Luego de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), propuesta por Nicolás Maduro y disputadas el pasado 30 de julio, América Latina ha volcado, aún más, su agenda hacia los pronunciamientos sobre Venezuela.
Estados Unidos, aún más incisivo, cumplió al día siguiente con la aplicación de sanciones que venía adelantando: Activos de Nicolás Maduro bajo jurisdicción estadounidense serían congelados.
Gobiernos como el del ecuatoriano Lenín Moreno, de tendencia izquierdista y hasta ahora uno de los principales aliados del madurismo, han rechazado la existencia de presos políticos. Incluso Mercosur, uno de los mayores bloques de cooperación económica de la región, expulsó a Venezuela de forma permanente de sus filas como un intento de frenar los embates anti-constitucionales y en detrimento de los Derechos Humanos.
En exclusiva para El Nuevo País y Zeta, el director para las Américas de Human Rights Watchs (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que acciones parecidas a la tomada por Mercosur deben “redoblarse” por parte de líderes latinoamericanos.
“Para que en Venezuela se restablezca el orden democrático es indispensable que los líderes de América Latina redoblen la presión sobre Maduro para que acepte ciertas condiciones básicas”, señaló Vivanco, entre las cuales mencionó el cese de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, la liberación de los presos políticos, las elecciones libres y justas con observación independiente, la apertura de un canal humanitario y el restablecimiento de la independencia de los poderes públicos.
Detalló que esta presión podría llevarse a cabo a través de sanciones específicas hacia funcionarios del régimen implicados en la violación sistemática de Derechos Humanos, lo que enviaría un mensaje, a su juicio, de intolerancia hacia estas acciones y una advertencia hacia los efectivos que reprimen las protestas de calle.
El test de América Latina
Vivanco apuntó que Venezuela se ha convertido en una prioridad para la región, no solamente por el irrespeto a los Derechos Humanos y el conflicto interno, sino por las consecuencias que trae para la región, como la emigración descontrolada de sus ciudadanos.
“Venezuela representa un test que medirá hasta dónde los líderes latinoamericanos están dispuestos a llegar para proteger principios básicos democráticos y de Derechos Humanos que a la región le tocó tanto construir”, manifestó.
Diálogo entre iguales no existe en Venezuela
Consultado sobre la efectividad del proceso de diálogo llevado a cabo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana el año pasado, Vivanco recalcó que “fue un fracaso rotundo” y que únicamente empeoró la crisis.
Esto, continuó, se debió a que se planteaba un diálogo entre iguales, cuando no estaban sobre la mesa condiciones claras que fuesen necesarias para equilibrar la posición de un gobierno todopoderoso y una oposición que batallaba para seguir de pie.
Señaló que estas condiciones debían incluir la certificación de realizarse elecciones limpias y con observación internacional, con garantía de que participarían todos los opositores y que aquellos dirigentes detenidos serían liberados.
Fracturas dentro del régimen son relevantes
El director para las Américas de HRW apuntó que las divisiones que existen dentro del tren que encabeza Nicolás Maduro son importantes para demostrar que no tiene el mismo poderío ante un evidente hundimiento.
“Se están viendo fracturas. Algunas más evidentes como la de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y otras como las de algunos militares que se oponen a lo que está ocurriendo. Son relevantes porque muestran que no todos están dispuestos a seguir ciegamente a un régimen que se está hundiendo”, expresó Vivanco.
Posible intervención es un regalo de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó la pasada semana que no descarta “una opción militar para Venezuela, de ser necesario”. Ante esto, Vivanco se mostró en desacuerdo y afirmó que esa aseveración es “un gran regalo para Maduro”.
“Le permitió, por primera vez, argumentar con cierta base que hay un intento de desestabilizar a su gobierno impulsado por Estados Unidos, algo que siempre han denunciado las autoridades venezolanas sin fundamento”, señaló.
Igualmente, resaltó que una intervención militar “es la peor estrategia para asegurar el orden democrático en Venezuela”, por lo que reafirmó la necesidad de continuar con las presiones internacionales a través de medidas diplomáticas multilaterales.
Finalmente, aseveró que lo importante es subrayar que quienes hayan cometido abusos en Venezuela serán llevados a la justicia. Deben ser investigados, juzgados y sancionados ante los tribunales venezolanos, cuando estos recuperen su independencia. En caso de no suscitarse, Vivanco apostó por la apertura de vías judiciales en el ámbito internacional.
Foto Archivo Zeta