ANC sigue ilegítima y comparte con la AN el Palacio Federal Legislativo. Alcaldes y magistrados recurren al exilio y la clandestinidad.
Varios dirigentes y analistas advierten que gran parte de tiempo y recursos del gobierno del presidente Nicolás Maduro están destinados a desanimar a los opositores frente a cualquier salida pacífica y democrática, mientras la inflación devora los pocos recursos que las mayorías reciben.
En esa estrategia se inscriben la represión y la persecución de todo aquel que participe en protestas, denuncie o investigue irregularidades en el manejo del erario público, abusos de poder o ilegitimidad de la mayoría de los poderes públicos.
El gobierno también juega a liberar a uno que otro preso político, como ocurrió esta semana con el violinista Willie Arteaga, pero mantiene a la mayoría en condiciones infrahumanas y algunos no aparecen durante días, como ocurre con Raúl Isaías Baduel y Wilmer Azuaje.
La ONG defensora de los derechos humanos Funpaz denunció que los detenidos durante las protestas en contra del gobierno nacional son torturados y amedrentados en los centros de reclusión.
Indicó que los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) han asediado a los jóvenes que están en grave estado de salud en los hospitales.
Ante la presión internacional, el presidente Nicolás Maduro tácitamente admite excesos y ordena que los civiles procesados por tribunales militares durante los disturbios sean retornados a los tribunales ordinarios.
Sin embargo son muchas las irregularidades en el manejo de la justicia y algunos ven señales de surrealismo en el hecho de que unos funcionarios ilegítimos persigan, allanen su residencia y ordenen la detención de un diputado por ser esposo de una funcionaria. Es el caso específico de Luisa Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró que el procedimiento realizado contra el diputado Germán Ferrer es nulo y recordó que «los únicos que pueden allanar la inmunidad a los diputados son los mismos parlamentarios… El procedimiento de hoy, no existe, es nulo, la única Constitución vigente es la del año 1999 y nada puede estar por encima de ella».
Alcaldes y nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrados por la AN, son perseguidos por no prestarse al juego de impedir las protestas populares contra un gobierno que tiene al pueblo pasando hambre y muriendo de mengua, sin medicinas ni hospitales funcionales. O en el caso de los magistrados, tratar de dar legitimidad al actual TSJ.
Ratificación de poderes
Las actividades de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no reconocida por decenas de países en el continente americano y resto del mundo, incluyó ratificar al presidente Nicolás Maduro, a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del TSJ designados irregularmente en diciembre de 2015.
Sin embargo, nada dice sobre los diputados a la AN, considerado el único poder autónomo y legítimo que existe actualmente en Venezuela con el respaldo de más de 14 millones de votos.
Con el Poder Electoral hubo un forcejeo porque el viernes pasado ratificaron a las cuatro rectoras fieles al Poder Ejecutivo, Tibisay Lucena, Tania D’Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas, pero no mencionaron al quinto rector.
Luis Emilio Rondón se reunió en la tarde del sábado con la directiva de la ANC que no lo ratificó como rector principal del CNE. La excusa fue que Rondón, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, no asistió a la sesión extraordinaria que realizó la ANC el viernes, en la cual el Poder Electoral reconoció y se subordinó al carácter originario y plenipotenciario de la ANC. Después de la reunión del sábado, la ANC ratificó a Rondón y el CNE sigue igual con 4 votos a favor del gobierno nacional y 1 en contra.
Alcaldes y magistrados
Según la prensa internacional, 25 alcaldes, dos gobernadores y 33 magistrados vinculados a la oposición están siendo buscados por el aparato represor del régimen de Nicolás Maduro como si fuesen criminales, en una nueva pero más burda y desaforada manifestación del uso del sistema judicial para la represión y la persecución política.
Entre los que lograron salir del país y están en Estados Unidos figuran Gustavo Marcano, alcalde de Lechería del estado Anzoátegui, quien tuvo que esconderse en varios lugares después de ser destituido y condenado, hasta que logró burlar el cerco policial y llegar a Miami, donde dijo: «Este proceso judicial no tiene precedentes y no tiene ningún tipo de fundamento en el ordenamiento político venezolano, por lo cual nos tocó estar semanas en la clandestinidad».
En Miami también está Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, estado Miranda, igualmente destituido y con orden de captura para que cumpla 15 meses tras las rejas. Muchacho dijo:»Me persiguen y me castigan por hacer mi trabajo».
El alcalde del municipio El Hatillo, estado Miranda, David Smolansky, también fue destituido y condenado a 15 meses de prisión. Actualmente está en la clandestinidad.
Otros no han logrado escapar como es el caso de Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren, municipio que comparte a Barquisimeto como capital y capital del estado Lara, quien fue detenido en su despacho y ahora está en una celda de El Helicoide en Caracas.
De los 77 alcaldes opositores elegidos en el 2013, 34 (un 44% del total), han sido víctimas de algún tipo de ilegitima acción gubernamental, enfrentando destituciones y encarcelamientos, reportó la firma de asesores ORC Consultores en un informe.
Esta semana, el gobierno nacional puso a circular un informe para demostrar que sabe del paradero de cada uno de los 33 magistrados nombrados por la AN actual.
En Estados Unidos ubicó a 1) Alejandro Rebolledo, 2) Antonio Marval, 3) Ramsis Ghazaoui, 4) Domingo Salgado, 5) Thomas Alzuru, 6) Pedro Troconis, 7) Gabriel Calleja, 8) Miguel Ángel Martin y 9) Cruz Alejandro Graterol.
En Colombia ubicó a 10) Gonzalo Olíveros, 11) Rafael Antonio Ortega, 12) Gonzalo Álvarez, 13) Rubén Carrillo y 14) Evelin de Da’Apollo.
En Santiago de Chile mencionó a 15) Ramón Pérez Linarez.
En la Embajada de Chile en Venezuela 16) Zuleima González, 17) Beatriz Josefina Ruiz, 18) José Fernando Núñez, 19) Elenis Del Valle Rodríguez y 20) Luis Manuel Marcano. En Embajada de México en Venezuela 21) Fernando Marín. En Embajada de Panamá 22) Gustavo Sosa Izaguirre y 23) Manuel Espinoza Melet. El gobierno no sabía el paradero de 24) Cioly Zambrano, 25) Sabino Zamora, 26) Rommel Rafael Gil, 27) José Luis Rodríguez, 28) Milton Ladera, 29) Luis María Ramos y 30) Idelfonso Ifil. Detenido en el SEBIN y en huelga desde hace más de 20 días 31) Ángel Zerpa.
El informe dice que renunciaron a su nombramiento 32) Manuel Enrique Reyes y 33) Jesús Alfredo Rojas.
El Gobierno panameño concedió el miércoles asilo político al magistrado venezolano José Sabino Zamora y al exsecretario de la embajada venezolana en Panamá Gabriel Pérez, porque «corren peligro en su país de origen».
El miércoles, la ANC instaló la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública de la cual se esperan más sanciones para los opositores.