Los próximos gobernadores tendrán gigantescos retos económicos. El altísimo incremento de las nóminas públicas, contrastado con el alza inflacionaria y aumento de déficit de presupuestos, es un gran obstáculo que tendrán quienes asuman los nuevos gobiernos en las regiones. Sin embargo, su elección puede ser un primer paso hacia el cambio profundo que exige la población.
Se avecina un proceso electoral para elegir gobernadores nuevos, aunque en las normas implementadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no se define el cambio de los consejos legislativos, que también deberían ser electos. De los 23 consejos legislativos, el oficialismo tiene la mayoría en 21, lo que indica que de producirse un cambio en los gobiernos regionales en al menos unas 20 gobernaciones, según las previsiones de las principales encuestadoras, los nuevos dirigentes tendrán que lidiar con legisladores que serán opositores a los mandatos en las regiones, además de enfrentar las peores circunstancias económicas que incluso desde ya, atraviesan estas instituciones.
El caos económico, producto de la distorsión creada desde el mismo Estado luego que el proyecto chavista ha dilapidado por vía del despilfarro y la corrupción más de 1 billón de dólares en los últimos 18 años, ha llegado a las gobernaciones, que sin recursos suficientes, porque son devorados por la indetenible inflación que también crea el gobierno con la burbuja expansionista de dinero “inorgánico” con efectos directos en el alza del déficit estatal, ha hecho que la situación de gestión de los gobernadores se haya vuelto cuesta arriba en todas las áreas que se puedan esculcar.
Esto ocurre no sólo porque las gestiones se han vuelto prácticamente inútiles luego que al menos más de 80% de los presupuestos sólo alcanzan para cubrir las inmensas nóminas que tienen ahora estos entes, productos del clientelismo del partido PSUV. La carga es el pago de empresas “socialistas” para cubrir otras formas de empleos por fuera de las nóminas públicas y que permiten pagos a grupos “colectivos” y demás formas de organización política que a cambio de dádivas mantienen el apoyo al madurismo.
El incremento de las nóminas en las gobernaciones es de al menos 300% en la mayoría. Hay reportes de que en estos momentos, en vista de que el oficialismo espera una contundente derrota en la mayoría de los estados, se están pasando a nóminas fijas grandes cantidades de personal que siempre estuvo durante muchos años en situación de contrataciones temporales, una fórmula que el oficialismo siempre ha utilizado para garantizar la fidelidad de los grupos clientelares que le han brindado respaldo hasta entonces, so pena de perder puestos u oportunidades a ingresar a las filas de la administración pública.
No sólo el incremento de las nóminas será un enorme problema que van a heredar los nuevos gobernadores, debido a las restricciones presupuestarias que existen hoy, lo que hace muy difícil gobernar en materia de hacer obras públicas, construir escuelas, hospitales, viviendas, mejorar la vialidad, atender el equipamiento urbano, mejorar y crear nuevos servicios públicos, atender el sistema sanitario y dotarlo, así como formular proyectos e implementarlos en materia de producción agroalimentaria. Hay regiones en que el oficialismo ha comenzado a desmembrar las distintas instancias que pertenecen a las gobernaciones, y están siendo entregadas al “poder popular” diversos complejos culturales y deportivos, bajo comodatos a consejos comunales, por ejemplo.
La infraestructura en las regiones está prácticamente destruida. La vialidad está afectada, los programas de asfalto no llegan, los hospitales y ambulatorios están en total abandono, los sistemas de seguridad ciudadana y sus programas están prácticamente desaparecidos, al extremo de que hay estados de 1,15 millones de habitantes, con apenas 1.500 funcionarios policiales, que tienen al mismo tiempo al menos 300 solicitudes de baja por los bajos sueldos, escasa dotación de equipos de trabajo, desmoralización y otras causas. Hay poblaciones rurales que se quedaron incluso hasta sin ambulancias, porque fueron robadas. Hay flotas enteras de maquinaria abandonada.
Se trata de una situación que obligará a muchos gobernadores a replantear sus expectativas y propuestas, en función de que la relación que lleven con el Ejecutivo, podría ser un calvario en materia de financiamiento. Los estados no tienen ingresos propios y tienen unirse a las alcaldías para proponer proyectos ante el Ejecutivo, provenientes en su mayoría de las discusiones en los consejos en cuanto a planificación, actualmente, para incluso los gobernadores del oficialismo. Si les aprueban los montos solicitados, por lo general estos no son pagados a tiempo y cuando reciben el dinero, la inflación ya ha hecho el trabajo de destruir el valor del dinero que reciben en las regiones.
Los gobernadores tendrán que marcar una estrategia distinta, adecuar su forma de trabajo aliándose con sectores privados, sobre todo en el sector de servicios, de producción agroalimentaria, en materia de vialidad, de salud, educativa, entre otras, y no sólo aliarse con el sector privado que tendría un gran protagonismo en lo que pudiera considerarse emplear cambios en las regiones desde las gobernaciones, sino incorporar a muchos factores sociales, a sectores de la sociedad civil para dar soporte político a decisiones que también tendrán que tomarse en cuanto al tamaño de esos gobiernos y su funcionalidad.
El reto que se avecina para los próximos gobernadores es enorme. Tendrá mucho peso el hecho de que los electos tengan un origen en que la unidad de los factores políticos haya privado desde un principio. La relación con el gobierno de Nicolás Maduro no será fácil, más aun que el Ejecutivo pretende conducir todo a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que fue designada por el CNE fuera de las normas constitucionales.
@alexvallenilla