“El trazo distintivo de los populistas es más bien su afirmación de ser ellos los únicos representantes de lo que llaman el verdadero pueblo”, asegura Jan-Werner Müller, politólogo alemán. Por su parte, Eva Anduiza, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que otra característica, dada la identificación populista de las élites con el mal y del pueblo con el bien, es que “es el pueblo quien ha de decidir directamente qué se ha de hacer, poniendo la soberanía popular por encima de los límites de las democracias y los sistemas de control institucionales”.
Y allí radica el problema catalán, en la capacidad que tienen los actuales líderes independentistas para creer que están por encima de las leyes nacionales y que, escudándose en “la voluntad del pueblo catalán”, se pueden saltar cualquier norma, e incluso crear unas nuevas que les permitan lograr sus intereses.
Un poco de historia reciente
Cataluña es una de las 17 Comunidades Autónomas de España, cada una de las cuales tiene, dentro del ordenamiento jurídico español, cierta autonomía legislativa con representantes propios, y determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Es esta autonomía, de la que se agarran los líderes independentistas catalanes para luchar a diestra y siniestra por su independencia de España, bajo la excusa de “derecho de autodeterminación” establecido en distintos acuerdos internacionales suscritos por el país ibérico. Lo que no aclaran -por (in)conveniencia- es que ese derecho solo se aplica a los “pueblos bajo dominación colonial u otras formas de ocupación foránea” (Declaración de la Asamblea de la ONU en su 50 aniversario, 1995). Cataluña, hasta donde todos sabemos, no es una Colonia de España, sino una Comunidad Autónoma, de modo que este principio no es aplicable en lo absoluto.
En 2007, el líder político independentista Artur Mas, inició un proceso de “refundación del catalanismo”, en el cual planteaba que Cataluña debía tener el «derecho a decidir». En junio de 2010 el Tribunal Constitucional, respondiendo a un recurso interpuesto por el gobernante Partido Popular (PP), sentenció el Estatuto de Autonomía de 2005, declarando inconstitucionales 14 artículos y sometiendo a interpretación otros 27.
Después de esto, comenzaron las protestas, las divisiones, los pactos, las alianzas, las discusiones, las rupturas, los culpables, los inocentes, “nosotros”, “ellos”, los intereses y la guerra por la independencia se intensificó. Por su parte, Artur Mas, ya Presidente de la Generalitat, se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una «transición nacional» hacia la aplicación plena del «derecho a decidir» de los catalanes.
Como el Gobierno de Mariano Rajoy no accedió a llegar a un acuerdo sobre la independencia de Cataluña, el presidente de la Generalitat convoca nuevas elecciones en la entidad para presentarse de nuevo, ahora introduciendo la Consulta sobre la autodeterminación catalana entre sus propuestas bandera. Esas elecciones fueron celebradas en noviembre de 2012 y resultó claramente ganador el independentista Artur Mas, que ahora con más fuerza impulsaría su proyecto. Fue así como el día 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la “Declaración de Soberanía y Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña”, asegurando que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Pero esta declaración de Soberanía fue suspendida cuatro meses más tarde por el Tribunal Constitucional.
En junio de 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la realización del “proceso participativo”. Los problemas persistieron entre Gobierno español y Gobierno catalán, pero aún así, los independentistas siguieron adelante. Celebraron nuevas elecciones en 2015 y tomó el poder el candidato independentista , cuyo primer acto de gobierno fue “declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república”.
El día de hoy
Los catalanes están llamados a participar en el referéndum soberanista de este domingo 01 de octubre, consulta que, de nuevo, está vetada de inconstitucional por el Gobierno de España, como lo ha hecho al menos unas “18 veces”, según afirma el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. La pregunta que verán los ciudadanos en la papeleta será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?” y la respuesta de los catalanes será “un mandato” que el Gobierno de la Generalitat asegura acatará. Para ello ha creado una ley que obliga al Gobierno autonómico a declarar la Independencia en las siguientes 48 horas después de celebrada la consulta. El Gobierno Nacional, por su parte, ha asegurado que “No habrá referéndum”.
Mañana lunes tal vez haya una nueva frontera al nordeste de España, tal vez no. Pero lo que sí hay seguro desde hace un tiempo y cada vez más pronunciada, es una división social en las familias y los ciudadanos catalanes. El diálogo sería una buena opción para solventar este asunto, pero el populismo es inmune al diálogo. Y la democracia -por principios- va contra cualquier falso diálogo propuesto con intereses ocultos de alguna de las partes. ¿Les suena?