Gobierno acorralado y sin diálogo. Dicen que cuatro grupos pelean por control de las divisas. Esos grupos frenan iniciativas para eliminar el control de cambio.
Todo el mundo sabe que el gobierno de Nicolás Maduro está cada día más acorralado por las exigencias de la comunidad internacional para que ajuste sus decisiones al sistema democrático y busque una salida pacífica a la crisis venezolana.
Sin embargo, ese gobierno sigue derrochando recursos en tratar de convencer a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Europa y a sus vecinos de América que ellos están en la senda correcta y todo lo que trasciende son mentiras fabricadas por la oposición y el imperio norteamericano.
Ese gobierno jura y perjura ante la comunidad internacional que en Venezuela todos, chavistas y opositores, comen tres veces al día los mejores alimentos del mundo y a precios asequibles con los sueldos vigentes. Los voceros de ese gobierno juran que el precio del dólar en Venezuela es el más barato en todo el continente y no hay crisis en el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema policial ni el sistema judicial. Igualmente jura que se respeta la opinión ajena, que hay amplia libertad de expresión y todas las elecciones son transparentes y se realizan oportunamente con iguales posibilidades para gobierno y oposición.
Pero la realidad es que la canasta básica familiar de agosto se ubicó en Bs. 2 millones 938 mil 277,19, lo que es un aumento de Bs. 895 mil 185,20 (43,8%) con respecto a julio, según estableció el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Una familia necesita gastar cada día Bs 97 mil 942,57 para adquirir los alimentos básicos y para cubrir el costo mensual de la canasta necesita 44 salarios mínimos.
Pero lo peor es que 14 de los productos alimenticios que componen esa canasta escasean en el mercado, como leche en polvo, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso amarillo, arvejas, lentejas, arroz, harina de trigo, pan, pastas alimenticias, harina de maíz, café y mayonesa. De los medicamentos de la canasta escasean 35, incluidos antialérgicos, anticonceptivos e inyectadoras.
La terquedad del gobierno en mantener un control de cambio y de precios durante años ha disparado una inflación y una devaluación del signo monetario ya incalculable.
Todo eso se refleja en que el país con las mayores reservas petroleras y gasíferas, además con una empresa que era envidia de gran parte del mundo, tiene que importar hasta la gasolina que necesita.
Expertos como el presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia y vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elías Matta, precisan que Venezuela requiere importar, cuando menos entre 40 y 60 mil barriles diarios de gasolina, es decir entre un millón 200 mil barriles y un millón 800 mil barriles al mes, para mantener un precario equilibrio de distribución. Eso significa gastar mil 500 millones de dólares anuales, pero no hay dinero ni crédito abierto para tantos barriles y por eso hay largas colas en las estaciones de servicio en casi todo el país.
El Fiscal General nombrado por la cuestionada Asamblea Constituyente, Tareck William Saab, admitió esta semana que hay corrupción y que nueve gerentes de Pdvsa dañaron el funcionamiento de Petrozamora y eso está ocasionando problemas en la distribución de combustibles. La salida gubernamental fue nombrar a una hija de Aristóbulo Istúriz como gerente en Pdvsa.
Como si fuera poco, Corpoelec anuncia plan de racionamiento de electricidad por problemas en plantas térmicas.
La inflación y la corrupción con las divisas está acabando hasta con la flota de buses y busetas del transporte público en todo el país y el gobierno no resuelve la situación ni acepta que cada semana esos transportistas necesitan subir el precio del pasaje para poder adquirir repuestos, especialmente cauchos y comprar combustible. Los cálculos más recientes indican que el precio del pasaje debe autorizarse en un mil bolívares o pronto toda la flota de vehículos se paralizará en perjuicio de millones de personas que dependen de ese servicio para cumplir con sus obligaciones laborales o estudiantiles.
Diálogo paralizado
Por falta de soluciones a los problemas ya señalados, por no disminuir la represión, no otorgar libertad a centenares de presos políticos, ni cumplir a cabalidad con las normas electorales, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no acudir a República Dominicana donde el miércoles 27 deberían reanudarse las conversaciones con miras a un diálogo formal entre Gobierno y oposición.
El martes, la MUD envió carta al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y a los cancilleres explicando que no se ha logrado «un ambiente propicio para continuar con la fase de conversaciones», incluido «el cumplimiento de los pre-acuerdos que permitan avanzar en la fase de negociación».
El miércoles en la mañana, el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ratificó que «el Gobierno no cumplió con requisitos previamente acordados en materia de derechos humanos y garantías electorales para las elecciones regionales».
Gobierno acorralado
El Gobierno de Nicolás Maduro está acorralado en el plano internacional por las sanciones contra sus funcionarios por parte de Estados Unidos y Canadá y se espera que también sea sancionado por la comunidad europea, como se planteó en la reunión de los presidentes de España, Mariano Rajoy, y de EEUU, Donald Trump.
Ante esas perspectivas, el internacionalista y profesor universitario Eloy Torres dijo a través de Unión Radio que el Gobierno debe cambiar esa realidad para evitarle más desgracias a su pueblo.
Pero el Gobierno también está acorralado en el plano nacional por su insistencia en seguir procedimientos económicos reñidos con la actualidad.
En la propia Asamblea Nacional Constituyente hay varios miembros convencidos de la necesidad de acabar con el fracasado control cambiario que, según dirigentes del propio partido de gobierno, solo ha servido para enriquecer a unos pocos de la cúpula.
En ese sentido, el ex ministro y ahora constituyente Jesús Faría, ratificó el lunes que es necesario ir a una unificación cambiaria para desplazar el dólar paralelo, la inflación y la especulación.
Fuentes del propio Poder Ejecutivo han revelado que dentro del Gobierno hay cuatro grupos que se disputan el control de las divisas, de los cuales el más fuerte es el del vicepresidente de la República, Tareck el Aissami, quien desplazó a Carmen Meléndez y a Rodolfo Marco Torres, quienes tenían el control absoluto de las divisas para la importación de alimentos y las del Banco de Venezuela.
Reconocidos economistas extranjeros, entre ellos, Steve H. Hanke, insisten desde hace tiempo en que una manera de acabar con la inflación y establecer condiciones estables que se requieren para llevar a cabo las reformas económicas tan necesarias en Venezuela, incluyendo una canasta de conversión, es deshacerse del bolívar y dolarizar la economía.
Esa recomendación está en el tapete desde 2007 cuando Monte Ávila Editores Latinoamericana publicó el libro «Apreciación crítica de la política monetaria. El bolívar oro», escrito por el venezolano Pablo Rafael González.