El rechazo a la Venezuela chavista ha avanzado más allá de los poderes ejecutivos y se manifiesta en los pronunciamientos, mociones y legislaciones en diferentes parlamentos del mundo. Entre ellos los recientes pronunciamientos en los parlamentos de EE.UU. y Canadá.
Por ALFREDO MICHELENA
No solo diferentes gobiernos se han pronunciado e implementado medidas en contra del régimen venezolano, sino que cada vez más parlamentos se pronuncian o incluso aprueban mociones o leyes, en contra de la Venezuela madurista.
El tema de Venezuela es cada vez un punto de discusión en la política en el mundo. La Venezuela chavista es presentada como un contramodelo a rechazar.
En México, López Obrador hace piruetas para que no lo identifiquen con lo que sucede en Venezuela. Los candidatos presidenciales chilenos en su último debate también plantearon el tema.
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El partido laborista británico y en especial su líder, Jeremy Corbyn, son admiradores del régimen, lo que ha suscitado ataques muy concretos desde el partido conservador e incluso veladamente dentro de su propia agrupación. Los conservadores por boca del actual Canciller advierten que con una eventual llegada de Corbyn al poder, la Gran Bretaña se enfrentaría a la misma escasez de alimentos que Cuba y Venezuela. La presión ha sido tan grande hacia Corbyn, que su “Canciller en la sombra” calificó al régimen como de “creciente deriva autoritaria”.
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En Colombia, con los comienzos de la campaña presidencial para mayo de 2018, el tema de Venezuela toma más cuerpo. El peligro de la venezolanización de Colombia, en especial con la incorporación de la FARC como partido político, es un tema cotidiano. Y muchos candidatos tendrán que diferenciarse, abrazar, o “torear” el tema. Tema que se ha hecho ineludible en la política española y en prácticamente toda América Latina.
Parlamentos ante Venezuela
Hace poco, unos cien congresistas colombianos y chilenos presentaron una acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, contra Nicolás Maduro.
En Perú, a raíz de la aprobación de la ilegitima Asamblea Constituyente Comunal o cubana (iACC), el Pleno del Congreso peruano aprobó (73 a 9) una moción que pidió a su gobierno desconocer la iACC y retirar al embajador de Venezuela en Perú.
En Europa, la Eurocámara aprobó por resolución (526 a favor, 96 en contra y 59 abstenciones) “no reconocer estas elecciones ni las acciones o decisiones que adopte la Asamblea constituida recientemente (30 de julio) debido a su falta de legitimidad”. Y pidió sanciones a los violadores de los derechos humanos incluyendo congelación de bienes y la prohibición de entrada a Europa.
En Francia, el Senado francés creó, con motivo de la visita del presidente de la Asamblea General, Julio Borges, el Comité Interparlamentario entre las Comisiones de Política Exterior del Senado de Francia y la AN “para velar por la democracia y restituir el hilo constitucional” en Venezuela. En España, el grupo Podemos, financiado por el chavismo, abortó una condena al régimen en las Cortes españolas.
En el “Capitol Hill”
En Washington, el Congreso estadounidense ha estado muy activo respecto a Venezuela. Y en ello algunos congresistas han sido claves, entre ellos, el senador republicano Marco Rubio (FL), quien ha sido pivotal en las políticas de la Casa Blanca hacia Venezuela así como la senadora de ese mismo partido Ileana Ros-Lehtinen (FL). Ellos impulsaron las primeras sanciones que impuso, muy contra de su voluntad, el presidente Barack Obama (2014) y ahora han tenido más facilidades con el republicano Donald Trump.
En mayo pasado un grupo bipartidista presentó en el Senado un proyecto de ley orientado a la imposición de nuevas sanciones a funcionarios del régimen, violadores de derechos humanos (DD.HH.), que hayan ayudado a debilitar la democracia o estén involucrados en corrupción. Se prevé la apropiación de US$10 millones en ayuda humanitaria y $9,5 millones para ONG de DD.HH. que trabajen en el país. Para el senador demócrata Ben Cardin, la idea es “apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y trabajar con los socios regionales”.
Este proyecto denominado “Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática en Venezuela de 2017” (H.R. 2658) modifica la “Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de 2014 de Venezuela” que firmó Obama. A su vez, su texto original fue a su vez modificado por el demócrata Eliot Engel (NY) quien el 28 de septiembre presentó las enmiendas ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
El nuevo texto aprobado expande lo referente a los involucrados en corrupción. Además del funcionario, señala a sus asociados y cómplices en “ordenar, controlar o dirigir los actos de corrupción” e incluye en estos actos “la expropiación de bienes privados o públicos para beneficio personal, … los contratos públicos o la extracción de recursos naturales, el soborno o la facilitación o transferencia de los productos de la corrupción a jurisdicciones extranjeras”; reconoce la penetración del narcotráfico en el Estado venezolano; pide a la administración Trump coordinar con Europa; y solicita además de informes sobre las relaciones Venezuela-Rusia, las que tiene con China, Irán y Cuba. Entre lo relevante del texto es que la ayuda humanitaria se ofrecerá a través de ONGs que operen en Venezuela o en países vecinos, así como que si Maduro se opone, el tema será llevado a Naciones Unidas. Ahora se está a la espera de una votación en sala plena de diputados y luego en el Senado para ser enviada a la Casa Blanca para su ejecútese.
En el “Parliament
Hill” canadiense
También en Canadá el parlamento está preocupado por el caso de Venezuela. En la Cámara de los Comunes, el diputado conservador de Calgary, Tom Kmiec, patrocinó y presentó, el 19 de septiembre, una petición electrónica promovida por la diáspora venezolana que recogió más de 4.000 firmas. Ella solicita al gobierno canadiense que avance más allá de la diplomacia, y comience a implementar medidas contra representantes del régimen.
En el Senado, el 27 de septiembre, se aprueba una moción liderada por el Senador Peter Kent que establece que en “… opinión de la Cámara, las políticas socialistas extremas y la corrupción del Presidente Nicolás Maduro y de su predecesor … han impuesto sufrimientos considerables al pueblo de Venezuela”. Y hacen “un llamado al gobierno canadiense para: proporcionar ayuda humanitaria directamente al pueblo venezolano”; condenan …”el continuo y injusto encarcelamiento y el trato de los opositores políticos “; exhortan al Gobierno de Venezuela a que respete el derecho del pueblo de Venezuela a celebrar elecciones libre y justas; y d) recuerdan que “la política exterior del Canadá debe estar siempre enraizada en la protección y el fomento de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho”.