteriores. Crece en la misma proporción el desprestigio del estamento militar que la población acusa de ser cómplice y sostén de la situación de la destrucción nacional y del hambre que padece la población. Simultáneamente, debe crecer la angustia en la oficialidad joven, que se encontró de pronto frente a un país en ruinas. ante una población hambrienta e iracunda y con un entorno internacional que nada perdona ni en materia de corrupción o narcotráfico, ni en la de violación de los derechos humanos.