Contra todo lo que se dice en el resto del mundo, el gobierno de Nicolás Maduro prosigue montando en Venezuela una dictadura al estilo de Fidel Castro en Cuba, aunque en Estados Unidos consideran que el gobierno venezolano es más corrupto que socialista.
El alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Lechería, estado Anzoátegui, Gustavo Marcano, dijo el miércoles desde Miami que el único responsable de la severa crisis que atraviesa Venezuela «es el régimen de Nicolás Maduro, que ha robado y destruido todo a su paso, y ahora, después de haber sustraído todo de nuestra patria, pretende salir ileso de sanciones de la comunidad internacional».
Marcano, al igual que otros exiliados, aporta pruebas sobre la corrupción del gobierno venezolano porque «los causantes de la crisis que atraviesa nuestro pueblo deben ser expuestos ante la justicia internacional, toda vez que en nuestra patria no hay Estado de derecho».
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General destituida por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
Ofreció esta semana una conferencia de prensa en Costa Rica en la que acusó al presidente de la República, Nicolás Maduro, de sustraer entre 8 y 10 millones de dólares del fisco nacional a través de una empresa de comunicaciones propiedad de la esposa de un sobrino del constituyente Hermann Escarrá.
La Fiscal General informó que había entregado a fiscales de Estados Unidos pruebas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht que involucrarían al constituyente Diosdado Cabello, al ministro de Educación Elías Jaua, al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, a Jesse Chacón y a Maximilian Sánchez Arbeláez.
El caso de los jóvenes Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores, detenidos por tratar de introducir un cargamento de droga a Estados Unidos, se complica porque la Fiscalía de Nueva York asegura ahora que están vinculados con dos homicidios y descuartizamiento de los cuerpos. Estos jóvenes son sobrinos de la pareja presidencial venezolana.
Una reciente decisión de un tribunal norteamericano dejó a Diosdado Cabello sin argumentos frente a quienes lo relacionaron con el narcotráfico internacional.
Aunque la primera noticia sobre sus relaciones con el llamado Cártel de los Soles apareció el 27 de enero de 2015 en el diario español ABC con la firma de su corresponsal en Washington Emili J. Blasco, el venezolano optó por demandar al diario norteamericano The Wall Street Journal, uno de los tantos medios que reprodujo la noticia y la amplió cuatro meses después.
La semana pasada, la corte del distrito sur de la ciudad de Nueva York declaró sin lugar su demanda por difamación contra la corporación Dow Jones, propietaria del diario The Wall Street Journal. En su edición del 19 de mayo de 2015, los periodistas José de Córdoba y Juan Forero suscribieron un texto titulado: «Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir a su país en centro mundial de cocaína».
Cabello, para entonces presidente de la Asamblea Nacional, no pudo demostrar que una unidad de élite de la agencia antidrogas y fiscales de Nueva York y Miami no lo estaban investigando, tampoco que hubo malicia y mala fe de parte del prestigioso diario estadounidense.
ABC dijo esta semana que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, ha engordado en los últimos meses su llamada Lista Clinton, a la que ha añadido al presidente de Venezuela (Nicolás Maduro), el vicepresidente (Tareck el Aissami), el titular del Poder Moral (Tarek Williams Saab), el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Maikel Moreno) y la presidenta del Poder Electoral (Tibisay Lucena). A todos ellos, junto a decenas de otros altos funcionarios gubernamentales y jefes militares, les han sancionado con bloqueo y embargo de sus cuentas bancarias en EEUU, pérdida de visados y prohibición de movilización de activos, medidas que se extienden a familiares y sujetos considerados testaferros o afines.
La Fiscal Luisa Ortega Díaz ha dicho en el exterior: «En Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. La comunidad internacional tiene que investigar estos casos».
Informaciones internacionales reportan que la corrupción y el narcotráfico han socavado el proyecto cubano instalado en América Latina con recursos petroleros venezolanos.
ANC acorrala a AN
Con la excusa de que promovieron las sanciones norteamericanas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la ANC solicitó el martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General de la República abrir un procedimiento para enjuiciar a varios líderes de la oposición como «traidores a la patria».
El documento aprobado no menciona a nadie en particular, pero los constituyentistas que intervinieron en la sesión acusaron al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, a su vicepresidente, Freddy Guevara, y al diputado Juan Requesens, quienes serán investigados por la Comisión de la Verdad.
El juicio responde a que el presidente Nicolás Maduro señaló a Borges como el principal responsable de alentar las sanciones que prohíben «transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal» Pdvsa.
El delito de traición a la patria, según el Código Penal, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.
Frente a recientes medidas del gobierno norteamericano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejó claro que sanciones de quién sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela, además de respaldar y solicitar todo el apoyo diplomático mundial que contribuya al restablecimiento constitucional y democrático en Venezuela.
Legalizarán la censura
La tarea de la ANC incluye minimizar las alocuciones de parlamentarios y cualquiera que a través de emisoras de radio, canales de televisión o las redes sociales lleve la contraria a la versión gubernamental de cualquier acontecimiento nacional.
Sobre este tema, el Secretario de Organización del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, Edgar Cárdenas, alertó sobre lo que será la Ley contra el odio que se discute en la ANC que acabará con el respeto y protección a la libertad de expresión, valores fundamentales para que en una sociedad se desarrolle el fortalecimiento del sistema democrático. Cárdenas precisó que esa ley busca criminalizar la opinión y legitimar la censura porque es evidente que el Gobierno quiere evitar que el ciudadano esté debidamente informado, no hay cabida a una posición distinta a los intereses del Ejecutivo.
Agregó que de acuerdo con ese mismo instrumento, el tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión pudiese generar cierto contenido discursivo crítico o incluso considerado ofensivo para quienes ocupan cargos públicos. De allí deriva que una ley que ataque el discurso que se considera crítico al gobierno afecta la libertad de expresión.
Estamos frente a un gobierno que no cree en la pluralidad y mucho menos en la prensa libre, por ello efectúa sus mayores esfuerzos para que el ciudadano solo tenga una vía para obtener información: los medios de comunicación gubernamentales, finalizó Cárdenas.