Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) reveló que la responsabilidad de la mayoría de las muertes ocurridas en Venezuela durante las protestas contra el gobierno puede atribuirse a las fuerzas de seguridad o a los grupos armados vinculados al régimen de Maduro. Además, mostró su preocupación por el juicio que ha iniciado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), contra líderes opositores por «traición a la patria».
Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el cual la violación de los derechos humanos (DDHH), el narcotráfico y la corrupción que llega con sus tentáculos hasta otras naciones, son de especial atención en organismos regionales y del mundo, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las denuncias que se han hecho en contra del régimen de Nicolás Maduro, lamentablemente, configuran los tres delitos citados. Pero al que más importancia se le ha dado es al tema de los DDHH, el cual ganó más notoriedad a raíz de las protestas que sacudieron al país desde el 1° de abril, a raíz de la ruptura del hilo constitucional con las sentencias 155 y156 del Tribunal Supremo de Justicia.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), presentó un informe sobre el caso venezolano el miércoles 30 de agosto en Ginebra. En él documenta en forma contundente las violaciones «sistemáticas y generalizadas» por parte de las fuerzas armadas y militarizadas, como el uso de fuerza excesiva y letal, malos tratos e incluso tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y violentas de viviendas y juicios militares contra civiles, entre otros abusos cometidos por el gobierno de Maduro.
El organismo apunta que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia Nacional Bolivariana.
La Acnudh no denuncia sino que acusa al Gobierno venezolano de ejercer una «política de represión» para «acabar con el disenso político e infundir temor en la población para frenar las manifestaciones», como destacaron las agencias de noticia sobre el informe.
El dossier de la Acnudh comprende el periodo del 1° de abril al 31 de julio y tiene como soporte entrevistas (135 en total) con víctimas y familiares, testigos y otros actores de la sociedad civil por un equipo de expertos que tuvo que trabajar a distancia ante la negativa de acceso al país por parte del Gobierno, detalló el organismo adscrito a la ONU.
Las muertes
Uno de los puntos sensibles del informe tiene que ver con las personas que fueron asesinadas en el ciclo de la protestas. El informe reveló que la responsabilidad de la mayoría de las muertes ocurridas en Venezuela durante las protestas contra el gobierno pueden atribuirse a las fuerzas de seguridad o a los grupos armados (colectivos) vinculados al régimen de Maduro.
Acnudh determinó que 73 de las 124 muertes que investigaba hasta finales de julio el Ministerio Público son atribuibles a las fuerzas de seguridad de Maduro (46) y a grupos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos (27).
Las 46 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del régimen se produjeron dos por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y «metras», dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU recordó que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que hacerlo es ilegal.
«El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial», señala.
Destacó, por otro lado, que la autoría las 51 muertes restantes no se pudieron determinar por el momento. Entre esos fallecidos se encuentran también nueve miembros de las fuerzas de seguridad.
Igualmente estableció que en otros incidentes, los manifestantes antigubernamentales dieron muerte al menos a cuatro personas, señalan los investigadores de la ONU, razón por la cual solicitaron a los líderes de la oposición pronunciarse y condenar todo acto de violencia durante las manifestaciones.
No son hechos aislados
«El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados», señala el informe, que pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que es miembro Venezuela, que estudie la posibilidad de adoptar medidas para prevenir que empeore la situación.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, teme que todo este panorama puede agravarse frente a la situación política y la precaria situación económica que viven los venezolanos, a pesar de contar con las mayores reservas de crudo del mundo.
Juicio a opositores
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein también mostró preocupación por el juicio que ha iniciado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), contra líderes opositores por «traición a la patria».
«Estamos muy preocupados», dijo y añadió que cualquier medida debe «respetar escrupulosamente y ser conforme a los estándares de los derechos humanos».
«Seguiremos esta situación de una manera extremadamente cuidadosa», dijo Zeid, en la rueda de prensa, con motivo de las violaciones de los derechos y las libertades en Venezuela desde que empezaron las protestas antigubernamentales en abril pasado.
Para Zeid estos juicios forman parte de las acciones que lleva adelante el régimen de Maduro para acabar con lo poco de democracia que queda en este país.
«Con el paso del tiempo, hemos visto la erosión de la democracia en Venezuela y lo que está ocurriendo aumenta la impresión de que se está exprimiendo lo que queda de vida democrática… La democracia está apenas viva, si es que sigue viva, así lo plantearía yo», agregó el alto responsable de la ONU en el encuentro con los periodistas, reseñó Efe.
Rendición de cuentas
El abogado de derechos humanos de la ONU, Hernan Vales, dijo por su lado que hacen falta más pesquisas para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes contra la humanidad en las protestas antigubernamentales, pero espera que el informe sirva para la rendición de cuentas de los delitos cometidos.
«Ponemos este informe a disposición de la comunidad internacional y esperamos que sirva para la rendición de cuentas y como tal esperamos que sea empleado extensamente, incluido por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)», señaló Hernan Vales.
Vales, quien participó en la redacción del informe de la ONU, anunció en julio que comenzará en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay base para que alguno de los Estados miembros del organismo lleve al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), y lo hará con el asesoramiento de un exfiscal de ese tribunal, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.
Vales dijo que es «probable» que el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) influya en el trabajo de Moreno Ocampo.
«Esperamos que así sea», recalcó Vales, quien destacó que el informe de la ONU no determina si se han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela entre el 1º de abril y el 31 de julio, periodo que documenta las violaciones «sistemáticas y generalizadas» por parte de las fuerzas armadas en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, «pero tampoco lo excluye», destacó Efe en su información.
«Nuestro propósito no fue documentar o buscar crímenes internacionales, sino simplemente informar de las violaciones cometidas (…) Se necesitarán más investigaciones para determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad» en Venezuela.